La industria del azúcar fue industria protegida desde comienzos del siglo y pudo desarrollarse en esas condiciones considerablemente en Tucumán y en Salta sobre todo. Pero en 1920 se realizó por los acaparadores del azúcar una maniobra con el propósito que escasease el producto en el mercado a fin de aumentar el precio.
No existía ningún recurso legal para que el poder ejecutivo interviniese en el mecanismo de la oferta y la demanda. Fue el asunto del azúcar acaparado, puramente económico, uno de los encuentros más apasionados de la política durante la presidencia de Yrigoyen. El poder ejecutivo pidió al Congreso una ley que autorizase la expropiación de 20.000 toneladas de azúcar para venderlas a la población a precio de costo.
Al iniciarse el debate en la Cámara de diputados, hasta algunos radicales, los de la fracción de los "azules", mantuvieron la misma oposición que los representantes del Régimen. Pero al fin se votó el proyecto. Sin embargo, en el Senado la oposición fue cerrada y se propaló el rumor de que el Senado sería disuelto en vista de su oposición irreductible. No quedó por esgrimir ningún recurso para frustrar el pedido del poder ejecutivo, pero finalmente se acabó por ceder.
En marzo de 1921 se vivía en el Congreso Nacional un clima convulsionado, ya que se estaba tratando una acusación contra el Ministro de Hacienda, Domingo Salaberry "por el asunto de la exportación del azúcar" a cargo de una comisión investigadora.
En aquellas intensas jornadas de marzo de 1921, señalaba la crónica que "El intenso interés despertado en la opinión pública por conocer las incidencias partidistas a que daría lugar el memorable debate político, hizo que los que no pudieran resistir la curiosidad siguiendo las alternativas por medio de los diarios se agolparan en las aceras del palacio Legislativo en procura de entrada, costando no poco trabajo a la policía facilitar el acceso aún a los mismos legisladores".
Se trató de un escándalo político que prácticamente ha pasado inadvertido y que sin embargo, tuvo un trágico epílogo, dado que las denuncias por corrupción, fueron una sombra en su vida, resolviendo tres años más tarde, quitarse la vida cuando apenas contaba con 44 años de edad.
Domingo E. Salaberry se había recibido de abogado en el año 1900 en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en derecho comercial. Desde su juventud estuvo afiliado a la Unión Cívica Radical.
Fue electo diputado nacional en el año 1916, asumiendo su cargo en mayo de ese año y renunciando en octubre, para asumir como Ministro de Hacienda del presidente Hipólito Yrigoyen, cargo que ejerció durante todo su mandato.
Fue acusado de venalidad en distintas actividades, en particular en la distribución de cupos para la exportación de azúcar, acusaciones que el ministro rechazó, afirmando que era una campaña orquestada por el conservadurismo desplazado del poder. No obstante, tras bajar de su cargo, el gobierno de Marcelo T. de Alvear se hizo parcialmente eco de esas acusaciones.
La continuidad de las acusaciones provocó que Salaberry se suicidara en noviembre de 1923. El presidente Alvear y el ministro de Hacienda, Víctor M. Molina, asistieron a su solemne funeral, descartando con esa actitud toda acusación en su contra. Fue enterrado en el Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires.
El problema urgente del azúcar quedó resuelto, pues las 20.000 toneladas fueron vendidas a bajo precio y la población se vio abastecida en aquella materia y la maniobra especulativa quedó atrás. Se sentó de ese modo como válido el principio de la intervención del Estado cuando se trata de la defensa de los intereses de la gran masa de la población.