Intento de juicio político

Su respeto de la libertad de prensa era, según Arturo Capdevila, en aquellas horas pretotalitarias del mundo, uno de los rasgos más característicos de la alta personalidad cívica de Yrigoyen, como también el rigor para consigo mismo en materia de principios, pues aquella libertad de prensa que no quiso cercenar .

El mismo Yrigoyen aludió a esa norma de su conducta cuando se hallaba confinado en la isla de Martín García, en 1931.

Carlos Ibarguren confiesa que es justo reconocer que se respetaron las libertades y garantías individuales amparadas por la Constitución nacional. "La pública emisión del pensamiento no tuvo obstáculos ni cortapisas, así como la libertad de reunión, de difundir ideas y críticas por la prensa, llegando ésta hasta la licencia en sus ataques al gobierno, sin que las demasías contra el presidente, ministros y altos funcionarios provocaran procesos ni condenas; no hubo tampoco persecuciones políticas. Se tuvo respeto en esta primera presidencia de Yrigoyen por la independencia del poder judicial, cuyo correcto funcionamiento, libre del influjo, oficial, es la mejor garantía de los derechos y de los intereses".

El 25 de junio de 1919 la Cámara de diputados pasó a la comisión de investigación judicial el pedido de juicio político al presidente de la República que habían presentado Melitón Arroyo y Mario Arenas sobre la base de los atropellos cometidos contra la provincia de Mendoza,  y el 6 de noviembre del mismo año, el diputado Matías G. Sánchez Sorondo presentó un proyecto de juicio político al presidente "por mal desempeño en el ejercicio de su cargo". Alegó Sánchez Sorondo incapacidad para el cargo de presidente, a quien calificó de dictador, expresando que su psicología era morbosa, acusándole de usurpación de facultades del Congreso, de atropello a las autonomías provinciales y de irregularidades administrativas. 

Fue aquella una acumulación de hechos y circunstancias de los mentideros políticos, posibles abusos de funcionarios subalternos y decisiones tomadas sin llenar todos los requisitos burocráticos, como en el caso de la compra del buque "Bahía Blanca", que calificó de escándalo inaudito, que colocaba al presidente de la República y a sus ministros en pleno código penal"; también se refirió a los indultos, a los negociados del azúcar, etcétera.

La discusión del pedido de juicio político absorbió varias sesiones de la Cámara de diputados. Rodolfo Moreno pidió que se agregasen al capítulo de cargos las demandas formuladas contra la intervención en Catamarca, y todavía el 3 de febrero de 1920 Sánchez Sorondo solicitó que se agregase a los antecedentes del juicio político el decreto que aprobaba las elecciones realizadas en La Rioja el 2 de junio de 1918, a pesar de que él interventor Echagüe aconsejó su anulación en virtud de haberse realizado con el padrón nacional en lugar del provincial.

Otro candidato para todas las acusaciones fue el ministro de hacienda Domingo Salaberry, de la firma Salaberry y Bercetche, que acabó por quitarse la vida, no avezado a los sinsabores de la política y de sus recursos tantas veces reñidos con la verdad y la moral. La comisión investigadora de la adquisición y venta de bolsas, del cumplimiento del impuesto al trigo y de las concesiones de buques, pidió la formación de juicio político al ministro de hacienda y al de agricultura, Alfredo Demarchi.

Habrían bastado los recursos legales ordinarios para cortar esas fáciles explosiones de la oposición de intereses lesionados por las medidas de gobierno. Sin embargo se disfrutó de plena libertad para el ataque, para el responsable y para el irresponsable. El propio Sánchez Sorondo, en su evocación de la revolución de 1930 (Revista de historia, n. 3, 1958), habla de la brillantez parlamentaria de 1916-22: "El presidente Yrigoyen, y esto indica su respeto por la opinión, timbre de honor de su período, hizo posible esta magnífica eclosión de los debates, por las garantías que dio siempre a la palabra y a la persona de sus más encarnizados opositores. Cierto que esa palabra no fue nunca soez. Pero fue acusado con sus ministros en términos que sus autores consideraban justos y sus partidarios, injuriosos, sin provocar de su parte ninguna reacción intempestiva.

Todo lo soportó con serenidad y ecuanimidad. Acaso se consideraría muy por encima de la lucha, y es posible que así fuera. El juicio del historiador no puede penetrar en lo íntimo de su conciencia. Aprecia el hecho y lo califica objetivamente anotándolo junto a su recta conducta internacional, como uno de sus aciertos".