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Primera Presidencia de Hipólito Yrigoyen
Intervención a las provincias
Suman 20 las intervenciones federales a las provincias en el curso de la presidencia de Yrigoyen; algunas de ellas de larga duración, como la de San Luis, que duró más de tres arios y medio, desde el 8 de marzo de 1919 al 10 de noviembre de 1922. Se acusó a Yrigoyen de proceder por decreto, no por la vía legal del recurso al Congreso de la Nación, para legalizar las intervenciones; pero era evidente que en el Congreso la mayoría era hostil a su política, y cuando tuvo en diputados una mayoría adicta, el Senado siguió siendo irreductible.
La mayoría de las provincias continuaba en manos de los hombres del Régimen, y el triunfo radical de 1916 podía con pleno derecho proceder a su intervención para hacer posible así gobiernos correspondientes a la participación del pueblo en las urnas. No se hizo así y las provincias contrapesaron la obra y las intenciones del gobierno nacional.
Yrigoyen expuso su doctrina relativa a las autonomías provinciales en comunicación al gobernador de la provincia de Buenos Aires (9 de enero de 1919): "Las autonomías provinciales son de los pueblos y para los pueblos, y no para los gobiernos. Estos pueden o no ser representantes legítimos de esos derechos, y por consiguiente su invocación tiene que ser sometida al análisis de la verdad institucional, porque bien podrá resultar esa autonomía un mero instrumento para afianzar aun más ciertas situaciones arraigadas en la opresión o en el fraude, malogrando de ese modo las legítimas aspiraciones del pueblo y el ejercicio normal de sus atribuciones electorales... La primera autonomía provincial es de orden interno también provincial, y consiste en el respeto a los derechos primarios del ciudadano, para que logre contribuir a la creación y mantenimiento legal de las autoridades de su provincia. Respecto del poder federal, esa autonomía tiene las necesarias condiciones establecidas no sólo por la Constitución, sino por la moral política, y desaparece cuando la perturbación de los derechos del pueblo requiere las reparaciones que para tales casos prescribe nuestra ley fundamental. No basta pronunciar la palabra autonomía, es menester además saber si ella existe en realidad, o al contrario, si se pretende disminuir detrás de ese concepto el falseamiento del sistema prescripto por la ley, para dejarlo impune o perpetuarlo".
Los opositores, como Matías G. Sánchez Sorondo trazaban cuadros como éste: "Las intervenciones radicales se dividen en dos clases: las que van a provincias gobernadas por conservadores —y empleo aquí el término genérico— y las que van a provincias gobernadas por radicales. Cuando van a provincias gobernadas por conservadores, el interventor —como lo ha expresado el señor diputado Moreno— derroca al poder ejecutivo, asume todos los poderes inclusive el judicial, dicta presupuestos y, naturalmente, no se olvida de asignarse un buen sueldo. Cuando las intervenciones van a las provincias gobernadas por radicales, no importa que los gobernadores, como el caso del gobernador Borda, hayan cerrado la legislatura con bomberos para impedir la aprobación de un diploma senatorial; no importa que, como en el caso de Bascary, hayan deportado y encarcelado a los legisladores provinciales y nacionales, y hayan extrañado al gobernante legitimo; allá van las intervenciones a reponer a esos gobernadores".
Intervención de Buenos Aires
Horacio B. Oyhanarte denunció en el Congreso prevaricaciones enormes en materia electoral en la provincia de Buenos Aires y se decidió intervenirla. Se sostenía en la fundamentación de la medida que la ley provincial, a cuyo amparo habían surgido los poderes en ella vigentes, violaba disposiciones de la ley nacional al impedir el voto de los jóvenes de 18 a 22 años; se mencionaba también el estado de intranquilidad de sus fuerzas políticas, sociales y económicas y otras anomalías.
Al decretar la intervención, el 24 de abril de 1917, expuso Yrigoyen su doctrina de las intervenciones: "El pueblo de la República, al plebiscitar su actual gobierno legítimo, ha opuesto la sanción soberana de la voluntad a todas las situaciones de hecho y a todos los poderes ilegales. En tal virtud, el poder ejecutivo no debe apartarse del concepto fundamental que ha informado la razón de su representación pública, sino, antes bien, realizar, como el primero y el más decisivo de sus postulados, la obra de reparación política que, alcanzada en el orden nacional, debe imponerse en los estados federales, desde que el ejercicio de la soberanía es indivisible dentro de la unidad nacional y desde que todos los ciudadanos de la República tienen los mismos derechos y prerrogativas"...
La intervención había sido decretada seis días antes de la fecha de la apertura del Congreso; la Cámara de diputados desaprobó el decreto el 9 de junio por 53 votos contra 36; algunos radicales, como Ricardo Caballero, se opusieron también a la intervención, considerando que la llegada pacífica del radicalismo al poder entrañaba el compromiso de no alterar las situaciones locales, por ilegítimos que fuesen sus orígenes.
Se designó interventor a José Luis Cantilo y el proceso de la reorganización provincial duró un año. Las elecciones se realizaron el 3 de marzo de 1918 y triunfó en ellas el candidato radical, José Camilo Crotto, a quien acompañaba en segundo término el ingeniero Luis Monteverde.
José Camilo Crotto en 1918 fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Debido a un enfrentamiento personal con el presidente Hipólito Yrigoyen, renunció en 1921. Debido a ello formó un grupo interno en el radicalismo opositor a Yrigoyen, conocido inicialmente como "crottismo", que a partir de 1924 se sumó a la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Durante su gobierno de la Provincia de Buenos Aires sancionó el Decreto 3/1920 que autorizaba y permitía a los peones rurales a viajar gratis en los trenes cargueros, a los que comenzó a llamarse "crotos". Con el tiempo la palabra se usó para referirse a las personas sin hogar o mal vestidas.Renunció en 1921 por desacuerdos con el presidente Yrigoyen. El período fue completado por el vicegobernador Luis Monteverde.
Intervención de Entre Ríos
El Senado nacional votó el 12 de septiembre de 1916 la intervención en Entre Ríos, con anterioridad a la asunción del mando por Yrigoyen, para asegurar el funcionamiento del poder legislativo y la elección de senadores nacionales; la Cámara de diputados aprobó también la medida senatorial. El 24 de noviembre se dio cumplimiento a la ley de intervención y fue nombrado para llevarla a cabo a Joaquín S. de Anchorena. Este, después de estudiar la situación, propuso al poder ejecutivo la disolución de la legislatura y la convocatoria a elecciones generales. Yrigoyen le respondió telegráficamente: "La intervención, esa medida de carácter excepcional por su propia condición, lleva en sí las más vivas susceptibilidades políticas y debe ser aplicada siempre en forma de interpretarla con el mayor esmero. Cuando los pueblos no la piden, ni aun las entidades cívicas que se congregan para realizar sus tendencias y propósitos, paréceme que puedo afirmar, con la ciencia, la experiencia y las libertades públicas, que no hay derecho a ejercerla".
En enero de 1917 el poder ejecutivo aceptó la renuncia de Anchorena al cargo de interventor y fue nombrado Diego Saavedra para sucederle. La legislatura eligió senadores nacionales a Leopoldo Melo y a Martín Torino, el 26 de abril, con lo que se dio por terminada la intervención.
Situación en Córdoba
Era Córdoba, junto con Santa Fe, una de las provincias gobernadas por radicales al asumir Yrigoyen la presidencia de la República.
El 23 de noviembre de 1916 el Senado provincial retiró al vicegobernador Borda la autorización que le había concedido de mantener quórum por la fuerza pública. Menudearon además las denuncias sobre procedimientos abusivos de la policía y acerca de su intervención en los actos electorales. El ministerio del interior no se dio por enterado. Los radicales cordobeses marchaban desunidos y en discordia.
Existía en Córdoba una entidad de carácter politicor-religioso, "Corda Frates", de la que se aseguraba que tenía el dominio de la universidad. El gobernador Loza se había rodeado de colaboradores como Luis Eduardo Molina, Tomás Argañarás y José Ignacio Bas, sindicados como muy próximos a esa tendencia, y eso alejó a los radicales del gobierno. Presidía una de las fracciones radicales disidentes el senador Durrieu.
En febrero de 1917 fue electo diputado nacional Enrique Martínez, candidato oficialista, y su diploma no fue admitido por la Cámara de diputados de la Nación a causa de la intromisión policial en los comicios. El gobernador Loza, hostigado por una fracción del radicalismo, renunció al cargo en mayo y asumió el mando el vicegobernador Julio Borda. Este declaró interrumpidas sus relaciones con el senado provincial, por haber aprobado la incorporación de Rafael Núñez, que había triunfado contra el candidato radical Luciano V. Vaca, y clausuró él recinto legislativo.
Sus procedimientos crearon un clima de tensión y de descontento y se clamó por la intervención federal. La ley aprobada por la Cámara de diputados fue vetada por el poder ejecutivo, pues solamente debía cumplir con el restablecimiento del funcionamiento del poder legislativo; el Senado insistió en la sanción de la Cámara baja, pero terminó el período de sesiones sin que la ley hubiese sido sancionada.
Eufrasio Loza nombra como Ministros secretarios a Juan Barrera, en Gobierno; Horacio Martínez en Hacienda; y Herminio Capdevila, en Obras Públicas. Todos ellos, al igual que Loza, identificados con el pensamiento conservador dominante, son llamados "nuevos radicales" en los comités seccionales. Las fricciones internas en el seno del partido gobernante, entre las diferentes fracciones Radicales, impidieron al mandatario concretar una obra transformadora. El castigo popular no se hizo esperar. A menos de un año en el gobierno, el radicalismo perdió la elección de renovación de senadores provinciales el 25 de marzo de 1917. Las apasionadas confrontaciones dentro del oficialismo y la derrota electoral motivaron al gobernador Loza a presentar su renuncia. La misma fue entregada a la legislatura, que la aceptó el 19 de mayo de 1917. El hasta entonces vicegobernador Julio C. Borda, asumió la primera magistratura cordobesa para completar el mandato hasta el 17 de mayo de 1919.
El 29 de noviembre el presidente decretó la intervención para restablecer el funcionamiento de la legislatura cordobesa y fue nombrado interventor Daniel J. M. Frías, el cual dio por terminada su misión el 14 .de febrero de 1918, dejando al gobernador Borda una mayoría de senadores, lo cual tuvo pocos beneficios, pues en las elecciones del 17 de enero de 1919 fueron electos gobernador y vicegobernador de la provincia Rafael Núñez y Jerónimo del Barco, candidatos demócratas.
Intervención de Corrientes
Habiéndose producido un conflicto entre el gobernador Mariano I. Loza y parte de la legislatura, fue intervenida la provincia de Corrientes en noviembre de 1917, siendo designado interventor Daniel Goytía; secretario de la intervención fue Alfredo Labougle. En enero de 1917 el interventor Goytía delegó sus funciones en J. L. Agüero Vera y renunció poco después, ocupando el cargo entonces José M. Giuffra.
Las denuncias de atropellos e irregularidades de los funcionarios de la intervención y de la policía contra los opositores y disidentes fueron numerosas. Las elecciones para la renovación de poderes se realizaron el 6 de abril de 1920 y los radicales fueron vencidos, resultando electo Adolfo Contte, del partido liberal correntino.
Situación en Santiago del Estero
El 17 de octubre de 1919, a raíz de denuncias formuladas por el partido radical, se decreta la intervención federal a Santiago del Estero, nombrando interventor a Martín Rodríguez Galisteo. Este asumió poco después el mando y decretó la caducidad de los poderes ejecutivo y legislativo y convocó a elecciones para el 7 de febrero de 1920: La Unión democrática resolvió abstenerse por haber puesto el interventor en vigencia la ley de elecciones y la lista incompleta, con abandono de la ley local que establecía la proporcionalidad por cociente. Triunfó el partido radical y asumió el mando en la provincia Manuel C. Cáceres.
Intervención en Tucumán
Siendo gobernador de Tucumán Ernesto Padilla, en las elecciones realizadas en diciembre de 1916 resultó triunfante el candidato radical a gobernador Juan B. Bascary. El gobierno de éste no fue modelo de ponderación y de legalidad democrática, tuvo ruidosos conflictos con las cámaras legislativas y se produjeron detenciones de diputados y senadores. En diciembre de 1918 la provincia fue intervenida y fue designado interventor Juan M. Garro. Se realizaron elecciones legislativas y el interventor repuso en el cargo a Bascary, aunque antes había propuesto al poder ejecutivo nacional que se declarase la caducidad del poder ejecutivo de la provincia.
Juan Bautista Bascary, fue el primer gobernador radical de la provincia de Tucumán, asumió el 5 de enero de 1917. El gobierno de Bascary fue tormentoso, como consecuencia de la transformación del panorama político local y la llegada de Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la Nación a quien el propio Bascary acompañó. En la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial predominaron los radicales azules, con Octaviano Vera, y los conservadores quienes impidieron la gestión de gobierno de Bascary generando la virtual parálisis de la administración.
Intervención de Salta
El 27 de febrero de 1918 fue designado comisionado federal en Salta Avelino P. Ferreyra, para garantía del acto eleccionario a realizar. Se hallaba al frente de los destinos de la provincia Abraham Cornejo, a quien respaldaba la Unión provincial. Tres días antes de la iniciación de las sesiones ordinarias el Congreso de la Nación, el 27 de abril, fue intervenida la provincia por decreto. Emilio Giménez Zapiola fue designado interventor y asumió el mando el 15 de mayo. Como algunos de sus actos fueran desautorizados por el presidente de la República, el 22 de julio renunció al cargo y abandonó la provincia con todo su personal; en su reemplazo fue nombrado Manuel Carlés el 30 de julio. Las elecciones se realizaron el 15 de diciembre y resultó electo Joaquín Castellanos, a quien fue entregado el mando el 7 de enero de 1919. Eduardo F. Giuffra recuerda los pormenores de la actuación de Giminez Zapiola, su Intervención en un recurso de habeas corpus, lo cual significa un desconocimiento de la independencia del poder judicial. Yrigoyen consideró intolerable ese avasallamiento de los preceptos que garantizan la independencia del poder judicial. El conflicto llevó a la renuncia del interventor no solo al cargo que desempeñaba en Salta, sino al de vocal de la Cámara de apelaciones en lo civil de la capital federal, que le fue aceptada en el primer caso y rechazada en el segundo. Y fue entonces cuando se designó interventor a Manuel Carlés, que explicó en un periódico de Buenos Aires: "Una tarde de agosto de 1918 el presidente Yrigoyen, personalmente, urgió nuestra intervención nacional en la provincia de Salta. Ninguno de sus componentes recibió jamás cartas, indicaciones, indirectas o medias palabras, relativas a la difícil misión federal, confiada a la verdad y a la buena fe guardada de hombres desinteresados, leales y sanos, que no fueron gravosos al erario nacional o provincial. Así lo comprendieron los salterios, al punto de verse juntos en la mesa del interventor los tres candidatos a la gobernación provincial".
En 1918 cuando el doctor Emilio Giménez Zapiola intervino la provincia que era gobernada por el doctor Abraham Cornejo, elegido en 1916, pero la gestión como interventor duró sólo dos meses por discrepancias con el presidente Hipólito Yrigoyen, entonces Giménez Zapiola fue sucedido por el coronel Ricardo Solá quien ejerció sus funciones entre el 23 de julio al 9 de agosto de 1818, vale decir que gobernó sólo 14 días fue cuando e Poder Ejecutivo resolvió reemplazarlo por el doctor Manuel Carlés.
Intervención de Jujuy
Al triunfar los radicales en 1916, gobernaba la provincia de Jujuy el doctor Mariano Valle. Los radicales predominaban en la legislatura y el 27 de julio de 1917 ésta declaró cesantes al gobernador, a sus ministros y a los miembros del tribunal de justicia. El gobernador desconoció la decisión de la legislatura y ordenó su clausura. Casi simultáneamente pidieron la intervención federal la legislatura, los diputados radicales y el propio gobernador. El 7 de diciembre de 1917 Yrigoyen decretó la intervención a Jujuy "a los fines de los artículos 59 y 69 de la Constitución nacional" y nombró interventor a Justo P. Luna.
El 23 de diciembre el interventor decretó la caducidad de los poderes ejecutivo y legislativo y declaró en comisión el poder judicial. Los radicales se dividían en azules y rojos y ambos bandos denunciaron las presiones del interventor como parciales. Las elecciones generales se realizaron el 14 de marzo de 1918 y dieron el triunfo a los radicales, los únicos que concurrieron a los comicios. Resultó electo gobernador Horacio Carrillo. En el pasionismo de aquellas horas fueron asaltados y empastelados algunos diarios, El Heraldo, , y El Provincial.
En las elecciones de 1920 fue elegido gobernador Mateo Córdoba, radical, adicto al presidente Yrigoyen. Su elección fue el resultado de los vicios electorales del oficialismo anterior; una concentración opositora en la legislatura y sus denuncias contra las elecciones dieron motivo al gobernador para clausurarla, siendo detenido su presidente Calvetti. La medida provocó reacciones de hostilidad de los legisladores jujeños, entre ellos Sánchez de Bustamante, y pidieron la intervención federal.
Intervención de Catamarca
También Catamarca fue intervenida, hallándose en el gobierno de la misma Guillermo Correa, sostenido por el partido Concentración cívica, el 27 de abril de 1918, para "reorganizar los poderes públicos". El interventor Fabio López García decretó la caducidad de los poderes ejecutivo y legislativo. Las elecciones se fueron postergando hasta el 30 de noviembre, con elecciones complementarias el 21 de diciembre. El colegio electoral proclamó el triunfo de Ramón Ahumada para gobernador y el de Osvaldo Gómez para vice. La intervención había durado más de 20 meses y al retirarse se adeudaban a los maestros 14 meses de sueldo.
Guillermo Correa en 1917 se vio obligado ante la fuerte crisis financiera de Catamarca y la espalda del gobierno nacional, del cual se quejaría por la falta de federalismo, a presentar su dimisión asumió su vicegobernador Prof. Javier Castro de gran raigambre catamarqueña, pero este fue intervenido como lo fueron las demás provincias
Intervención de La Rioja
La provincia de La Rioja era gobernaba en 1917 por Florentino de la Colina, pero en febrero de 1918 fue nombrado Luis Alvarez Prado comisionado federal para informar sobre la situación de esa provincia; el 25 de abril el comisionado informó que existía en la provincia "una completa subversión en la acción funcional del gobierno". El poder ejecutivo nacional decretó la intervención en La Rioja para proceder a la "reorganización de todos sus poderes". Daniel J. Frías, interventor, convocó elecciones para el 2 de junio, en las que triunfaron los radicales; pero la junta electoral no pudo proclamar a los electos porque le habían sido retiradas las actas del escrutinio y demás documentos relativos a los mismos por orden del presidente de la República. En esas condiciones, Frías delegó el mando en uno de sus secretarios, Federico Quijarro, y se retiró de la provincia.
El 30 de junio de 1919 Yrigoyen nombra interventor a Pedro A. Echagüe; probablemente por no aprobar el presidente las elecciones del 2 de junio de 1918. Echagüe delega el mando en su secretario Gorostarzu y se aleja; Gorostarzu a su vez delega el mando en su ministro Ramón 0. Leguizamón y se ausenta también. Finalmente, Yrigoyen aprueba las elecciones en litigio a los veinte meses de realizadas, previa renuncia del vicegobernador Bausch, a quien se oponía. Fueron proclamados entonces Benjamín Rincón como gobernador y Condell Hünicken como vice. La intervención había durado 21 meses.
Al aprobar el 26 de febrero los comicios provinciales de La Rioja, aclara su modo de ver en relación con las intervenciones a las provincias: "La renovación que se lleva a cabo en todos los poderes de gobierno de los estados de la República obedecen a un mandato supremo sancionado por el pueblo argentino y definitivamente consagrado en su historia; el poder federal cumple la fe jurada de dar a los estados sus gobiernos verdaderos. Una vez legítimamente constituidos, ellos quedan incorporados dentro de la Constitución y de sus leyes correlativas y sólo podrán ser intervenidos cuando concurran las circunstancias que la Carta fundamental menciona y que deberán ser interpretadas y aplicadas respectivamente por los poderes federales. En cuanto a las autonomías provinciales, chas son atributos de los pueblos y no de los gobiernos. La autonomía es la que recién ahora se ha de consagrar; y cuando ello se consiga, habrá llegado el momento de amparar a sus gobiernos y respetar sus leyes"
Pedro Antonio Echagüe en agosto de 1919, Hipólito Yrigoyen lo designó como interventor federal de la provincia de La Rioja. En octubre del mismo año renunció y se alejó de la vida política.
El caso de San Juan
El caso de San Juan tuvo gran repercusión por sus incidencias dramáticas y por la resistencia de grandes núcleos sanjuaninos encabezados por Federico Cantoni, hostiles a la política de Yrigoyen. Gobernaba la provincia Pedro Garro y los radicales eran minoritarios; frente a la candidatura de Yrigoyen mantuvieron la de su propio candidato a la presidencia, Rojas. Poco después se fue creando un clima que dio pretextos para la intervención. Fuerzas del ejército al mando del coronel Daniel Fernández recibieron orden de cooperar en el mantenimiento del orden y de los derechos ciudadanos. Aquella mediación de las tropas nacionales fue una intervención de hecho y así la interpretó el gobernador Garro al protestar contra tal situación. El 7 de enero de 1917 se realizaron las elecciones para la renovación de poderes en la provincia; resultó electo el doctor Isaza para la gobernación y los radicales fueron derrotados. El 11 de enero terminó la intervención del ejército. Un comisionado enviado por Yrigoyen a San Juan para informar acerca de la marcha del nuevo gobierno, Francisco Beiró, aconsejó la intervención para reorganizar los poderes públicos. El 17 de octubre de 1919 se decretó en efecto la intervención federal y se nombró interventor a Manuel F. Escobar, diecinueve días después de clausurar el Congreso sus sesiones. Convocadas las elecciones para el 16 de mayo de 1920, triunfaron los radicales, con Amable Jones como gobernador y Aquiles Castro como vice.
El 2 de marzo de 1921 Yrigoyen telegrafió al gobernador radical de San Juan: "Así como, Dios mediante, no habría habido poder humano que me hiciera desistir de la reorganización de todos los gobiernos ilegítimos, detentadores de la soberanía de los pueblos, así tampoco en la reconstitución de los gobiernos toleraré el menor menoscabo de sus bases constitutivas. Jamás un conflicto de carácter constitucional entre poderes puede justificar la adopción de medidas de fuerza contra legisladores y jueces, cualquiera que fueran las causas determinantes del conflicto". . .
El 15 de abril de 1921 fue nombrado interventor en San Juan el doctor Raymundo M. Salvat, aunque con facultades restringidas. El doctor Salvat llegó a San Juan el 24 de abril y restituyó por decreto el funcionamiento de los poderes legislativo y judicial. Sus funciones cesaron el 2 de junio de 1921
Se habían producido conflictos entre el poder ejecutivo, el poder judicial y la legislatura; el gobernador recurrió a medidas de fuerza, a detenciones de legisladores y de magistrados. Fracciones adversas a Jones pidieron al presidente de la República la intervención federal y ésta fue sancionada por el Congreso el 17 de marzo de 1921; el doctor Raymundo M. Salvat fue nombrado interventor y el 3 de junio dio por terminadas sus funciones, después de reponer a los jueces exonerados, reconocido el poder legislativo, anuladas las elecciones municipales en la capital de la provincia; quiso también que fuese suspendido el gobernador Jones, hombre honesto, aunque sin tacto político, pero el gobierno federal no lo permitió.
Al retirarse el interventor Salvat entraron en función dos gobernadores, uno Amable Jones y otro el presidente del Senado, Estrella, que se instaló en el local de la legislatura, con los, consiguientes incidentes originados en la acción respectiva de los dos mandatarios.
Dos fracciones radicales opuestas al oficialismo pidieron al Senado nacional el 22 de agosto la intervención. Federico Cantoni se había retirado de la Unión cívica radical y formó la Unión cívica radical intransigente.
La Cámara de diputados de la Nación, por propia iniciativa, y en vista de la crítica situación política de San Juan, designó una comisión investigadora para que se trasladara a aquella provincia y presentase un informe al respecto. La comisión fue compuesta por los diputados Mario Bravo (socialista), Guillermó Rothe (conservador), Diógenes Taboada, Daniel Fernández y José León Rodeyro (radicales). Después de entrevistar a legisladores, magistrados judiciales, periodistas y hombres representativos de todas las tendencias, en San Juan informó a la Cámara por medio de las exposiciones que hicieron los miembros de la comisión; y uno de los oradores advirtió que si no se ponía pronto remedio a esa situación, ocurrirían sucesos lamentables; el propio Federico Cantoni dijo a uno de los miembros de la comisión que si no se enviaba a San Juan una pronta intervención, el gobernador Jones sería muerto.
Enardecidos los ánimos por la polémica agresiva, Federico Cantoni resultó herido en un tiroteo en Jáchal y el 20 de noviembre fue asesinado el gobernador Jones en La Rinconada. Hubo alzamientos armados de los partidarios de Cantoni, toma de comisarías y las tropas del ejército recibieron orden de dominar la situación, realizándose numerosas detenciones, entre ellas la del propio Cantoni.
Acéfalo el gobierno provincial, asumió el poder ejecutivo Luis J. Colombo, presidente del Superior tribunal de justicia, nombrado en comisión por Jones y desconocido por el bloquismo sanjuanino. Esa situación se prolongó hasta diciembre de 1921 en que se hizo cargo del gobierno de la provincia el interventor federal Julio Bello, que permaneció en el cargo hasta que en octubre de 1922 finalizó el período presidencial de Yrigoyen.
En 1919, el radicalismo sanjuanino estaba dividido en dos fracciones duramente enfrentadas. Una, que obedecía disciplinadamente al presidente Yrigoyen y otra que estaba liderada por los hermanos Aldo y Federico Cantoni. Así, en las elecciones de diputados nacionales celebradas el 7 de marzo de 1920, la Concentración Cívica (conservadores) obtuvo 7.712 sufragios frente a 4.929 de los radicales cantonistas y 4.275 de la UCR que respondía al Comité Nacional. Para poder triunfar en las elecciones para gobernador de 1920, y por influjo del Gobierno Nacional, los dos sectores se unieron y acordaron un candidato de compromiso, virtualmente desconocido para los sanjuaninos: el Dr. Amable Jones, en fórmula compartida con Aquiles R. Castro. El 16 de mayo de 1920 la fórmula radical se impuso por 9.001 votos contra 8.282 de la Concentración Cívica. Pero el conflicto latente entre los distintos sectores internos no se solucionaría, a pesar de ciertos arreglos. Jones intervino la Legislatura, destituyó jueces y magistrados, sustituyéndolos por jueces sin designación del senado, no respetando las autonomías municipales. Los legisladores, por su parte, se reunieron en el domicilio del senador Ramón Barrera y le iniciaron juicio político al gobernador. Estos legisladores eran encabezados por el senador provincial Federico Cantoni, y formaron un bloque legislativo con tal fin, de donde surge el nombre de bloquista4 Aunque el Congreso de la Nación decretó la intervención de la provincia, debido a serias irregularidades, Yrigoyen ordenó sostener a su gobernador amigo. El 20 de noviembre de 1921 un grupo escindido de la U.C.R, vinculado a los hermanos Federico y Aldo Cantoni, asesinó al gobernador Dr. Jones en el camino a La Rinconada.
Situación en Mendoza
Al asumir el mando el presidente Yrigoyen, gobernaba la provincia de Mendoza Francisco S. Alvarez, contra el cual se desató una campaña para minar su posición y, la de las fuerzas políticas que lo apoyaban. El 11 de mayo de 1917 Yrigoyen comisionó a Diego Saavedra para estudiar la situación política de la provincia; su informe recalcó la normalidad; sin embargo, el 24 de noviembre se decretó la intervención federal para presidir la renovación del poder ejecutivo de Mendoza y fue nombrado interventor Eufrasio R. Loza, que asumió el mando el 28 del mismo mes. Las autoridades de la intervención fueron acusadas de arbitrariedades, de hechos de violencia, de detenciones injustificadas. Las elecciones para la renovación de poderes se realizaron el 20 de enero de 1918 y resultó triunfante la fórmula radical José N. Lencinas - Delfín Alvarez.
José Hipólito Lencinas explicó el triunfo de su padre en 1918, en oposición a una poderosa oligarquía provincial:
"El primer decreto que dio la pauta le toda la política social que se desarrollara en los dos años que duró su gobierno, fue el (decreto) que dictó suprimiendo los tres instrumentos de tortura con que las clases oligárquicas, o sea el conservatismo, esclavizaba a los trabajadores de la provincia. El cepo, los grillos y la barra. . . La obra social que siguió. . . con la jornada máxima de 8 horas, Mendoza tiene el honor de ser el primer lugar del mundo donde se estableció legalmente esta reforma básica, el Departamento general del trabajo, el salario mínimo, la reglamentación del trabajo de la mujer y del niño, etcétera".
El gobierno del "gaucho" Lencinas fue, en un aspecto, paternal, apoyado en una política que beneficiaba a las clases pobres; pero no toleraba o no toleraban sus adictos ninguna crítica de los opositores. Fueron expulsados periodistas, como en el caso del diario La Tarde, y el propio vicegobernador Alvarez fue hostilizado y perseguido y tuvo que salir de la provincia para evitar atropellos. Fue intervenido el poder judicial y se nombraron nuevos magistrados. La situación fue caótica y desde diversos sectores de opinión se pidió la intervención federal. Leopoldo Melo envió un telegrama a miembros de la Suprema corte de Mendoza: "Ante las transgresiones y errores de los que ejercen el gobierno en esa provincia, llamándose radicales, en mi calidad de radical considero deber imperioso, dentro de mi unidad de conducta, reprobar más seriamente hoy lo que antes censuré a otros gobernantes. Llegue, pues, a los magistrados indebidamente despojados de su investidura, mi más franca protesta contra el atentado".
Caricatura alusiva al triunfo de José Néstor Lencinas en Mendoza, dibujo de Redondo. En Caras y Caretas
Yrigoyen no pudo ignorar los hechos y atropellos que ocurrían en Mendoza y el 24 de junio de 1918 decretó la intervención, nombrando para cumplirla a Elpidio González, que renunció poco después para asumir la jefatura de policía en la capital federal, y fue sustituido por Tomás de Veyga. El nuevo interventor repuso al vicegobernador Delfín Alvarez, y éste, lo mismo que el partido gobernante y los radicales disidentes, pidieron que continuase la intervención para hacer efectivas las garantías individuales. En respuesta a una demostración hostil de partidarios de Lencinas, Veyga renunció al cargo y fue reemplazado por Perfecto Araya, el cual disolvió el poder legislativo y convocó a elecciones para el 22 de junio de 1918. Los partidos radical intransigente y autonomista declararon la abstención por falta de garantías, correspondiendo el triunfo a los lencinistas. El gobernador Lencinas y el vicegobernador fueron repuestos en sus cargos.
Los maestros, que no cobraban sus sueldos desde hacía muchos meses, iniciaron una agitación para llamar la atención de las autoridades; fueron detenidas numerosas maestras en agosto de 1919, fueron allanados los locales obreros, y en setiembre se declaró una- huelga general como acto de solidaridad con las maestras perseguidas por la policía. La Federación universitaria de Buenos Aires se dirigió al presidente de la República el 10 de octubre pidiendo la intervención a Mendoza.
El 20 de enero de 1920 muere el gobernador Lencinas y asumió el mando el presidente del Senado, Ricardo Báez, el cual convocó a elecciones para el 4 de abril, pero luego las postergó y finalmente no se volvió a hablar de ellas. Báez clausuró las Cámaras legislativas y solicitó la intervención federal. El presidente de la Suprema corte, Sayanca, considerando que el doctor Báez no podía continuar en el poder por haber terminado su presidencia provisional del Senado, pidió al poder ejecutivo nacional y al Congreso la intervención federal, que fue sancionada el 2 de setiembre, designando para esa función a Eudoro Vargas Gómez. Este actuó en el sentido de fomentar la reagrupación de las fracciones radicales, la de Ru fino Ortega, la de Tabanera y otras.
El radicalismo mendocino adquirió luego un carácter más hostil al yrigoyenismo, encabezado por los hijos del mandatario fallecido, Carlos Washington, José Hipólito y Rafael Néstor Lencinas.
José Néstor Lencinas fue uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical en 1891, participando en las revoluciones radicales de 1893 y 1905. En esta última dirigió exitosamente la insurrección en Mendoza llegando a tomar el poder como gobernador provisional. Al ser derrotada Lencinas se fugó espectacularmente a Chile en una locomotora “expropiada” al Ferrocarril Trasandino. En 1917, un año después de ser elegido presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen intervino la Provincia de Mendoza gobernada por los conservadores, para posibilitar el triunfo del radicalismo. En 1918 José Néstor Lencinas fue elegido gobernador de Mendoza. A poco de asumir inició un proceso de reformas sociales profundas, al mismo tiempo que comienza a manifestar diferencias con Yrigoyen, que llevaron a una nueva intervención de la provincia en 1919.
Situación en San Luis
En San Luis fue electo gobernador en mayo de 1917 Carlos Alric, que entró en conflicto con la Legislatura y solicitó la intervención al poder ejecutivo nacional que la dispuso el 8 de mayo de 1919. El interventor fue Ernesto H. Celesia, el cual mantuvo al gobernador y le aconsejó que convocara elecciones para integrar la legislatura y proceder de nuevo a la elección de senadores.
Otra intervención estuvo a cargo de Alvaro J. Luna, que persistía a la expiración del mandato constitucional de Yrigoyen.
Los radicales puntanos estaban escindidos en "azules", encabezados por Diógenes Taboada y Alberto Quiroga, y oficialistas, a los que pertenecían el gobernador Alric, los hermanos Gatica y Adaro. La ley de intervención del Congreso fue vetada el 13 de junio de 1921 en el punto que fijaba la convocatoria a elecciones a los 30 días de asumir el cargo el interventor. Se decía en un largo mensaje al Congreso: "El poder ejecutivo procederá a organizar los poderes legislativo y ejecutivo de San Luis tan pronto como la provincia se encuentre en condiciones electorales, en la seguridad de saber interpretar con acierto los anhelos de los pueblos, para presidir en el momento más propicio comicios libres y garantidos que sean la fiel expresión de su voluntad soberana".
Las numerosas intervenciones, por decreto del poder ejecutivo en su gran mayoría, —sobre 20 intervenciones sólo S fueron por ley del Congreso—, dieron armas a los adversarios del gobierno para su oposición creciente; en muchas oportunidades el remedio no sólo no curaba la enfermedad, sino que la agravaba a causa de abusos y excesos de los funcionarios federales y de su ingerencia en la política de las provincias, de donde resultaba que lo que antes se atribuía al fraude, a la compra de votos, después se atribuyó a las presiones de toda naturaleza de los interventores y sus auxiliares.
Ernesto Celesia en 1919 el presidente Hipólito Yrigoyen lo designó interventor federal en la provincia de San Luis