El Congreso y el poder ejecutivo

Faltó verdadera colaboración del poder legislativo, que puso su acento más en la crítica negativa que en la afirmación de iniciativas positivas, los tiempos habían cambiado y así como no podía ser pasada por alto la presencia de una clase media pujante, tampoco podía borrarse la realidad de una clase obrera organizada o que pugnaba por organizarse para que su voz fuese oída y sus reivindicaciones llevadas al terreno de la vida cotidiana.

Ya en tiempo de la presidencia de Sáenz Peña sometió el ministro Carlos Ibarguren al Congreso proyectos de leyes sociales, de organización de la mutualidad, de asistencia y amparo a los proletarios y a los menores desvalidos, proyectos que no fueron sancionados entonces ni después. En este caso, en lugar de tomar como base las reivindicaciones de las organizaciones obreras, se vio en la mutualidad un cimiento para el seguro social. 

En marzo de 1918 se realizó por el Museo social argentino el primer congreso de la mutualidad, con más de 300 asociaciones de socorros mutuos y entidades públicas y universitarias, al que asistieron 260 delegados; la capital federal concurrió con 84 representantes, la provincia de Buenos Aires con 126, la de Santa Fe con 20, etc. 

Representaban más de medio millón de hombres de trabajo que practicaban la ayuda recíproca a falta de todo auxilio de la legislación y del Estado. Se exaltó en ese congreso el espíritu de solidaridad social de esas mutualidades, que ofrecían un medio para el progresivo mejoramiento de las clases pobres de la sociedad; federadas en todo el país, podían cumplir todos los servicios, auxilio por enfermedad, y pensiones en sus diversos grados, cooperativas de abastecimiento, y. de consumo, servicios culturales, escolares, reposo y vacaciones, recreativos, deportivos, etc.

 El seguro social, sobre esas bases existentes, sería la etapa superior de la mutualidad, ayudada y fiscalizada por el Estado.

Lisandro de la Torre escribió a Robustiano Patrón Costas el 20 de mayo de 1920: "Las clases media y proletaria no se conforman con quedar libradas a los beneficios que puedan derivarse del 'bienestar general'. Quieren saber concretamente qué propósitos tienen los partidos políticos sobre las cuestiones que a ellas les interesan: participación de los obreros en las utilidades de las fábricas, limitación de las grandes ganancias y de las grandes fortunas, pensiones a la vejez, a la invalidez, etc., seguro contra la desocupación, impuesto a la renta, impuesto al mayor valor del suelo y otros semejantes".

Indicios de que había nuevos problemas y nuevas perspectivas, cuya solución y cuyo ataque no podía quedar relegado a la comprensión y a la iniciativa de unos pocos, en el poder o fuera del poder. No solamente fueron silenciados o encarpetados proyectos del poder ejecutivo, sino también los de diputados de todos los sectores que se hacían eco de las nuevas orientaciones pedagógicas. 

Celestino I. Marcó presentó en junio de 1917 un proyecto de ley general de enseñanza; en junio de 1918, José María Salazar presentó al Congreso un plan de enseñanza secundaria con nueva orientación; Juan José Frugoni, en julio de 1921, presentó un proyecto de ley creando la Asamblea nacional del profesorado y el Consejo nacional de instrucción secundaria, normal y especial, que sostenía que "el maestro, por la responsabilidad de su función, debe tener el gobierno de la instrucción pública en el país por delegación de los cuerpos docentes"; Pedro Antonio Moreno, en agosto de 1922, quiso crear el Consejo nacional de enseñanza secundaria, pero tampoco fue tomado en consideración. Basado en el proyecto de ley orgánica del poder ejecutivo de 1918, la comisión de instrucción pública de la Cámara de diputados elaboró un despacho que comprendía la reforma de la enseñanza y la creación de la Asamblea nacional del profesorado secundario, normal y especial, que tendría participación efectiva en el gobierno de los institutos de enseñanza secundaria.

Que hubo en Yrigoyen interés por la educación y la cultura del pueblo no puede ser puesto en duda, no sólo por sus realizaciones sino también por sus proyectos no considerados por el Congreso; desde 1916 a 1922 se crearon 10 colegios nacionales nuevos, 14 escuelas normales y 14 escuelas industriales y de artes y oficios.

También puede ser considerado como el primer presidente argentino que intentó responder a las demandas de los trabajadores y aliviar su desamparo legal y no fue culpa suya si no pudo ver realizados sus propósitos. Entre los proyectos de ley que fueron sancionados durante la presidencia de Alvear, originados en el período 191622, figuran los siguientes: prórroga de la ley de alquileres; jubilaciones de empleados y obreros bancarios, mensaje de septiembre de 1921; reincorporación en situación de retiro en su grado respectivo de los jefes, oficiales, asimilados y tropa que hayan tomado parte en los sucesos políticos de 1890, 1893 y 1905, mensaje de septiembre de 1922; pago de salarios en moneda nacional y trabajo en obrajes y yerbales, mensaje de 1919; mensaje sobre proyecto de Código del trabajo, 1921; creación de la caja de previsión social para obreros y empleados de la marina mercante, de los establecimientos industriales, de periodistas y empleados mercantiles, mensaje de 1922; ley derogada en 1925; modificaciones al régimen de jubilaciones y pensiones de los obreros ferroviarios, mensaje de 1922; trabajo de menores y de mujeres, 1921; sociedades cooperativas, mensaje y proyecto del 2 de julio de 1919; jubilación de obreros que trabajan a domicilio para reparticiones del Estado; sucursal del Banco de la Nación en el Paraguay, mensaje de 1922 sobre agencias del Banco de la Nación en el extranjero.

En su mensaje al Congreso en 1920 decía Yrigoyen: "Tras grandes esfuerzos, el país ha conseguido establecer su vida constitucional en todos los órdenes de la actividad democrática; pero le falta fijar las bases primordiales de su constitución social. Esta no se alcanzará mientras los gobiernos no se compenetren de su esencial deber de impulsar los medios para que la justicia discierna sus beneficios a todos los rangos sociales, tal como los sentimientos humanitarios imponen a la civilización. La democracia no consiste sólo en la garantía de la libertad política; entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera".

La legislación social y laboral era casi desconocida; la propagaban los legisladores socialistas como minoría y las leyes que lograban sanción parlamentaria no por eso se cumplían o se hacían cumplir. No existía en el país una conciencia clara de los problemas sociales y económicos sin cuya solución no podría alcanzarse un progreso real; grandes masas de la ciudad y del campo, desde comienzos de siglo, se debatían sin más apoyo que el que lograsen articular directamente a través de su asociación y de sus luchas. En lo político interesaba a lo sumo el ciudadano en abstracto, ignorando que en lo concreto había trabajadores de la industria en condiciones deplorables de deterioro físico y moral, peones del campo, de los obrajes, de los yerbales, campesinos que ignoraban toda protección en tanto que seres humanos con deberes y también con derechos. Yrigoyen anunció que quería que "bajo la bóveda del cielo argentino no haya un solo desamparado".

No tuvo la colaboración necesaria para llevar a los hechos sus aspiraciones y sus intenciones generosas. Un parlamento que integraban, como pocas veces, hombres de alta calidad, consideró que su misión debía centrarse más bien en la censura a los pequeños o grandes defectos de toda acción pública que en apuntar a metas más trascendentes, y no fue culpa de Yrigoyen la frustración de muchos de sus afanes. En tres actitudes pueden definirse su significación y sus anhelos, según Félix Luna: "Una, la solución circunstancial de los conflictos entre el capital y el trabajo, planteados sobre todo en los dos primeros años de su gobierno. Otra, las iniciativas  legislativas de protección al obrero y sus condiciones de trabajo, con perspectivas hacia una radical transformación del régimen laboral y del estilo de producción económica del país. Y la última, en forma de proyectos tendientes a un ordenamiento de la previsión social y asistencia al trabajador en todas las etapas de su vida. Estas tres series, que tuvieron cierta concatenación temporal, fueron etapas sucesivas de una misma actividad enderezada a liberar al hombre argentino de sus apremios económicos".

 Fiel a sus principios, Yrigoyen promulgó en 1917 una ley que establecía para la capital federal un gobierno municipal compuesto por un intendente, que nombraba el poder ejecutivo, y un concejo deliberante de elección popular por el sistema del voto proporcional. En octubre de 1918 se realizaron las primeras elecciones municipales en Buenos Aires y el sistema se mantuvo muchos años en vigor. Desde 1885 el régimen municipal se desarrollaba a través de comisiones vecinales que nombraba el poder ejecutivo o de concejos elegidos por un número restringido de votantes; el pueblo, como tal, no intervenía en la vida pública municipal.