Crisis ministerial

El estatuto universitario fue sancionado en septiembre de 1923 y recogía los puntos más esenciales de la reforma. El presidente aprobó el estatuto, pero el ministro de justicia e instrucción pública, Celestino I. Marcó, no quiso firmarlo a causa de las facultades excesivas que otorgaba al alumnado y el 19 de octubre presentó su renuncia al cargo, siendo reemplazado por Antonio Sagarna.

Marcó tenía ideas propias en materia de educación y de enseñanza y en septiembre de 1923, por intermedio del poder ejecutivo, hizo llegar al Congreso un proyecto de ley orgánica de la enseñanza secundaria, que comprendía el bachillerato, un ciclo de cuatro años, y la licenciatura, dos años de estudios preparatorios para la universidad; según los estudios las licenciaturas serían en letras, ciencias y matemáticas; no llegó a tener sanción legislativa.

Antonio Sagarna había sido profesor de la Escuela normal de Paraná y de la universidad nacional del Litoral y estaba cerca del estudiantado reformista. 

En su período ministerial se fundó el colegio nacional de Trelew y se fomentó la enseñanza profesional y la de artes y oficios. En el período de la presidencia de Alvear fueron fundadas 3 escuelas de comercio, 18 de artes y oficios, 3 escuelas profesionales de mujeres y 7 escuelas industriales.

Otro caso de crisis ministerial fue el originado en el ministerio de hacienda, al discutirse el presupuesto, que se prolongó en ambas cámaras, aumentando las partidas que los legisladores iban introduciendo en él. Los grandes diarios comenzaron a referirse a la política financiera del gobierno en tono crítico. El ministro de hacienda, Rafael Herrera Vegas, sufrió una enfermedad que entorpeció el debate; sometido al criterio de las comisiones de asesoramiento que él mismo había nombrado, para la confección del presupuesto, no supo impedir que su proyecto de 670 millones se elevase a 1.000 millones. El 24 de septiembre de 1923  presentó su renuncia. Víctor M. Molina lo reemplazó el 9 de octubre y un mes más tarde se presentó al Congreso pidiendo la reconsideración de los derechos de aduana sobre el azúcar, la madera- y el papel de obra. Apoyado por los parlamentarios personalistas logró la sanción de las rebajas solicitadas.

Hizo objeciones la prensa a la orientación financiera del nuevo ministro y éste respondió el 22 de noviembre: "El proteccionismo transformado en abolicionista, es lo que condena el gobierno del doctor Alvear, no constituía una simple cuestión doctrinaria. Las contribuciones actuales que tienen por substancia el consumo, influyen des-proporcionadamente en quien las soporte". Sostuvo la conveniencia de establecer el impuesto a la renta, cuya función social resolvería muchos problemas económicos que pesaban entonces sobre las clases pobres. Estuvo de acuerdo en ayudar al capital, pero sin emplear para elle los derechos aduaneros, tal como el propio Mitre había propuesto en 1874 al decir que la ley de aduana era solamente una fuente de renta y no otra cosa.

Afirmaba el gobierno ese punto de vista dentro de los principios del libre cambio transaccional o del proteccionismo racional. Combinaba así el abaratamiento de los artículos de consumo con un discreto aumento de los salarios, con lo cual sería doble la protección que podía dispensar el Estado. Era un cambio importante en materia económica que se reflejaría en la reanimación de la industria y de todos los focos económicos del país.

Se tuvo de ese modo un encauzamiento financiero que facilitó la inversión de capitales extranjeros, pues se alentaba el desarrollo de la libre empresa, protegiéndola con leyes fundamentales y con un liberalismo optimista.

Otro conflicto se produjo en el gobierno a causa de la situación en Tucumán, en cuya intervención actuaba Luis Roque Gondra. El gobierno tucumano había sido declarado ilegal y Gondra renovó un préstamo a aquella provincia para superar situaciones internas graves. El presidente aprobó el préstamo, lo cual disgustó al ministro Matienzo, que renunció al cargo, siendo reemplazado por Vicente C. Gallo.

Se ha caracterizado el gobierno de Alvear como un gobierno de los ministros, pues el presidente no quiso intervenir en los asuntos propios de las diversas reparticiones con su criterio personal, en parte porque no podía tener el dominio de todos los problemas en debate, y en parte porque tal era su modalidad; quería un mecanismo administrativo a la europea, con un presidente al frente de un gobierno realizado en la práctica por sus ministros.

Tomás Le Bretón, desde el ministerio de agricultura, instituyó la venta de carnes al peso vivo, una de las conquistas de la industria frigorífica, y la venta al consumo, y creó también la ley de carnes, que dio solución a la crisis de los precios en la ganadería.

La cuestión de las reservas petrolíferas del país y el porvenir de los yacimientos de Comodoro Rivadavia, que alentó y dirigió el coronel Mosconi desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fueron objeto de preocupación y de acción ya en el primer año del gobierno de Alvear. Secundaba a Mosconi el entonces coronel Alonso Baldrich.

Las construcciones ferroviarias de Huaytiquina, Yacuiba, Nahuel Huapí y Chubut, que había iniciado Yrigoyen, fueron continuadas y echaron la base de los Ferrocarriles del Estado.

A mediados de enero de 1925 renunció el ministro de obras públicas Eufrasio Loza, alegando motivos de salud, pero más seguramente por sus diferencias con los otros ministros. En su reemplazo fue designado Roberto M. Ortiz, que desempeñaba la dirección de impuestos internos, había sido diputado y presidió la comisión de presupuesto. Era amigo personal de Le Bretón y de Víctor M. Molina.