Politica interna

La inmigración

País fundamentalmente resultante de la inmigración desde el período de la organización nacional, fue interrumpida más o menos drásticamente desde 1930. Del saldo inmigratorio de 1.120.200 en el decenio 1901-1910, de 269.100 en 1911-20, de 878.000 en 1921-30, se pasó a 72.200 en el decenio de 1931-40

El 26 de noviembre de 1932 se ordenó a los cónsules en el extranjero la suspensión de los permisos de desembarco y de los visados de documentos a los inmigrantes que no tuviesen una ocupación garantizada; otras restricciones posteriores anularon toda corriente inmigratoria.

Provincialización de territorios nacionales

Lo mismo que Yrigoyen desde la presidencia no logró que fuese tratada en el Congreso la provincialización de territorios que habían superado con creces la población señalada en la ley 1522 para ser declarados provincias, tampoco tuvo ninguna consideración el proyecto presentado a mediados de 1934 por el diputado Demetrio Buira, con la firma de los diputados socialistas Silvio L. Ruggieri, Manuel Ramírez, Alejandro Castiñeiras, Enrique Dickmann y Américo Ghioldi, para que fuesen reconocidas como provincias los territorios de La Pampa, Río Negro, Chaco y Misiones. El diputado Buira expresó en la fundamentación de su proyecto: "Es hora de que en el Congreso se perfilen corrientes solidarias con los territorios, que el sentimiento de unidad nacional sea una realidad y que la letra y el espíritu de nuestra Carta Magna rija en toda la extensión de nuestro territorio".

Todavía habrían de pasar más de diez años para que fuese reconocida esa aspiración.

La herencia del 6 de septiembre

Como expresión del estado de ánimo de los que se consideraban herederos del pensamiento del 6 de septiembre de 1930, se mantenía en jefes y oficiales del ejército y la armada y entre la juventud nacionalista, el pensamiento de un golpe de.Estado, encabezado por el coronel J. B. Molina, con estos propósitos, que transcribe Federico Ibarguren en su historia del nacionalismo:

a) Disolución total de los tres poderes del Estado;
b) disolución de las partidos políticos;
c) control riguroso del periodismo y reglamentación de la prensa;
d) censura sobre los espectáculos inmorales en lugares públicos y severas medidas contra las exhibiciones de películas licenciosas y tendenciosas en nuestros cinematógrafos;
e) organización inmediata de los gremios y corporaciones del trabajo y de la industria en todo el país, creándose una Junta consultiva, que colaborará con el gobierno revolucionario y en la cual estén representados, no solo los sindicatos de trabajadores o empresas patronales reconocidas, sino también las instituciones de mayor jerarquía en nuestra sociedad, tales como el ejército, la iglesia, las universidades, etc.;
f) dictadura revolucionaria a largo plazo, con el apoyo de las fuerzas armadas de la Nación.

De los proyectos conspirativos estaba bien informado el padre Wilkinson, capellán del ejército, que explicó el funcionamiento de una junta revolucionaria, con un jefe militar, el coronel J. B. Molina y posiblemente por el almirante Abel Renard y el general Nicolás Accame y otros. Portavoz de esa línea de la nueva política fue el senador Matías Sánchez Sorondo, como lo pone de manifiesto en su discurso del 4 de junio de 1935 en el Senado.

El golpe proyectado por los herederos de Uriburu debía ser un hecho antes de fines de año, y así lo aseguraban figuras como Filomeno Velazco. Pero el presidente Justo logró maniobrar con su tacto habitual para llegar a la paralización del complot, que continuó sus preparativos en 1936.