El ministro Pinedo

Diversas iniciativas e innovaciones fueron obra del segundo ministro de hacienda de Justo, Federico Pinedo, que sustituyó a Alberto Hueyo. Centralizó y unificó en todo el país la percepción de los impuestos internos al consumo y armonizó los diversos intereses provinciales; aseguró a las provincias recursos equivalentes a los que habrían obtenido en caso de seguir aplicando impuestos locales y les garantizó que participarían en los futuros aumentos de la recaudación, repartiendo el monto obtenido en proporción a la formación de la masa total.

En 1935 aplicó las leyes que había proyectado y que sancionó el Congreso y transformó el sistema financiero, monetario y crediticio de la Nación. Fundó el Banco Central que había diseñado Otto Niemeyer para la India, con el cual reguló el manejo de las divisas, la emisión de moneda, seleccionó el intercambio comercial y sirvió de clave al proceso de la industrialización. Raúl Prebisch fue su gerente general y el directorio fue integrado por representantes de las actividades agropecuarias y de los bancos extranjeros y nacionales, en total 3 directores argentinos y 14 extranjeros. Fue incorporada a ese organismo bancario la Caja de conversión, que desde entonces dejó de existir como tal.

Alfredo L. Palacios protestó en el Senado por la celeridad con que la ley de creación del Banco Central fue presentada, sometida a despacho, que hizo veintiún modificaciones, sin dejar constancia de que se hayan hecho investigaciones, consultado a los bancos, a los financistas, a los ex ministros de hacienda, que habrían podido aportar algunos elementos de juicio. Pero el propio Pinedo explica cómo ocurrió la aprobación precipitada de la ley: "Mas bien hubo parcialidad excesiva a favor del proyecto británico, del cual adoptamos no solo muchas ideas sino también la fraseología, cuando nos pareció que no había en ello inconveniente serio, aunque creyéramos que podían adoptarse a veces mejores textos. Y lo hicimos porque no queríamos crear inconvenientes inútiles a la sanción de los proyectos y sabíamos que por una curiosa modalidad del espíritu colectivo, en ese momento se facilitaba la adopción de las iniciativas del gobierno si podíamos presentarlas como coincidiendo en mucho con lo aconsejado por el perito extranjero".

Se preparó y realizó así la conversión de las deudas interna y externa; se estableció un régimen especial para los bancos particulares con normas y un sistema de vigilancia y de sanciones que velaban por los intereses de los depositantes y por la responsabilidad pública de los establecimientos, sin afectar su libertad de acción ni el carácter confidencial de sus operaciones; el Banco Central aplicaría esa ley y el correspondiente control bancario.

La crisis mundial se hizo sentir con un pesado saldo en los bancos de créditos congelados y de inversiones inmovilizadas, un peso muerto que dificultaba la actividad bancaria. Para hacer frente a esa situación y buscar el modo de liquidar la masa inerte de valores, aunque fuese a largo plazo, se creó el Instituto movilizador de inversiones bancarias, que se hizo cargo de los créditos congelados e inversiones inmovilizadas para cobrar los primeros y negociar éstas en forma gradual; el Instituto podía pagar él activo que adquiriese de los bancos en parte en efectivo y eri parte en bonos nominales amortizables. Las operaciones realizadas dieron un balance positivo y se evitó a las instituciones bancarias toda una serie de tropiezos y de trabas para su funcionamiento. El Instituto fue creado en marzo de 1936 y Gabriel del Mazo hizo estas objeciones a la ley de su creación: "Se le asignó una suma fabulosa de millones para que se hiciera cargo de los malos negocios de los bancos, existentes y futuros (cuando por el ministerio de hacienda, el gobierno desdobló la moneda de 44 centavos oro, llevándola a 20,59 centavos, el despojo produjo la suma de 702 millones de pesos, que fueron a parar al Instituto movilizador para pagar las carteras sociales de los bancos). Así compraría a los bancos los pagarés incobrables, por su valor nominal, aun a sabiendas de la insolvencia de las firmas. Cada deudor podía ser tratado por separado con facultades ilimitadas, de modo que el Instituto implicó una moratoria, y como prácticamente comprendía a los deudores influyentes, se constituyó en un poder extraordinario de corrupción política".

Con esas medidas de 193536 se quiso contribuir a superar la crisis que había sufrido el país desde 1929; por entonces comenzó a mejorar la economía, hubo alzas en los precios de los productos agropecuarios en el mercado exterior y algún aumento en las exportaciones.

En el mensaje del poder ejecutivo al Congreso para señalar la significación de las leyes propuestas, se decía: "Si el mundo vuelve con prontitud a lo que hasta ahora se ha considerado como normalidad monetaria, y si las principales monedas, hoy inconvertibles, retornan al patrón oro, estas reformas habrán preparado el terreno para que la moneda "argentina recupere también su estabilidad. sobre bases más adecuadas al carácter de nuestra economía. Pero si en vez de volverse al patrón oro generalizado y a una relativa libertad en las transacciones internacionales, el inundo continuará presentando el cuadro de economías cerradas, con monedas autónomas, la República Argentina, gracias a una nueva organización de la moneda y el crédito, podrá proseguir su propia política cuidando sus propios intereses y evitando en lo posible que esas circunstancias deterioren sus fundamentales instituciones económicas".

En una época en que el patrón oro significaba mucho en la economía, disponer de grandes reservas metálicas era la mejor garantía contra la inflación y la deflación de la moneda. Pinedo recomendó que el Banco Central se cuidase de no usar la facultad de reducir hasta el 25 por ciento la garantía metálica de los billetes y depósitos que forman su pasivo. Con una reserva metálica importante se evitarían los trastornos que podría producir la afluencia de capitales extranjeros que aumentasen el efectivo de los bancos, dilatando el crédito y aumentando los medios de pago, lo cual podría producir alteraciones en la estabilidad de la moneda. Señaló la ventaja de que el Banco Central absorbiese el exceso de oro que ingresase en el país, acumulándolo en sus reservas, para que los bancos no ensanchasen indebidamente el volumen de su crédito. Las reservas del Banco Central, formadas en la época de ingresos metálicos, servirían luego para mantener la moneda estable, impidiendo los sacudimientos del crédito bancario, con sus graves consecuencias en la economía interna. Por eso la ley de creación establecía como función del Banco Central la concentración de reservas suficientes para intervenir en las consecuencias que la fluctuación de las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros tienen sobre su moneda, el crédito y las actividades comerciales con lo que se mantendría estable el valor monetario.

Según la teoría de Pinedo, el Banco Central no existe para expandir el crédito y sus billetes por el hecho de su garantía metálica; su misión consiste en regular los medios de pago, sin comprometer las reservas en el aumento innecesario del medio circulante; la cantidad de circulante debe adaptarse gradualmente a las necesidades reales de los negocios, restringiéndolo cuando éstos merman, pues "la elasticidad consiste tanto en dilatar como en comprimir los medio: de pago conforme se expande o contrae el volumen de mercaderías que ellos tienen que mover. En un país como la República Argentina, que tanto depende de su comercio exterior, la experiencia demuestra que todo exceso de medios de pago en relación al volumen de los negocios existentes, no tarda en promover el crecimiento exagerado de las importaciones de mercaderías extranjeras. Y como con ello no aumentan en forma automática las exportaciones, se produce un desequilibrio en las cuentas exteriores que requiere ser colmado de inmediato con embarques de metálico, con el fin de impedir la depreciación monetaria".

Las nuevas leyes, por consiguiente, debían servir para regular la cantidad de crédito y de los medios de pago ajustándolos a la realidad de los negocios.

En varias sesiones del Senado, en el primer trimestre de 1935, Lisandro de la Torre desmenuzó la significación de las leyes bancarias que propuso Federico Pinedo, ministro de hacienda, en contraposición con las ideas que había sostenido anteriormente desde el Colegio libre de estudios superiores. Dijo entre otras cosas: "La mayor parte de esta maniobra que se llama Banco Central tiene un carácter fiscal: tiende a pagar el déficit acumulado o, por lo menos, parte del déficit, con el oro de la Caja de conversión; y tiende a abrir nuevos horizontes para nuevos endeudamientos del poder ejecutivo, mediante la atribución que se da al Banco Central de hacer adelantos con garantía de títulos nacionales y mediante la emisión de pesos 400.000.000 en bonos de 3 %, susceptible de ampliarse".

En el curso de sus exposiciones señaló que las extracciones de oro de la Caja de conversión hechas por el gobierno provisional de Uriburu habrían llegado a unos 200 millones de pesos.

Se preparó y realizó así la conversión de las deudas interna y externa; se estableció un régimen especial para los bancos particulares con normas y un sistema de vigilancia y de sanciones que velaban por los intereses de los depositantes y por la responsabilidad pública de los establecimientos, sin afectar su libertad de acción ni el carácter confidencial de sus operaciones; el Banco Central aplicaría esa ley y el correspondiente control bancario.

La crisis mundial se hizo sentir con un pesado saldo en los bancos de créditos congelados y de inversiones inmovilizadas, un peso muerto que dificultaba la actividad bancaria. Para hacer frente a esa situación y buscar el modo de liquidar la masa inerte de valores, aunque fuese a largo plazo, se creó el Instituto movilizador de inversiones bancarias, que se hizo cargo de los créditos congelados e inversiones inmovilizadas para cobrar los primeros y negociar éstas en forma gradual; el Instituto podía pagar él activo que adquiriese de los bancos en parte en efectivo y eri parte en bonos nominales amortizables. Las operaciones realizadas dieron un balance positivo y se evitó a las instituciones bancarias toda una serie de tropiezos y de trabas para su funcionamiento. El Instituto fue creado en marzo de 1936 y Gabriel del Mazo hizo estas objeciones a la ley de su creación: "Se le asignó una suma fabulosa de millones para que se hiciera cargo de los malos negocios de los bancos, existentes y futuros (cuando por el ministerio de hacienda, el gobierno desdobló la moneda de 44 centavos oro, llevándola a 20,59 centavos, el despojo produjo la suma de 702 millones de pesos, que fueron a parar al Instituto movilizador para pagar las carteras sociales de los bancos). Así compraría a los bancos los pagarés incobrables, por su valor nominal, aun a sabiendas de la insolvencia de las firmas. Cada deudor podía ser tratado por separado con facultades ilimitadas, de modo que el Instituto implicó una moratoria, y como prácticamente comprendía a los deudores influyentes, se constituyó en un poder extraordinario de corrupción política".

Con esas medidas de 1935-36 se quiso contribuir a superar la crisis que había sufrido el país desde 1929; por entonces comenzó a mejorar la economía, hubo alzas en los precios de los productos agropecuarios en el mercado exterior y algún aumento en las exportaciones.

En el mensaje del poder ejecutivo al Congreso para señalar la significación de las leyes propuestas, se decía: "Si el mundo vuelve con prontitud a lo que hasta ahora se ha considerado como normalidad monetaria, y si las principales monedas, hoy inconvertibles, retornan al patrón oro, estas reformas habrán preparado el terreno para que la moneda "argentina recupere también su estabilidad. sobre bases más adecuadas al carácter de nuestra economía. Pero si en vez de volverse al patrón oro generalizado y a una relativa libertad en las transacciones internacionales, el inundo continuará presentando el cuadro de economías cerradas, con monedas autónomas, la República Argentina, gracias a una nueva organización de la moneda y el crédito, podrá proseguir su propia política cuidando sus propios intereses y evitando en lo posible que esas circunstancias deterioren sus fundamentales instituciones económicas".

En una época en que el patrón oro significaba mucho en la economía, disponer de grandes reservas metálicas era la mejor garantía contra la inflación y la deflación de la moneda. Pinedo recomendó que el Banco Central se cuidase de no usar la facultad de reducir hasta el 25 por ciento la garantía metálica de los billetes y depósitos que forman su pasivo. Con una reserva metálica importante se evitarían los trastornos que podría producir la afluencia de capitales extranjeros que aumentasen el efectivo de los bancos, dilatando el crédito y aumentando los medios de pago, lo cual podría producir alteraciones en la estabilidad de la moneda. Señaló la ventaja de que el Banco Central absorbiese el exceso de oro que ingresase en el país, acumulándolo en sus reservas, para que los bancos no ensanchasen indebidamente el volumen de su crédito. 

Las reservas del Banco Central, formadas en la época de ingresos metálicos, servirían luego para mantener la moneda estable, impidiendo los sacudimientos del crédito bancario, con sus graves consecuencias en la economía interna. Por eso la ley de creación establecía como función del Banco Central la concentración de reservas suficientes para intervenir en las consecuencias que la fluctuación de las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros tienen sobre su moneda, el crédito y las actividades comerciales con lo que se mantendría estable el valor monetario.

Según la teoría de Pinedo, el Banco Central no existe para expandir el crédito y sus billetes por el hecho de su garantía metálica; su misión consiste en regular los medios de pago, sin comprometer las reservas en el aumento innecesario del medio circulante; la cantidad de circulante debe adaptarse gradualmente a las necesidades reales de los negocios, restringiéndolo cuando éstos merman, pues "la elasticidad consiste tanto en dilatar como en comprimir los medio: de pago conforme se expande o contrae el volumen de mercaderías que ellos tienen que mover. En un país como la República Argentina, que tanto depende de su comercio exterior, la experiencia demuestra que todo exceso de medios de pago en relación al volumen de los negocios existentes, no tarda en promover el crecimiento exagerado de las importaciones de mercaderías extranjeras. Y como con ello no aumentan en forma automática las exportaciones, se produce un desequilibrio en las cuentas exteriores que requiere ser colmado de inmediato con embarques de metálico, con el fin de impedir la depreciación monetaria".

Las nuevas leyes, por consiguiente, debían servir para regular la cantidad de crédito y de los medios de pago ajustándolos a la realidad de los negocios.

En varias sesiones del Senado, en el primer trimestre de 1935, Lisandro de la Torre desmenuzó la significación de las leyes bancarias que propuso Federico Pinedo, ministro de hacienda, en contraposición con las ideas que había sostenido anteriormente desde el Colegio libre de estudios superiores. Dijo entre otras cosas: "La mayor parte de esta maniobra que se llama Banco Central tiene un carácter fiscal: tiende a pagar el déficit acumulado o, por lo menos, parte del déficit, con el oro de la Caja de conversión; y tiende a abrir nuevos horizontes para nuevos endeudamientos del poder ejecutivo, mediante la atribución que se da al Banco Central de hacer adelantos con garantía de títulos nacionales y mediante la emisión de pesos 400.000.000 en bonos de 3 %, susceptible de ampliarse".

En el curso de sus exposiciones señaló que las extracciones de oro de la Caja de conversión hechas por el gobierno provisional de Uriburu habrían llegado a unos 200 millones de pesos.