La intervención del gobierno federal en la actividad económica resultó cada vez más intensa; en 1934 se legisló la recaudación centralizada de los impuestos, que serán luego redistribuidos a las provincias en régimen de coparticipación, en lugar de permitir a estas recaudarlos y remitir la parte correspondiente al gobierno central, como había sido hasta entonces la norma. Se crearon una Junta Reguladora de Vinos, que se sumó a las de Granos y Carnes, y la Dirección Nacional de Parques nacionales, antecedente inmediato de la Administración de Parques Nacionales. El Congreso aprueba la ley que crea la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires con el fin de proteger las inversiones inglesas ante el crecimiento de las compañías de colectivos
H. S. Ferns, en su obra Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX concretó el resultado de sus investigaciones: "Es bien conocido el hecho de que alrededor de 1914, la Argentina, como país de inversiones y comercio británico, podía compararse con Australia y Canadá y que sólo la superaban en importancia los Estados Unidos y la India. Hasta la segunda guerra mundial pocas eran las comunidades más importantes que la República Argentina para los británicos, tanto para los inversores como para los consumidores". . . Se llegó a considerar, y hasta casi admitir por algunos, la condición de una especie de sexto dominio del Imperio británico. De ahí el esfuerzo hecho después de la conferencia de Ottawa para que Inglaterra no excluyese a la Argentina de su esfera económica y financiera.
El proteccionismo adoptado por Inglaterra para con sus dominios privó a la Argentina de su casi único mercado tradicional para las carnes.
El ministro de hacienda Alberto Hueyo intentó contrarrestar las penurias financieras del país a causa de la declinación de sus exportaciones y de la caída de los precios mediante la disminución de los gastos, la reducción de los sueldos administrativos y el llamado empréstito patriótico interno, que fue cubierto y permitió un pequeño desahogo.
La presión de la crisis aceleró la implantación en julio de 1932 de los impuestos a los réditos, un proyecto que había sido estudiado ya por Enrique Uriburu en el gobierno, de facto; ese recurso fiscal fue ideado en momentos de apremio para el tesoro y, con algunas modificaciones aconsejadas por la experiencia, fue un pilar importante del sistema rentístico en lo sucesivo y permitió engrosar las arcas del fisco.