Una logia militar constituida al amparo del ministro de la guerra de Alvear, Agustín P. Justo, propició la ley de armamentos 11.266, para el ejército, la marina y construcciones militares. En la secretaría del ministerio actuaba Manuel A. Rodríguez, que sostenía la capacitación técnica, el profesionalismo de las filas castrenses, y el aumento del presupuesto para esos fines. La ley se aprobó en el período de la presidencia de Alvear.
En 1932, los senadores Mario Bravo y Alfredo L. Palacios presentaron un proyecto de resolución para que se nombrase una comisión especial que estudiase e informase sobre las condiciones administrativas, financieras, técnicas y militares en que se había cumplido la ley sobre adquisición de armamentos. Era ministro de guerra entonces el general Manuel A. Rodríguez y le tocó responder a las interpelaciones y críticas de Mario Bravo en uno de los debates parlamentarios más apasionantes. El ministro Rodríguez sostuvo que el ejército ha respetado siempre la Constitución argentina y siempre estuvo a disposición del país, y, cuando el 6 de septiembre se puso en marcha hacia la Casa de Gobierno, servía a la Constitución y a su pueblo. Bravo replicó: "Que el ejército sea un colaborador, que el ejército se pliegue a una revolución en la que el pueblo sea la masa insurgente, muy bien, aplausos para el ejército, pero el ejército árbitro de la legalidad, árbitro de la constitucionalidad, árbitro del gobierno, árbitro de la sanción de las leyes, ¡no!".
Analizó algunas de las adquisiciones hechas: "Se ha hecho una gran adquisición de materiales para la guerra de trincheras y para la guerra de sitio. Según lo que yo tengo leído con respecto a las eventualidades de una guerra en la República Argentina, no hay posibilidades de que pueda hacerse, en ningún momento de esas operaciones militares, una guerra de trincheras ni hay tampoco la posibilidad de utilizar material de sitio, por no existir, en gran parte del continente, plazas suficientemente fortificadas como para que puedan ser demolidas por la artille-ría de gran calibre adquirida por el ejército argentino".
Mario Bravo se había opuesto en su hora a la ley de armamentos: "La síntesis de los argumentos que yo hice en aquel entonces, fue la siguiente: saber si las relaciones internacionales del país reclamaban medidas tan graves como las solicitadas por el poder ejecutivo. La opinión del señor ministro fue negativa: ningún ministro afirmó que las relaciones internacionales del país estuvieran en peligro. La otra pregunta formulada fue la de saber si la gran cantidad de elementos solicitados correspondía a un propósito de renovación del viejo material del ejército, porque, a mi juicio, era excesiva. Después de casi diez años de sancionada la ley, podemos decir con cierto orgullo, que aun están en servicio en el ejército los materiales de artillería, por ejemplo, comprados en el año 1898 por el general Riccheri y en 1909 por el general Duclós".
Lisandro de la Torre intervino en el debate para propiciar economías en el rubro militar, señalando los gastos a su juicio excesivos. Eduardo Laurencena resumió la larga polémica de Bravo y Rodríguez: "De las exposiciones que el Senado ha oído hasta ahora, resulta que en el seno de la Comisión hay coincidencia en admitir que en la ejecución de la ley de armamentos se ha incurrido en errores, en fallas o deficiencias y en irregularidades. Las discrepancias radican en el número, en la extensión y en la importancia o trascendencia que se asigna a esos errores, deficiencias e irregularidades, según el criterio personal de cada uno de los miembros de la comisión".
Se produjeron dos despachos, uno de la mayoría, aprobando todo lo hecho, firmado por los senadores Mariano P. Ceballos, Carlos A. Bruchmann y Matías G. Sánchez Sorondo, y otro de la minoría, con la crítica de la ejecución de la ley; el primero recibió 17 votos; el segundo, cuatro (Francisco Correa, Eduardo Laurencena, Alfredo L. Palacios y Mario Bravo). La discusión había durado 18 sesiones y fue llamada la "batalla de las espoletas".
En el curso de los debates, el general Manuel A. Rodríguez, íntimo colaborador de Justo en el ministerio de guerra en la presidencia de Alvear, luego al frente del ministerio, hizo una advertencia oportuna: "El militarismo no nace siempre del ejército; el militarismo suele ser una enfermedad, un mal que crean los partidos políticos cuando utilizan el ejército para lo que no deben, ya sea para hacer propaganda en la forma que se viene realizando por algunos diputados, o ya porque los partidos políticos lo emplean con propósitos que lo alejan de su misión" (Diario de sesiones, 23 y 24 de diciembre de 1932).
Desde fuera del Parlamento, Raúl Scalabrini Ortiz juzgó en 1935 la situación en una difundida revista: "El ejército está al margen de la política, expresó en la Cámara de diputados el actual ministro de guerra (general Rodríguez), exhibiendo así carencia de comprensión de la realidad argentina y escasez de esa pasta con que se hacen los gobernantes de pueblos. El ministro no veía la función política que por simple inercia desempeña el ejército, a pesar de formar parte de un gobierno que está amparado justamente en esa inercia. Porque si no contara con el auspicio del ejército, ¿con quién contaría este gobierno cuyos ministros van a las cámaras a defender con ardoroso tesón los intereses de Inglaterra y no los de la Argentina?
"Si no contara con el ejército, ¿con quién contaría este gobierno que está llevando al país a un desconocido grado de miseria, sólo comparable con la miseria en que se arrastran algunos pueblos asiáticos, como la India? Si no contara con el ejército ¿con quién contaría este gobierno negado por todos los hombres argentinos que tienen conciencia de hombres libres y no se avienen a caer en la servidumbre de una nación extranjera como Inglaterra sin haber sido derrotados, siquiera, en el campo de batalla? . . Alejar al ejército de la opinión nacional es un medio de contribuir a su mecanización intelectual. Así podría alcanzarse cierto automatismo muy semejante al de los ejércitos de ocupación que las naciones europeas destacan en sus colonias. La separación del ejército y del pueblo es el ideal de los políticos que no están apoyados por el pueblo, sino por los intereses extranjeros"...
Las maniobras militares en las sierras de Córdoba, en 1936, testimoniaron el alto nivel profesional alcanzado en las fuerzas armadas. El general Justo había trabajado pacientemente desde el ministerio de guerra de la presidencia de Alvear por la modernización y mejoramiento del poder armado y el proceso continuó en el período de su propia presidencia.
La situación en 1936 era la siguiente: se habían creado seis divisiones militares, con asiento respectivamente en la capital federal, La Plata, Paraná, Córdoba, Salta y Bahía Blanca. La sexta división era de creación reciente y se la destinaba a cubrir el sur argentino, la zona patagónica; simultáneamente se habían organizado dos divisiones de caballería.. Las unidades integrantes de cada división, tenían su asiento en localidades de la respectiva circunscripción, de modo. que el país quedaba relativa¬mente cubierto por el ejército para cualquier emergencia
Las autoridades militares eran constituidas por el presidente de la República, que era comandante en jefe de todas las fuerzas terrestres y marinas de la Nación; bajo su dependencia obraba el ministerio de la guerra, del que dependían directamente las seis divisiones del ejército y todas las grandes reparticiones del mismo; otra autoridad decisiva era la inspección general del ejército, a cuyo cargo se hallaba la tramitación de las cuestiones relacionadas con la organización de las fuerzas armadas, la preparación profesional de las mismas en todas sus ramas y el funcionamiento de los servicios; el estado mayor general del ejército era el órgano preferentemente técnico para la elaboración de planes de operaciones y el estudio y la presentación a la superioridad de las medidas susceptibles de acrecentar la eficacia de la acción del ejército, desde el doble punto de vista moral y material, su colaboración con la armada, etcétera.
Funcionaban las siguientes escuelas militares:
Escuela superior de guerra, para la preparación de los oficiales, el ejercicio del comando en los grados superiores de la jerarquía, el manejo de grandes masas de las tres armas con el complemento de los respectivos servicios.
Se proyectaba entonces la institución del Cuerpo de gendarmería, destinado a funcionar en territorios nacionales.
El mantenimiento de toda la institución militar se aseguraba por las siguientes grandes reparticiones:
Dirección general del personal, Dirección general de arsenales de guerra, Dirección general de material aeronáutico, Dirección general de administración. De esta dependían las subintendencias regionales. Además, entre las grandes reparticiones militares había que agregar la Dirección general de sanidad, la Dirección general de comunicaciones, la Dirección general del Instituto geográfico militar, la Dirección general de remonta, la Dirección general de ingenieros, la Dirección general de tiro y gimnasia.
Se había alcanzado en esa rama de las fuerzas arma-das una estructura moderna, compleja, perfectamente coordinada, todo un poder, sin el cual y contra el cual no sería posible una política que no respondiese a sus intereses y a sus asignaciones.
Presupuestos militares (1931-1937) | |||
Año | Ministerio de Guerra | Ministerio de Marina | Total |
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1931 | $ 121.010 | $ 68.700 | $ 189.799 |
1932 | $ 104.069 | $ 66.100 | $ 170.268 |
1933 | $ 109.438 | $ 64.248 | $ 173.086 |
1934 | $ 121.144 | $ 70.817 | $ 191.961 |
1935 | $ 132.047 | $ 79.677 | $ 211.724 |
1936 | $ 138.350 | $ 111.544 | $ 249.894 |
1937 | $ 171.865 | $ 143.441 | $ 315.306 |
Las cifras fueron preparadas por la Contaduría ge-neral y presentadas a la Cámara de diputados por Juan Antonio Solari, diputado socialista. Incluyen los gastos autorizados por el presupuesto, por leyes especiales y por acuerdos de gabinete, y también las pensiones militares y obras públicas.
También es ilustrativa la estadística siguiente de los gastos para construcciones militares desde 1932 a 1937, siendo ministro de guerra el general Manuel A. Rodríguez
Año | Pesos m/n |
---|---|
1932 | $ 3.800.000 |
1933 | $ 5.100.000 |
1934 | $ 7.300.000 |
1935 | $ 9.500.000 |
1936 | $ 13.9500.000 |
1937 | $ 26.990.000 |