Economía dirigida

Junta nacional de Carnes

Después de la gran depresión mundial de 1929, que llevó a a la crisis de los mercados internacionales, las exportaciones de carne y las ganancias de los ganaderos argentinos se vieron fuertemente afectadas.​ Ello llevó a los gobiernos conservadores de la llamada década infame (1930-1943) a adoptar una serie de medidas y de acuerdos internacionales, caracterizadas por la intervención del Estado en la economía, destinadas a preservar mercados y niveles de ganancia de los ganaderos, como el conocido Pacto Roca-Runciman entre la Argentina y Gran Bretaña.

En el marco de esa política, el gobierno del presidente Agustín P. Justo envió al Congreso en 1932 dos proyectos de ley para crear una Junta Nacional de Carnes que regulara el mercado, y un frigorífico estatal. Los dos proyectos fueron unificados y sancionados en septiembre de 1933 como Ley Nº 11.747, conocida con el nombre de "Ley de Carnes".​

La dirección de la Junta Nacional de Carnes fue atribuida a una mesa directiva de nueve miembros integrada del siguiente modo:

• Dos miembros elegidos por la Sociedad Rural Argentina
  
• Dos miembros elegidos entre las demás sociedades rurales
• Un miembro elegido por los frigoríficos privados
• Un miembro que no tuviera intereses en la producción y comercio de la carne

Tres miembros elegidos por los industriales y comerciantes de carne del interior del país y por los transportistas marítimos y terrestres.

La Junta nacional de carnes fue autorizada para instalar frigoríficos e instituciones comerciales e industriales vinculadas con el comercio interior y exterior, para la defensa de la ganadería nacional y el abaratamiento del consumo de los productos ganaderos. Se creó en consecuencia con ésas atribuciones la Corporación argentina de productores de carne (CAP) para intervenir como compradora en los mercados de hacienda. Se logró la elevación de los precios en beneficio de los ganaderos y se reglamentó la venta de carnes en remate, se hizo propaganda en el exterior y hubo un contralor en los embarques, etc. En ocasión de un homenaje a la memoria de Antonio De Tomaso, a los 35 años de su muerte, Eduardo Miranda Gallino recordó que las carnes eran manejadas en su comercio interno, en su preparación y en su exportación, por una organización monopolística radicada en Inglaterra.

Junta reguladora de granos

La Junta reguladora de granos se instaló en 1933 para combatir la baja de los precios de la producción agrícola en los mercados exteriores, una situación que se había agravado por la sequía y otros incidentes que malograron tres cosechas consecutivas én plena expansión de la crisis mundial. Con el propósito de asegurar a los agricultores una compensación adecuada, debían contar con un precio que cubriese, los costos de la producción y garantizase una utilidad mínima para continuar sus tareas. La Junta compraría, a los precios básicos fijados para las cosechas, los cereales que los productores o sus intermediarios le ofreciesen; realizaría luego la venta para la exportación a los precios del mercado internacional, regularía la salida de los granos para evitar su acumulación en poder de los exportadores y las especulaciones que provocaría ese estado de cosas. Los quebrantos que surgiesen de la compraventa se cubrirían con los fondos del margen de cambios originados en otras medidas financieras. La exportación de cereales era hasta allí un monopolio de cuatro firmas poderosas.

Junta reguladora de la industria lechera

La Junta reguladora de la industria lechera se creó en 1934 con el fin de aliviar a los tamberos y mejorar la marcha de esa rama de la producción y la calidad de los productos. Resurgió la industria lechera, aumentaron las fábricas de manteca y queso, y se desarrollaron importantes cooperativas y cremerías en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos; la Junta intervenía en los precios y en el comercio exportador de los productos.

Junta vitivinícola reguladora

El impacto de la gran depresión, llevo a que el consumo de vino per cápita cayó de 62 litros en 1926 a 32.8 en 1932. Ello motivó una reducción en la elaboración de vino, que bajo de 6 millones de hectolitros en 1929 a un tercio de millón en 1932, veinte veces menos que antes de la crisis. Las empresas seguían quebrando, los trabajadores desempleados y el vino corriendo por las hijuelas.

La Junta vitivinícola reguladora quiso responder desde 1934 a una situación crítica provocada por una producción excesiva en relación con las posibilidades del mercado de consumo; la oferta en cualquier condición hizo bajar los precios verticalmente; la Junta intervino indirectamente en los precios de la uva y del vino y ajustó la producción a la demanda del consumo, disminuyendo de ese modo la presión de las ofertas sin ningún control. En 1935 y 1936 fueron adquiridos por la Junta los excedentes de la cosecha y desvió de la vinificación cerca de ocho millones de quintales métricos de uva. Se dispuso la inutilización de viñedos, comprando los terrenos cultivados para revenderlos con destino a otras producciones; se retuvo la venta del vino elaborado con exceso y se dieron préstamos con prenda agraria a los productores, siendo retirados así de la oferta un millón y medio de hectolitros. Dos años de intervención de la Junta reguladora culminaren con la normalización de la situación de la industria vitivinícola.

Hacia 1935, se intensificó algo el comercio internacional y se obtuvieron algunas buenas cosechas y se juzgó que comenzaba a ser superada la crisis iniciada en 1929-30.

En 1941 explicó Arturo Frondizi en el Colegio libre de estudios superiores el intervencionismo estatal: "Los factores mundiales y nacionales que provocan en el país la crisis de 1929 en adelante, al afectar a la ganadería, a la agricultura, a la tierra, es decir a los grupos rectores de la economía del país, producen un cambio total de posiciones. El principio de la libertad económica que había servido para retardar el progreso de la legislación del trabajo, no es obstáculo para que se abandone rápidamente el liberalismo económico. Colocados en este camino, todo se le permite al Estado para que contribuya a salvar situaciones de hecho difíciles, sin atender a los medios, pues ni siquiera aparecen los celosos defensores de las autonomías provinciales que quedan reducidas a una mínima expresión ante el avance fiscal y económico del poder central. Es decir que cuando la crisis amenaza seriamente a los grupos sociales que dirigen el país, los dos grandes principios. que inspiraron a la Constitución nacional desaparecen rápidamente: el liberalismo y el federalismo económico. Y el país, entonces, se rinde sin esfuerzo a esta nueva política en que el Estado aparece colocado visiblemente en primer plano"