Ricardo Gil Lavedra

Biografía

Ricardo Gil Lavedra nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de julio de 1949. Hijo único, su madre Beatriz Lavedra, docente de Geografía en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Su abuelo, quién nació en Gualeguay, era abogado e hizo toda su carrera judicial en Entre Ríos, llegó a ser miembro del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Su padre fue Ricardo Gil, oficial de Aeronáutica, teniente primero de la Fuerza Área. En el año 1962 aprobó el examen e ingresó al Liceo Militar General San Martín, de donde egresaría en el año 1966.

En 1967 ingresó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1972. Gil Lavedra está divorciado y es padre de cuatro hijos.  En 1973 fue secretario relator de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en 1974 secretario letrado del mismo tribunal, y en 1976 secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que sostuvo hasta 1978.

Entre 1979 y 1983 desarrolló su actividad en el ámbito privado como Subgerente de Asuntos Legales del grupo Pérez Companc. 

Entre 1984 y 1987 se desempeñó como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares.​ En 1988 fue designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín como Secretario del Interior, cargo que ejerció hasta 1989.​

En el año 1992 tomó relevancia en los medios, ya que fue defensor de Diego Armando Maradona, en la causa por tenencia de drogas, donde se obtuvo el permiso que permitió al futbolista reanudar su carrera, luego de su salida del Napoli, y poder volver a jugar en el Sevilla. Maradona había solicitado autorización a la jueza Amelia Berraz de Vidal​, la supervisora de su proceso de recuperación tras su adicción a las drogas para poder viajar a Europa. La causa contra Maradona por consumo de cocaína comenzó en 1991 en medio de un resonante escándalo.

En 1999 fue designado por el presidente Fernando De la Rúa como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que desempeñó hasta octubre de 2000.

En las elecciones de 2007 fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires representando a la UCR, luego de elecciones internas del partido en las que obtuvo la mayoría de votos frente a Rodolfo Terragno. Su candidatura se integraba a la boleta de UNA (Una Nación Avanzada),​ que no alcanzó los votos necesarios para obtener bancas. Para las elecciones legislativas de 2009 fue candidato a diputado nacional por la misma ciudad, junto a Alfonso Prat Gay y Elisa Carrió representando al Acuerdo Cívico y Social, obteniendo un escaño.​

En 2013 Gil Lavedra encabezó el listado de precandidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por UNEN, pero no superó el mínimo necesario de votos que le hubieran permitido participar en las elecciones generales.

En 2014 fue abogado defensor del fiscal José María Campagnoli. La entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, lo había suspendido y sometido a un jury de enjuiciamiento a raíz de la investigación que Campagnoli había promovido contra Lázaro Baez y otros. Ese mimo año, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara a su favor en un caso que involucra el derecho de acceder a la información en poder del Estado. 

El 14 de octubre, el Tribunal resolvió no hacer lugar a un recurso extraordinario que había interpuesto el Estado Nacional y, en consecuencia, dejó firme la sentencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que obligaba a la Inspección General de Justicia a suministrar información sobre las sociedades Ciccone Calcográfica S.A., luego transformada en Compañía de Valores Sudamericana S.A., y The Old Fund.​

Al año siguiente, junto al estudio jurídico de Carlos Rosenkrantz, patrocinó a la provincia de Santa Fe en un juicio contra la Nación por la detracción ilegal del 15 % en favor de la ANSES​. El 24 de noviembre de 2015 se obtuvo una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia, que obligó a replantear todo el sistema de distribución de fondos a las provincias. El estado nacional devolvió a las provincias ese porcentaje.​

En 2016 fue nombrado coordinador del programa Justicia 2020,22​ una iniciativa creada con el objetivo de mejorar las prácticas judiciales.​ El programa fue elaborado por el exministro de Justicia Germán Garavano, quien fue director académico de FORES (Foro de Estudios para la Administración de Justicia).​ De acuerdo con La Izquierda Diario, esta organización es el think thank jurídico de grandes multinacionales y dentro de sus auspiciantes se encuentran la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los bancos Galicia y Santander Río, Telefónica y la empresa Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier. De acuerdo a Horacio Verbitski la organización fue fundada por Jaime Lamont Smart, quien fue funcionario durante la dictadura y el único civil condenado por su participación en el “circuito Camps”.​

El 6 de noviembre de 2018 quedó oficializado como Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Decreto 1022/2018 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.).

En el año 2019 (como ya lo había hecho en el año 2013 con el fallo "Zamora"​) intervino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos casos de una importante relevancia institucional, para evitar la reelección indefinida de gobernadores provinciales. En los fallos: “Casas” y “Weretilneck”, donde la Corte Suprema ratificó la prohibición constitucional de un tercer mandato consecutivo.