Disolución del concejo deliberante

Contra la disolución se hicieron oir protestas, pues una cosa era sancionar a individuos calificados como indignos de la corporación, y otra disolver una entidad institucional, midiendo con la misma vara a los deshonestos y a los honestos, a los dignos y a los indignos, a los culpables y a los inocentes.

Un grupo de diputados y dirigentes socialistas, Enrique Dickmann, Silvio L. Ruggieri, Julio V. González, visitaron al presidente para cerciorarse del rumor que circulaba sobre el propósito de disolver el Concejo deliberante. Enrique Dickmann, que había tenido relaciones personales con Castillo cuando éste era decano de la facultad de derecho, expuso la situación y dijo que el Concejo deliberante había tomado las medidas pertinentes contra dos o tres de sus miembros que habían cometido delitos en el ejercicio de sus cargos. Castillo contestó que el cuerpo entero estaba contaminado y que lo disolvería. Se le preguntó si mañana, en el Congreso nacional, se descubriera que algunos legisladores habían cometido irregularidades, ¿cuál sería la actitud del poder ejecutivo?, y el presidente respondió: No titubearía en decretar la disolución del Congreso nacional. Y a la pregunta si haría lo mismo, en casos similares, con el ejército, la marina y la aviación, dijo que castigaría a los autores de tales irregularidades. No era difícil profetizar que, por ese camino de medidas de fuerza, alguien que se creyese con más poder, podría disolver el mismo poder ejecutivo, por irregularidades de alguno o algunos de sus colaboradores.

Es innegable que hubo concejales comprometidos en procedimientos ilegales, aunque sea verdad también que el escándalo fue inflado por intereses y motivaciones políticas.

Un grupo de radicales y conservadores estudió las acusaciones sobre las concesiones eléctricas en la capital federal y emitió este dictamen:

"Que del estudio de los antecedentes de la tramitación y sanción de las ordenanzas números 8.028 y 8.029 no resulta la existencia de procedimientos irregulares que comporten responsabilidades legales ni morales para las personas que han intervenido en estos actos; y que las mencionadas ordenanzas, consideradas integralmente y en cuanto a sus resultados y repercusiones frente al interés general y al de los consumidores, son ventajosas en relación a las situaciones legales y de hecho existentes con anterioridad a su sanción".

Firman: Emilio Ravignani, Faustino Infante, Juan I. Cooke, Ricardo A. Moreno y Reynaldo A. Pastor.