Compra de equipo militar

Armas y equipos para las fuerzas armadas

Los Estados Unidos se resistían a proporcionar el armamento requerido por la Argentina, en la línea de la ley de préstamo y arriendo (Lend-lease Act); que no sólo no se había decidido a romper sus vínculos con las potencias totalitarias, sino que mantenía con ellas amistosas relaciones. 

Después de la conferencia de Río de Janeiro no podía esperarse de los Estados Unidos otra actitud sin un cambio previo de la política internacional argentina. Como un medio para presionar al gobierno de Castillo, se hizo publicidad del apoyo en armamentos y equipos para el Brasil y el Uruguay y se esperaba que al tener conciencia de la inferioridad de su armamento, la oficialidad del ejército y de la marina harían presión para cortar las relaciones con las potencias del Eje.

Se hicieron contactos con la embajada alemana en Buenos Aires para responder así a la negativa norteamericana, desde comienzos de 1942, primero por intermediarios que alegaron su contacto con los círculos oficiales; se pedía a Alemania aviones y barcos de guerra y toda otra suerte de equipos. El encargado de negocios de la embajada preguntó a Berlín lo que debía responder en el caso de que Alemania estuviese dispuesta a vender a la Argentina los equipos que solicitaba. 

En julio el general Domingo Martínez, jefe de la policía federal, habló con el encargado de negocios alemán, sin conocimiento del ministro de guerra Tonazzi, pero con el consentimiento de Castillo. 

El problema consistía en resolver el modo de acudir en ayuda de la Argentina por parte de Alemania; las armas podrían ser entregadas a través de Suecia o España y cargadas en barcos argentinos. Testimonios autorizados aseguran que el general Martínez no fue nunca nazi; era nacionalista, como muchos militares de aquella época; la intervención que tuvo en aquella oportunidad con respecto a la adquisición de armamentos se debió a que era ingeniero militar y se hallaba en una situación en que había que conseguir armas modernas a cualquier precio, sin considerar la ideología del país vendedor.

Por entonces llegó al país, al frente de una delegación comercial española, el conde Eduardo Aunós. Este comunicó al encargado de negocios de Alemania que estaba en relación con prominentes personalidades, entre ellas el general Martínez, para llegar a un acuerdo sobre la entrega de armas a la Argentina. Hubo el proyecto de que el general Pedro Pablo Ramírez acompañase a Aunós en su regreso a España para ultimar los detalles del abastecimiento de las armas y equipos reclamados, que Castillo estaba ansioso por recibir a cualquier precio. Así informaba Otto Meynen al ministro de relaciones exteriores de Alemania:

"El gobierno de Castillo teme que los Estados Unidos, en un gesto de desesperación por la oposición argentina, pueda tomar medidas de fuerza —por ejemplo con el pretexto de una amenaza del Eje al continente americano—, ocupar el puerto de Comodoro Rivadavia y paralizar con  ello al país por la falta de abastecimiento de petróleo. De acuerdo con la opinión de Castillo y de sus consejeros, el rearme argentino tiene que hacerse muy pronto porque la campaña electoral para la nueva presidencia se iniciará a más tardar en enero-febrero del año próximo. El gobierno posee información de que los Estados Unidos, Brasil, Uruguay, sostendrán como candidato al anterior presidente, general Justo (cuya elección sería extremadamente crítica para nosotros). Si el gobierno de Castillo es forzado, contra esto, a favorecer una fórmula presidencial diferente, hay que considerar la posibilidad de la provocación de Brasil-Uruguay, que la Argentina no puede afrontar inerme".

De las tramitaciones del general Domingo Martínez y Eduardo Aunós con la embajada alemana en la Argentina nada sabían ni el ministerio de relaciones exteriores ni el ministro de guerra; las negociaciones se llevaron secretamente para que no llegasen a oídos de los miembros del círculo justista, que eran conocidos por su posición contra las potencias del Eje.

En agosto fue llamado al ministerio de marina el agregado naval alemán y se le preguntó por orden del ministro del arma si Alemania estaría dispuesta y podría vender equipo militar, especialmente submarinos, aviones, cañones antiaéreos y municiones de toda clase. Las mismas preguntas se hicieron al agregado naval italiano en Buenos Aires. Mientras las autoridades alemanas consideraban la respuesta a las demandas de la Argentina, e; general Martínez y sus amigos, por un lado, y Eduardo Aunós, por otro, estudiaban los procedimientos posibles para el pago de los armamentos y su recepción en la Argentina. Se convino en un arreglo triangular; las armas alemanas llegarían a España; ésta las pagaría con entregas de mercancías españolas, que a su vez serían reemplazadas por entregas de mercancías de la Argentina, según lo establecido en el reciente convenio comercial hispano-argentino.

Dadas las complejidades de la propuesta transferencia de armamentos, Aunós propuso, y el ministerio de relaciones exteriores alemán asintió en que las ulteriores discusiones se hiciesen desde Madrid, para lo cual Aunós regresó a España en octubre, esperando que se reuniesen en Madrid Pedro Pablo Ramírez y un almirante argentino, en noviembre. Entre tanto el alto mando alemán consideré que no podía debilitar su propio abastecimiento con la venta a la Argentina de las armas equipos que requería.

Culaciatti, en su defensa de la política internacional de Castillo, menciona la clausura de los diarios El Pampero y Cabildo, por su tendencia germanófila y su propaganda insidiosa, y la aparición de grupos como PUGNA (Por una gran nación argentina), que fueron prohibidos porque, a pesar de sus estatutos, significaban una obra conspirativa contra la paz y la Constitución; además fueron objeto de vigilancia algunos militares en actividad, de tendencia germanófila, un hecho que motivó el alejamiento del ministro de guerra Juan Tonazzi. "La infiltración nazista en el ejército era entonces muy  profunda —escribió Culaciatti—, y los éxitos bélicos del Eje alentaban sus trabajos incesantes".

En noviembre de 1942, para contrarrestar las medidas que pudiera tomar el Congreso nacional por medio de la Comisión investigadora de actividades antiargentinas, se preparó un decreto creando una Junta investigadora de actividades lesivas a la soberanía nacional; como presidente de esa Junta se proponía al almirante Abel Renard y como miembro al general Pedro P. Ramírez, su secretario era el coronel Franklin Lucero. La Junta dependería exclusivamente del presidente de la Nación, sin intervención del ministerio del interior y por tanto de la policía. Culaciatti persuadió a Castillo contra esa entidad en germen y se prohibió su formación, que hubiera dado el control minucioso de la vida del país a sus integrantes.