Al advertir que la mayor parte de las fuerzas políticas que habían apoyado el golpe de estado coincidían –pese a su heterogeneidad- en el rechazo a su proyecto corporativo y que, además, carecía de sostén en una porción mayoritaria de los oficiales de las fuerzas armadas, Uriburu buscó una salida electoral con un plan diseñado por Sánchez Sorondo. Su idea era hacer elecciones provinciales escalonadas presuponiendo que sus resultados le serían favorables y constituirían una suerte de plebiscito que le permitiría imponer la reforma constitucional con su proyecto corporativo.
Por falta de sensibilidad para percibir el estado real de la opinión pública, se imaginó en el gobierno provisional que el radicalismo había muerto y se había desvanecido; su jefe Yrigoyen se hallaba preso en la isla Martín García; muchos de sus dirigentes de prestigio se hallaban igualmente en prisión, confinados en los territorios del sur o exiliados; el ministerio del interior estaba a cargo de un hombre fuerte como Sánchez Sorondo. Y Uriburu se dejó persuadir a probar su firmeza convocando a fines de febrero de 1931 a elecciones de gobernador, vice, senadores y diputados en la provincia de Buenos Aires, la ciudadela de la que se creía estar seguros y a la que sin duda seguirían las demás provincias.
En el decreto correspondiente se establecía que "las elecciones y los actos preparatorios de las mismas deben realizarse con las mayores garantías para todos los ciudadanos. Es esencial para los partidos desarrollar su actividad y realizar su propaganda política con la mayor libertad, a pesar de que el país se halle en estado revolucionario. La acción de los partidos ha de llevarse a cabo sin afectar el orden público, la tranquilidad de la Nación y la seguridad general, que el gobierno provisional mantendrá en cumplimiento de un deber primordial para la paz de la República. A fin de asegurar la acción electoral, es necesario mantener el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales dentro de los límites enunciados, sin perjuicio de impedir actos que ataquen la estabilidad del gobierno o las bases de su existencia, o intenten poner en peligro la tranquilidad pública. Suspéndese los efectos del estado de sitio en el territorio de la provincia de Buenos Aires hasta el 5 de abril próximo, con excepción de las restricciones establecidas en la parte final del artículo 23 de la Constitución nacional respecto de las personas".
Se decidió también realizar elecciones en las provincias de Santa Fe y Corrientes el 19 de abril y en Córdoba el 24 de mayo.
Los candidatos en Córdoba eran el ingeniero Emilio Olmos para la gobernación y Pedro Frías para la vicegobernación. En Santa Fe, donde Guillermo Rothe se desempeñaba como interventor, en reemplazo de Diego Saavedra, encabezaba la fórmula Luciano Molinas en nombre del partido demócrata progresista. Los candidatos de la provincia de Buenos Aires eran Antonio Santamarina, para gobernador, y Celedonio Pereda, para vice; la fórmula radical la integraban Honorio Pueyrredón y Mario Guido.
Un observador de aquella época, J. Beresford Crawkes, en la obra 533 días de historia argentina, desde e! 6 de septiembre de 1930 al 20 de febrero de 1932, consignó este cuadro relativamente a la provincia de Buenos Aires: "El partido conservador contaba con el éxito seguro. Sus comités rebosaban de una multitud entusiasta, mientras los de los radicales permanecían solitarios y abandonados. Esto enardeció a la fuerza clásica conservadora determinándola a pedir que no se postergara el acto por ninguna razón, en vista de que se tentaban influencias en contrario. En efecto, una hábil treta radical admitió la convocatoria. Los dirigentes de la provincia fueron influyendo en la masa, a fin de que, sin despertar la más mínima sospecha, se inscribieran todos en los comités conservadores y, llegando el día de las elecciones, votaran por el partido de su predilección. Hay que reconocer que hubo una gran disciplina partidaria que evitó que la intervención nacional o el gobierno provisional llegaran a enterarse de ello antes de que la elección se realizara".
En febrero se había descubierto una intentona de subversión encabezada por el general Severo Toranzo y muchos comprometidos fueron encarcelados y torturados; el partido radical no daba muestras de hallarse organizado; los comicios se realizaron en la fecha fijada y la sorpresa no pudo ser mayor; los radicales obtuvieron 218.783 votos contra 187.083 de los conservadores; los socialistas recibieron 47.000 sufragios. Los radicales triunfaron en 79 partidos de la provincia, los conservadores en 32. El resultado inesperado provocó una crisis del gobierno y cayó el ministerio responsable de haber admitido la aventura de la consulta electoral. Cuando llegaron los primeros resultados de los comicios a manos del ministro del interior, Sánchez Sorondo, estrujó los papeles y habría exclamado: "Ese interventor tendrá mucho de Meyer, pero no tiene nada de Pellegrini", según relato de Bartolomé Galíndez.
El 15 de abril el presidente provisional Uriburu hizo publicar en la prensa este comunicado:
"El presidente del gobierno provisional, como jefe de la revolución, mantiene inquebrantablemente la orientación del movimiento del 6 de septiembre, dispuesto a conseguir la realización de sus objetivos y por encima de todo interés partidario. No ha pensado, pues, en ningún momento, en transformar, por combinaciones o maniobras, su gobierno en gobierno de partidos, pero espera la Cooperación patriótica de las agrupaciones civiles que no se solidaricen con el régimen depuesto."
Por aquellos días publicó Leopoldo Lugones su libro Política revolucionaria y comentó en el prólogo las elecciones de la provincia de Buenos Aires en estos términos: "Las elecciones de Buenos Aires enseñan una vez más que el sistema vigente no tiene cura. Aplíquelo quien lo aplique, el resultado es que entrega la suerte de la Nación al instinto de las turbas inorgánicas".
Las elecciones de la provincia de Buenos Aires fueron anuladas y los dirigentes radicales proscriptos. La Federación nacional democrática se disolvió y entró entonces a funcionar decisivamente la concordancia de fuerzas en torno al general Justo.
El propio Sánchez Sorondo, que renunció al ministerio del interior el 15 de abril, a consecuencia de la sorpresa de las urnas en la provincia de Buenos Aires, bajo la presión del ejército y de la armada, refirió años después a esos hechos: "Se anularon las elecciones, cometiendo un grave error institucional; más tarde se excluyó al partido radical de toda participación en la vida política, segundo error. La elección presidencial del general Justo fue así viciada en su origen. Los hombres del gobierno provisional no podían decir ya que el pueblo había elegido a su nuevo mandatario, en la plenitud de sus atribuciones".
Se reconstituyó el gabinete de gobierno después de la crisis, ocupando Octavio A. Pico el ministerio del interior, Guillermo Rothe el de justicia e instrucción pública; Enrique Uriburu el de hacienda; David Arias el de agricultura; Pablo Calatayud el de obras públicas; Carlos Daireaux el de marina; Francisco Medina el de guerra y Ernesto Bosch siguió en relaciones exteriores, siendo sustituido poco después por el subsecretario de la cartera, Adolfo Bioy.
Francisco Medina, ministro de la guerra, habló en ocasión de la recordación del 25 de mayo, en el Círculo militar, en 1931, en defensa de Uriburu y contra las versiones que lo hacían apetecer la permanencia ilimitada en el poder; y aclaró en el prólogo a un libro sobre el jefe de la revolución de septiembre, 1933: "Uriburu había llegado al convencimiento de que el sacrificio que hiciera- a la patria con la revolución del 6 de septiembre, se esterilizaba en la intrascendencia histórica de un simple derrocamiento de hombres del poder. No era la patria la beneficiaria de tal sacrificio: continuaban las ambiciones, lo mismo que antes, embanderando personalismos, y resistiendo ahora la necesaria y oportuna, como nunca, transformación de los métodos, con la interesada y tendenciosa defensa de una rápida vuelta a la normalidad".