Jorge Rafael Videla

Biografía

Primeros años

Jorge Rafael Videla nació el 2 de agosto de 1925 en la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Fue el tercero de los cinco hijos del coronel Rafael Eugenio Videla Bengolea y María Olga Redondo Ojea. Fue bautizado en recuerdo de dos hermanos mayores mellizos, fallecidos de sarampión en 1923. Descendiente de una tradicional familia de San Luis, con importantes ramificaciones en Mendoza, San Juan y Chile, muchos de sus antepasados tuvieron destacadas actuaciones políticas, como su tatarabuelo Blas Videla, líder del partido unitario, y su abuelo Jacinto Videla, gobernador de San Luis entre 1891 y 1893.

El 7 de abril de 1948 contrajo matrimonio con Alicia Raquel Hartridge Lacoste, hija del embajador Samuel Alejandro Hartridge Parkes y María Isabel Lacoste Álvarez. Con ella tuvo siete hijos: María Cristina, Jorge Horacio, Alejandro Eugenio, María Isabel , Pedro Ignacio, Fernando Gabriel y Rafael Patricio. 

Tanto Rafael Patricio como Fernando Gabriel, siguieron la carrera militar en el Ejército Argentino. Jorge Rafael Videla y su esposa Alicia Raquel Hartridge de Videla, internaron a su hijo Alejandro Videla –diagnosticado como “oligofrénico profundo y epiléptico”- en la Colonia Montes de Oca, donde murió muy joven. Si bien las biografías oficiales hablaban de siete hijos. Pero el dictador ocultó siempre al séptimo, Alejandro. Videla y su esposa Hartridge, mantuvieron un secreto público absoluto en torno a ese hijo a 100 kilómetros de la Capital, dicho nosocomio era reconocido por las condiciones de falta de sanidad y desaparición de internos.

Ingreso carrera militar

Jorge Rafael Videla ingresó al Colegio Militar de la Nación el 3 de marzo de 1942 y se graduó el 21 de diciembre de 1944 recibiendo el grado de subteniente de infantería. Fue el 6º de la promoción 73ª sobre un total de 196 cadetes

Cursó en la Escuela Superior de Guerra entre los años 1952 y 1954 y se licenció con el título de Oficial de Estado Mayor.

Formó parte de la Secretaría de Defensa entre 1958 y 1960, y dirigió la Academia Militar hasta 1962. En 1971 fue ascendido a general de brigada y nombrado por Alejandro Agustín Lanusse director del Colegio Militar de la Nación. A fines de 1973, el comandante Leandro Anaya lo nombró Jefe del Estado Mayor del Ejército y el 27 de agosto de 1975, la presidenta María Estela Martínez de Perón lo nombró Comandante en Jefe del Ejército.

La llegada de Videla a Jefe del Ejército es dada a conocer por Antonio Cafiero:

«El comandante del ejército Nuna Laplane es cuestionado, por otros generales y perdió tal autoridad que hubo que reemplazarlo. Lo lógico hubiera sido el que estaba abajo del orden de antigüedad, pero este había producido el levantamiento en Campo de Mayo. Entonces yo le dije a la señora (Isabelita) que esa persona no podía ocupar el cargo […] El que seguía en el orden de la lista era Jorge Rafael Videla, de quien recibo información de que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podría encabezar un golpe.»

El 24 de marzo de 1976 encabezó, junto a Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, el golpe de Estado que derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, disgregó a los partidos políticos, persiguió a los opositores y cerró las sesiones del Congreso Nacional, dando comienzo al llamado Proceso de Reorganización Nacional. Durante su administración, una disputa fronteriza con Chile estuvo a punto de provocar un conflicto armado.

El golpe de Estado

Videla encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sustituyendo a Isabel Martínez de Perón por una junta militar en representación del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Massera por la Armada y el brigadier general Orlando Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dando inicio al Proceso de Reorganización Nacional.

El 29 de marzo asumió la Presidencia de la Nación, que ocuparía hasta ser reemplazado por Roberto Eduardo Viola en 1981, al cumplir el período presidencial de cinco años establecido por la Junta Militar. Este fue el período más largo que un militar ocupara el cargo de presidente de facto en Argentina. Pese al cambio de junta tras el pase a retiro de Massera y Agosti, Videla a pesar de pasar a retiro fue ratificado como presidente en 1978. Junto a Viola, Videla fue partidario de la línea blanda; proclive a una pronta apertura democrática y a un llamado a elecciones.

La visita de la CIDH

El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante dos semanas se entrevistan con personalidades de la política, la cultura nacional y miembros del gobierno. Paralelamente, recibieron numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos, realizadas por las familias de los desaparecidos que esperaron durante horas (y días) en la puerta de la entidad. Patricia Derian, secretaria de Derechos Humanos del gobierno de James Carter, fue el gran móvil de la comisión. Mientras la Comisión se entrevista con familiares de desaparecidos, algunos medios de comunicación publican cartas y editoriales reafirmando que Argentina era un país en paz.

Presionada por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Junta Militar se apresuró por dar a conocer un nuevo régimen legal sobre los desaparecidos.

El informe de la CIDH señalaba, entre otras muchas consideraciones, “que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la Argentina se cometieron durante el período 1975/1979 numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos”.

La Comisión consideraba que esas violaciones afectaron:

«El derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno dieron muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención. El derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada. El derecho a la seguridad e integridad personal mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos inhumanos. El derecho de justicia, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones, de la falta de garantías en los procesos ante los tribunales militares y de la ineficacia del recurso de Habeas Corpus.»

Ya en 1977, Videla había declarado:

«En toda guerra hay personas que sobreviven, otras que quedan incapacitadas, otras que mueren y otras que desaparecen. Argentina está finalizando esta guerra y, consiguientemente, debe estar preparada para afrontar sus consecuencias. La desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra.»

Y en 1979, en una conferencia de prensa, contestó a un periodista:

«Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo...Está desaparecido.» 

El conflicto con Chile

Durante el gobierno militar, el conflicto limítrofe entre Argentina y Chile acerca de la soberanía sobre tres islas en el Canal de Beagle estaba pendiente de resolución y sometido al Laudo Arbitral de 1977 que ambas partes habían acordado obedecer.

En 1977 se dictó una sentencia que entregó las tres islas a Chile, pero la junta declaró la sentencia "insanablemente nula", colocando a ambos países al borde de la guerra. El 22 de diciembre de 1978 Videla dio partida a la Operación Soberanía, destinada a ocupar las islas militarmente. Solo la intervención papal en el último minuto hizo desistir a la junta militar de comenzar la guerra. El Papa Juan Pablo II inició una mediación, pero su propuesta fue rechazada por Videla, Viola, Galtieri y Bignone. Las tensiones continuaron hasta el retorno de la democracia a Argentina, tras la Guerra de las Malvinas.

El conflicto no se resolvería hasta la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que resolvería la soberanía chilena sobre las islas.

La política económica

José Alfredo Martínez de Hoz condujo la economía durante toda la presidencia de Videla. Sus medidas económicas, basadas en la apertura de los mercados y la liberalización de la legislación laboral vigente, contribuyeron al desmantelamiento de los sindicatos y la polarización de las diferencias clasistas.

Aunque Martínez de Hoz negó posteriormente su implicación con las actividades represivas del proceso, se ha argumentado que las mismas fueron necesarias para contener el descontento popular con los resultados económicos. Debido a la eliminación de las barreras arancelarias, la caída de la producción industrial y el saldo negativo de la situación exterior de Argentina durante el Proceso, el valor nominal de la deuda externa se multiplicó. Todo esto en beneficio de los grandes grupos económicos multinacionales y locales, que vieron acrecentadas sus ganancias enormemente gracias a dicho endeudamiento, que en lugar de ser destinado por el gobierno a inversiones productivas, fue destinado a la especulación financiera, promoviendo una moneda sobrevaluada (mediante un mecanismo conocido como "la tablita") que permitió al capital más concentrado del país hacer grandes negociados en la "timba financiera", en detrimento de la industria, cosa que por otro lado llevó a un crecimiento de la brecha entre ricos y pobres. Esta deuda es acrecentada todavía más en 1982, cuando Domingo Felipe Cavallo, como presidente del Banco Central, decide licuar (estatizando) la deuda de dichos grandes grupos perjudicando al Estado y a la sociedad. Además, se estatizó la empresa CIAE

La imagen en el exterior

El proceso enfrentó un desafío mayor al tratar de recomponer su imagen pública en el exterior. Diversos grupos de opositores exiliados y algunos gobiernos denunciaron reiteradamente la situación de los derechos humanos en Argentina. El gobierno contratacó con el eslogan Los argentinos somos derechos y humanos y atribuyó las críticas a una campaña antiargentina. Para la misma se valió del control casi absoluto que tenían de los medios de comunicación masivos (la revista Para ti, por ejemplo, repartió entre sus lectores postales destinadas a ser enviadas al extranjero, bajo el lema «Argentina toda la verdad»), además de una significativa inversión de dinero público que se utilizó para sufragar material publicitario como, las calcomanías con el lema «Los argentinos somos derechos y humanos», destinadas a que sus poseedores las exhibieran, por ejemplo, en las ventanillas de sus vehículos, y que costaron en 1979 algo más de 16.000 dólares, que fueron embolsados por la empresa Libson S.A..

En su libro de Marina Franco, doctora en Historia de la UBA y de la Universidad París, investigó el rol de la prensa masiva y en particular los diarios La Nación, La Prensa y las revistas de la Editorial Atlántida (Gente, Para Ti) que apoyaron al régimen de Videla para crear la idea de que los cuestionamientos por violaciones al los derechos humanos se trataban de una campaña antiargentina. Para Ti, publicó una serie de fotos postales del país que las lectoras debían enviar a un listado de personas e instituciones que eran los ‘agentes’ de la campaña antiargentina".

El gobierno pagó 16.117 dólares por 250 mil calcomanías con el lema en 1979 con el lema "Los argentinos somos derechos y humanos". El slogan había sido ideado a pedido de la dictadura por la empresa Burson Marsteller, ya contratada en 1978 para mejorar la imagen de Videla.

Ya el 19 de mayo de 1976 Videla protagonizó un almuerzo con un grupo de intelectuales argentinos, entre los que se contaban Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Horacio Esteban Ratti (presidente de la Sociedad Argentina de Escritores) y el padre Leonardo Castellani. Este último le expresó su preocupación por otro escritor desaparecido, Haroldo Conti. Borges y Sabato exteriorizaron elogios al gobierno militar luego de esa comida.

El mundial 

El campeonato mundial de fútbol de 1978 fue transformado por el gobierno militar en un hecho político, intentando demostrar que en el país existía libertad.

El entusiasmo de la sociedad ante el desempeño deportivo del seleccionado nacional fue utilizado por Videla para intentar demostrar que el pueblo apoyaba a la dictadura. De hecho, la multitud enfervorizada congregada en el estadio de River Plate, aclamó al dictador cuando entregó la copa al equipo argentino.[cita requerida]

El Ente Autárquico, comandado primero por el general Omar Actis que fue asesinado en turbias circunstancias el 19 de agosto de 1976, en un hecho en cuya autoría se sospechaba que podría estar implicada la Armada Argentina,

Lacoste lo reemplazó en la ejecutiva, si no en el liderazgo formal, puesto a cargo del general Antonio Merlo. Los preparativos se habían iniciado apenas después del golpe del 7".

El EAM 78 contrató los servicios de la empresa de seguridad Juncadella y los de la empresa norteamericana Burson-Marsteller y Asociados, especializada en el mejoramiento de la imagen de gobiernos.

El 21 de junio de 1978 estalló una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Juan Alemann, que días atrás había cargado duramente contra Carlos Lacoste y los despilfarros en la organización mundialista.

El Mundial le salió a la Argentina unos 517 millones de dólares, 400 más que los pagados por España en la siguiente edición de 1982 y fue considerado como un "monumento a la corrupción".

En 1980, el dirigente de la organización Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Adolfo Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz, exponiendo aún más al mundo las violaciones a los derechos humanos en Argentina.

El Ente Autárquico Mundial 78 fue una entidad creada en 1976 por decreto de Jorge Rafael Videla el fin de organizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978.

La organización del campeonato un costo diez veces mayor previsto al inicio. El primer presidente del comité fue fusilado, según se sospecha, por su sucesor.

La gestión del mundial 78 estuvo rodeada de secreto, en parte gracias al decreto 1261/77, que permitía que el EAM '78 pudiera atenerse a la reserva en su gestión. De los 517 millones de dólares estadounidenses de la época que el Mundial costó —más del cuádruple del costo declarado por España para la organización de la edición de 1982— se ignora la administración, pues nunca se dispuso de un balance contable del mismo.

La organización del campeonato un costo diez veces mayor previsto al inicio. Las internas de los militares incidieron en esto.

El 21 de junio de 1978 estalló una bomba en la casa del secretario de Hacienda de Juan Alemann, que días atrás había cargado duramente contra Carlos Alberto Lacoste y los despilfarros en la organización mundialista.

El Mundial le salió a la Argentina unos 517 millones de dólares, 400 más que los pagados por España en la siguiente edición de 1982 y fue considerado como un "monumento a la corrupción".

Se denuncio que eran frecuentes la falta de transparencia en el manejo de fondos.

El organizador designado por Videla para organizar dicho mundial sería, ya en democracia procesado por administración fraudulenta como funcionario público.

La censura y quema de libros

El 29 de abril de 1976 en Córdoba, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera.

«Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: Dios, Patria y Hogar.»

Arden, entre muchas obras, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda y las investigaciones de Osvaldo Bayer. Desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la «Operación Claridad»: plan de caza de opositores en toda el área cultural.

Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar. La censura del libro El cubismo por la supuesta apología de Cuba; la prohibición de libros de matemáticas moderna por hacer referencia a la teoría de los conjuntos; la prohibición del libro El nacimiento, los niños y el amor de A. Rosenstiehl por la forma en que se explicaba a los niños como llegaban los bebés al mundo.

La quema de libros más grande que concretó la dictadura fue con materiales del Centro Editor de América Latina, el sello que fundó Boris Spivacow, quien además tuvo un juicio por publicación y venta de material subversivo. Él fue sobreseído pero el millón y medio de libros y fascículos ardieron en un baldío de Sarandí.

Bajo la conducción del general Harguindeguy, fue la Dirección General de Publicaciones dependiente del Ministerio del Interior la agencia especializada en el control cultural. Centralizó a nivel nacional el control sobre las actividades culturales. Además del comportamiento de los medios de comunicación, también se vigilaba la programación radial, televisiva y cinematográfica; y comisiones de seguimiento de los textos escolares

El gobierno de la Junta Militar dispuso una serie de procedimientos para neutralizar el «germen subversivo» que intentaba crear defensas en la sociedad. Estas fueron algunas de las acciones emprendidas:

En 1977, se distribuyó en las escuelas un material gráfico dirigido a los padres con hijos en edad escolar, titulado: «Cómo reconocer la infiltración marxista en las escuelas»:

«Léxico marxista para uso de los alumnos: (...) Lo primero que se puede detectar es la utilización de un determinado vocabulario que, aunque no parezca muy trascendente, tiene mucha importancia para realizar este 'trasbordo ideológico' que nos preocupa. Así, aparecerán frecuentemente los vocablos diálogo, burguesía, proletariado, América latina, explotación, cambio de estructuras, capitalismo.»

• Historia, Formación Cívica, Economía, Geografía y Catequesis en los colegios religiosos, suelen ser las materias elegidas para el adoctrinamiento subversivo. Algo similar ocurre con Castellano y Literatura, disciplinas de las que han sido erradicados los autores clásicos, para poner en su lugar a 'novelistas latinoamericanos' o 'literatura comprometida' en general.
• Otro sistema sutil de adoctrinamiento es hacer que los alumnos comenten en clase recortes políticos, sociales o religiosos aparecidos en diarios y revistas, que nada tienen que ver con la escuela. Es fácil deducir cómo pueden ser manejadas las conclusiones.
• Asimismo, el trabajo grupal que ha sustituido a la responsabilidad personal puede ser fácilmente utilizado para despersonalizar al chico, acostumbrarlo a la pereza y facilitar así su adoctrinamiento por alumnos previamente seleccionados y entrenados para pasar ideas.

En el mismo año, el decreto 3155 prohibió la distribución, venta y circulación de los relatos infantiles «Un elefante ocupa mucho espacio», de Elsa Bornemann, y «El nacimiento, los niños y el amor», de Agnes Rosenstichl (ambos de Ediciones Librerías Fausto), por tratarse de «cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento, que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo».

El decreto 538, de mayo de 1978, estableció para profesores y maestros la lectura y comentario obligatorio del folleto «Conozcamos a nuestros enemigos», cuyo contenido resumió el diario La Prensa en ese mismo mes:

«El texto tiende a facilitar a los docentes la comprensión del proceso subversivo en el país, especialmente en el medio educativo, y brinda elementos de juicio sobre la forma de obrar del marxismo. Expone también la estrategia particular de la subversión en el ámbito educativo, sus modos de acción en todos los niveles educativos y en la actividad gremial del ámbito educativo (sic). En las conclusiones del trabajo, cuya lectura y aceptación por parte del personal docente y administrativo es obligatoria, se expresa que 'es en la educación donde hay que actuar con claridad y energía para arrancar la raíz de la subversión, demostrando a los estudiantes las falsedades de las doctrinas y concepciones que durante tantos años les fueron inculcando en mayor o menor grado.»

En octubre de 1978, una resolución del Ministerio del Interior prohibió las obras «La educación como práctica de la libertad» (Editorial Siglo XXI) y «Las iglesias, la educación y el proceso de liberación humana en la historia» (Editorial La Aurora), del pedagogo brasileño Paulo Freire, ya que, según las autoridades, «sirven como medio para la penetración ideológica marxista en los ámbitos educativos. Por otra parte, su metodología para interpretar la realidad, el hombre y la historia es manifiestamente tendenciosa. Las fuentes de pensamiento del autor, como los modelos y ejemplos que expone, son de clara inspiración marxista y toda su doctrina pedagógica atenta contra los valores fundamentales de nuestra sociedad occidental y cristiana».

En octubre de 1978 se prohibió la distribución de la novela «La tía Julia y el escribidor», del escritor peruano Mario Vargas Llosa, argumentando que «revela distorsiones e intencionalidad, así como reiteradas ofensas a la familia, la religión, las instituciones armadas y los principios morales y éticos que sustentan la estructura espiritual e institucional de las sociedades hispanoamericanas y, dentro de estas, a nuestra Nación, contribuyendo a mantener y expandir las causas que determinaron la implantación del estado de sitio».

En julio de 1980, por decreto 2038, se prohibió la utilización en el ámbito escolar de la obra Universitas, Gran Enciclopedia del Saber, de Editorial Salvat, editada en Barcelona, por «incurrir en falseamiento de la verdad histórica (...) analizando uno de los períodos más importantes de la historia moderna, como es el proceso de industrialización, bajo la metodología inspirada en el materialismo dialéctico».

En el mismo decreto se prohibía el Diccionario Salvat:

«Las dos obras revelan un proceso editorial sistemático, en el cual la Enciclopedia y el Diccionario cumplen la función expresa de ofrecer al estudiante (...) un léxico definitivamente marxista, mediante la utilización de palabras y acepciones que, lejos de corresponder fielmente a los significados propios de la lengua, tienden a sustituir estos por otros que responden y son típicos de esa ideología.»

En septiembre de 1980, un comunicado ministerial prohibió el uso en las escuelas de los textos de Antoine de Saint-Exupéry, autor, entre otros, de «El Principito».

Incluso se llegó a prohibir un libro de ingeniería titulado «Cuba electrolítica» por asociar, erróneamente, su título con el país caribeño. También se llegó al extremo de prohibir la enseñanza de algunos temas de matemática moderna y de teoría de conjuntos por considerarlos «subversivos».

Listas negras

Editores, periodistas, escritores, poetas, cantantes, fueron prohibidos:

• Aída Bortnik (escritora)
• Jorge Romero Brest (artista plástico)
• Roberto Cossa (dramaturgo y director de teatro)
• Crist (caricaturista)
• Joaquín Salvador Lavado Quino (caricaturista)
• Julia Elena Dávalos (cantante folclórica)
• Griselda Gambaro (escritora)
• Horacio Guaraní (cantautor folclórico)
• Nacha Guevara (actriz y cantante)
• César Isella (cantautor)
• Litto Nebbia (cantautor)
• Pacho O'Donnell (escritor)
• Gian Franco Pagliaro (cantante)
• Piero (cantautor)38
• Ariel Ramírez (pianista y compositor folclórico)
• Sergio Renán (cineasta)
• Mercedes Sosa (cantante folclórica)
• María Elena Walsh (cantautora y escritora)

Otros «desaparecieron» (fueron secuestrados, torturados y asesinados):

• Héctor Germán Oesterheld (guionista de historietas y escritor y)
  
• Paco Urondo (periodista y escritor)
• Rodolfo Walsh (periodista, escritor y traductor)
• Haroldo Conti (escritor y docente)
• Tilo Wenner (periodista y poeta)

Su relación con la Justicia

Como resultado de las tensiones entre las tres fuerzas armadas por el reparto del poder y las fracasadas políticas económicas de Martínez de Hoz, Videla fue apartado de su cargo. Lo reemplazó en la presidencia el Jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Viola.

Dos años después de restablecerse el régimen democrático en Argentina en 1983, fue juzgado y declarado culpable por el asesinato y la desaparición de miles de ciudadanos durante su gestión presidencial. Fue sentenciado a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y destitución del grado militar en 1985. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal lo halló penalmente responsable de numerosos homicidios calificados, 504 privaciones ilegales de la libertad calificada, aplicaciones de tormentos, robos agravados, falsedades ideológicas de documento público, usurpaciones, reducciones a servidumbre, extorsión, secuestros extorsivos, supresión de documentos, sustracciones de menores, y tormentos seguidos de muerte. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Naciónen 1986.

Videla cumplió sólo cinco años de prisión efectiva. En 1990, el entonces presidente Carlos Saúl Menem hizo uso de la facultad presidencial de indulto para dictar su excarcelación, junto con la de otros miembros de juntas militares y jefes de la policía de la Provincia de Buenos Aires y del dirigente montonero Mario Eduardo Firmenich, por los decretos 2741/90 y 2742/90. Menem argumentó la necesidad de "superar los conflictos pasados" para justificar la segunda tanda de indultos a jefes militares y guerrilleros.

En 1998 regresó a prisión, aunque brevemente, tras que un juez dictaminara que las causas por sustracción de menores durante el Terrorismo de Estado constituían un crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible. Pasó 38 días en la cárcel de Caseros hasta que se le concedió el derecho al arresto domiciliario en atención a su edad. La causa se encuentra actualmente siendo juzgada.

Su extradición a Alemania es solicitada desde el 2003 por el tribunal territorial de Núremberg, por su responsabilidad en el homicidio de la ciudadana alemana Elisabeth Kaesemann, asesinada en Argentina en mayo de 1977. En 2005 el sumario fue sobreseído por no hallarse constancia de un posible delito.

El 10 de octubre de 2008 perdió el beneficio de la detención domiciliaria en su piso del barrio porteño de Belgrano, y fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo, la principal base militar del país. El juez encargado del caso argumentó para tomar esta decisión que la gravedad de los hechos que se le atribuyen a Videla resultan un escollo insalvable para el otorgamiento de tal beneficio.

La fiscalía de Núremberg reabrió la causa contra Videla en diciembre de 2009 tras la aparición en Argentina del cadáver del ciudadano alemán Thomas Stawowiok..

En uno de los últimos juicios relativos a torturas y asesinatos llevado en cabo en 2010 en la Provincia de Córdoba (Argentina) Videla, volvió a negar que el tribunal pudiera juzgarlo, afirmando que "este tribunal, a mi juicio, carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los hechos protagonizados por el ejército mientras yo fui su comandante en el marco de la guerra interna librada contra el terrorismo subversivo". También reivindicó su dictadura y se reconoció responsable por todos los crímenes cometidos diciendo que asumía "en plenitud mis responsabilidades castrenses en todo lo actuado por el ejército argentino en esa guerra interna a la que he hecho referencia. Y esa responsabilidad la asumo con total "prescindencia" de quienes fueron mis subordinados y se limitaron a cumplir mis órdenes".

El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmando las sentencias de tribunales inferiores, dictó que el indulto que recibió del entonces presidente Menem no fue constitucional y la condena que anuló debía ser cumplida efectivamente.

EL 22 de diciembre de 2010 el Tribunal Oral Federal 1 sentenció con prisión perpetua a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, en el marco del juicio que se desarrolló en la ciudad de Córdoba por delitos de lesa humanidad e irá a una cárcel común.

En sus últimas palabras antes de la sentencia, el represor Jorge Rafael Videla volvió a reivindicar el terrorismo de Estado y justificó los crímenes de lesa humanidad que se le imputan: dijo que libró “no una guerra sucia, sino una guerra justa que aún no ha terminado”. También repitió lo que venía afirmando desde que comenzó el juicio el 2 de julio: que “los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país e intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci”, refiriéndose implícitamente a los Gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

El 5 de julio de 2012, se lo sentenció a cincuenta años de prisión luego de que el tribunal que lo juzgó lo encontrara culpable por el delito de secuestro y sustracción de identidad a menores de edad durante su gobierno de facto.

También fue investigado por la justicia española: documentos de la Audiencia Nacional de España hallados en 2015 describen la existencia de una red que manejaba los fondos robados a víctimas del terrorismo de Estado.

Videla montó varias empresas en ese país y registró cuentas en distintos bancos de Europa, donde guardó grandes cantidades de dinero que fueron robados a desaparecidos, que al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior.

Últimos años

En 2012 Jorge Videla se encontraba preso por crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la dictadura, en la base militar de Campo de Mayo.50 Desde allí, concedió una entrevista en febrero a la revista española Cambio 16, donde reivindicó la dictadura y sostuvo que el peor momento para los militares "llegó con los Kirchner", que por “un espíritu de absoluta revancha”, impulsó la reapertura de juicios por delitos de lesa humanidad.

Sus dichos provocaron el repudio de todo el arco político argentino y de las organizaciones de derechos humanos.En junio de ese mismo año fue trasladado a una cárcel común, el penal de Marcos Paz.

Fallecimiento

Según el parte médico del Penal de Marcos Paz, Jorge Rafael Videla falleció a las 6:25 de la mañana del 17 de mayo de 2013, a la edad de 87 años, por muerte natural. El ex-dictador argentino fue encontrado muerto en el penal sin pulso ni respiración, donde cumplía con el castigo de cadena perpetua.

Hasta el día de su muerte, Videla justificó el terrorismo de Estado que impuso en Argentina durante su dictadura  y nunca se arrepintió públicamente de sus crímenes.

Su fallecimiento provocó una importante cobertura periodística en medios de comunicación de casi todo el mundo.

Su entierro provocó fuertes repudios en su pueblo natal, Mercedes, ya que tras anunciar que sería enterrado allí, tanto los propios vecinos de Mercedes como además también muchos activistas por los derechos humanos colgaron carteles en el acceso al cementerio con los nombres de los veintidós desaparecidos que tuvo esa ciudad durante el régimen militar que presidió.

Videla ya era persona no grata en Mercedes: en 1998, el Consejo Deliberante por unanimidad votó esa declaración juzgándole indeseable. Finalmente fue sepultado en secreto en un cementerio de Pilar. Un portavoz del Estado Mayor General del Ejército declaró que no recibiría ningún honor militar en sus funerales por haber sido destituido del Ejército.