Como la Junta de representantes no se hallaba constituida de conformidad con lo dispuesto, después de la convención del Pilar, y para elegir gobernador propietario, se convocó el 6 de abril a elecciones para el 20 del mismo mes. Se hizo el escrutinio por el Cabildo el 27 y el resultado fue contrario a las previsiones de Sarratea, pues triunfaron los hombres del partido directorial unitario.
En la campaña, predominaba la influencia conservadora de los hacendados y se unió esta vez con los sectores conservadores de la ciudad por encima de la distinción entre federales y unitarios para la defensa de sus intereses y la garantía de la paz pública.
Por la ciudad resultaron electos: Tomás Manuel de Anchorena, por 212 votos; Victorio García de Zúñiga, por 127; Manuel Obligado, por 153; Juan José de Anchorena, por 133; Juan Pedro Aguirre, por 119; Vicente López, por 105; Antonio José de Escalada, por 95; Francisco Antonio de Escalada, por 89; Miguel Riglos, por 79; Juan José Paso, por 71; Juan de Alagón, por 70.
Es decir, la misma fracción de la minoría conservadora que había intervenido el 16 de febrero volvió a triunfar en las elecciones convocadas por Sarratea. El Cabildo fue integrado por elementos no favorables al gobernador interino.
Sarratea entonces, sin el apoyo de Carrera y de Alvear y con el general Soler en Luján, se vio aislado y vetó a algunos de los elegidos. Juan Pedro Aguirre y Vicente López se hallaban procesados, el primero por facilitar la salida del país de Pueyrredón y de Gregorio Tagle, y el segundo por haber sido secretario de Pueyrredón; Juan José Paso por estar complicado en el asunto del congreso con los portugueses; Tomás Manuel de Anchorena por lo mismo, las negociaciones con la corte del Brasil. Juan Pedro Aguirre estaba arrestado en su domicilio y se dispuso la misma medida con los representantes vetados.
Ildefonso Ramos Mexía una vez disuelto el Directorio y establecida la Provincia de Buenos Aires,, fue nombrado Presidente de la Asamblea de Representantes y fue electo gobernador por la Sala de Representantes el 6 de junio de 1820, en reemplazo de Manuel de Sarratea, que había renunciado. Una de las primeras medidas del gobernador Ramos Mejía fue la de consultar al Cabildo acerca del deber en que estaba el gobierno de permitirles a los ex miembros del Congreso de Tucumán que se encontraban presos que se retiraran a sus casas, “guardando en ellas el arresto que sufren en el punto en que se encuentran; o hacer éste extensivo a la ciudad, hasta la conclusión de su causa, y en atención a la avanzada edad, achacosa salud y consideraciones que se merecen por la alta representación pública que han obtenido y que exigen del gobierno una conducta más franca".
El Cabildo, estaba al frente del cual se hallaba Ildefonso Ramos Mexía, respondió al gobernador que había una diferencia entre las prohibiciones legales e interponer el veto; éste, en todo caso, correspondía a la Junta de representantes, pues de otro modo quedaría al arbitrio del gobierno impedir que fuesen representantes los que tenían derecho a serlo; la parte sana del pueblo no reconocía al gobernador poder judicial y por eso consideraba nulos los procesos iniciados.
Sarratea insistió el 30 de abril, cuando la Junta inauguraba las sesiones, que le correspondía el ejercicio de poderes judiciales fundándose para ello en los tratados y compromisos con las tres provincias federales. Tomás Manuel de Anchorena discutió agriamente con el gobernador Sarratea y la Junta triunfó sobre el criterio del gobernador; siete electos de la campaña juraron el 30 de abril.
El 19 de mayo se instaló la Junta de representantes en la sala capitular del Cabildo y ofició al gobernador para que pusiese en libertad a los diputados electos vetados y remitiese los procesos que se les seguían sin innovar nada; la Junta nombraría una comisión para que los instruyese y para adoptar la resolución conveniente. Sarratea se sometió, remitió los procesos formados a los congresistas y directoriales por haber negociado en torno al reconocimiento de un rey.
Después de ello, la Junta de representantes acordó destituir del mando a Sarratea y reemplazarlo por Ildefonso Ramos Mexía en carácter interino; el gobierno de Ramos Mexía duró poco más de un mes y medio. La Junta hizo comunicar a Soler que habría sido designado él de no mediar la circunstancia de ser necesaria su presencia al frente de las tropas, en previsión del ataque que planeaban Estanislao López y Alvear contra Buenos Aires.
Ramírez se había retirado a Entre Ríos, donde Artigas ordenó la concentración de las milicias para hacer frente a los portugues que lo habían derrocado en la Banda Oriental; Estanislao López hizo llegar al gobierno de Buenos Aires oficios insultantes desconociendo a Manuel Obligado como vicepresidente de la Junta y a Ramos Mexía como gobernador; la Junta adoptó medidas importantes considerando a Buenos Aires en estado de guerra.
Aunque Soler reclamaba el mando supremo, la Junta optó por Ramos Mexía, y lo designó gobernador propietario por un término no menor de ocho meses, "con todas las facultades civiles y militares", acompañado por un consejo de cinco miembros, y suspendió las sesiones por cuatro meses para defender la provincia contra la nueva invasión.
Anchorena presentó un reglamento de siete artículos en los que establecía restricciones a la autoridad del gobernador y fue aprobado, constituyendo el primer estatuto político de la provincia de Buenos Aires. En el consejo que habría de colaborar con el gobernador, fueron nombrados Andrade, Paso y Tomás M. de Anchorena; el gobernador estaba dotado de facultades omnímodas; es decir, ejercía una especie de dictadura legal, aunque el consejo y la Junta ponían límites a su autoridad absoluta y mantenían el equilibrio de los poderes.
El 16 de junio, los jefes y oficiales de las tropas al mando de Soler proclamaron a éste en Luján, de acuerdo con el Cabildo de esa villa, gobernador y capitán general de la provincia. Las actas de ese nombramiento fueron remitidas por Soler a la Junta de representantes en Buenos Aires, para que ésta las hiciese reconocer en toda la provincia. La Junta no tuvo más remedio que someterse y reconoció a Soler como gobernador. Ramos Mexía presentó su renuncia y la Junta, sin expedirse, le ordenó que depositase el bastón de mando en el Cabildo, y pidió a esta corporación que hiciese comunicar al general Soler que podía entrar en la ciudad sin hallar resistencia, después de lo cual se declaró disuelta.