El 6 de agosto de 1943 por medio de un decreto se creó la Comisión investigadora de los servicios públicos de electricidad de la ciudad de Buenos Aires.
La comisión estaba presidida por el coronel Matías Rodríguez Conde, con Juan Sábato y Juan Pablo Oliver como vocales. Su informe ocupa un tomo de 600 páginas y cuatro tomos de anexos; fue entregado en 1945, pero tan solo se dio a la publicidad en 1958.
Paralelamente actuó la Comisión investigadora de las concesiones eléctricas, presidida por el teniente coronel Alfredo J. Intzaugarat, con la cooperación de Walterio A. Ahrens, Juan Sábato y Jorge del Río.
La investigación sacó a relucir no pocos aspectos oscuros, como la ordenanza del 29 de diciembre de 1936, firmada por el intendente municipal Mariano de Vedia y Mitre y por el secretario de obras públicas, Amílcar Razzori, prorrogando la concesión originaria de 1907, que vencía en 1957, hasta 1997, es decir cuarenta años más. Eso en cuanto a la CHADE-CADE; pero similares ventajas obtuvo la CIADE, de Suiza, por medio de ordenanzas del Concejo deliberante. Concejales de la concordancia y del radicalismo alvearista aparecieron comprometidos y no faltaron tampoco demócratas y antipersonalistas.
La comisión investigadora los acusó de enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones. El propio Alvear aparece complicado, si no con miras a un beneficio personal, como amparador de la recepción de medios para la campaña electoral, procedentes de las empresas; la Casa radical parece que ha sido construida con aportes importantes de la CHADE. En resumen, una atmósfera de corrupción que no hacía honor a los partidos políticos.