Fusilamientos de Trelew

Los fusilamientos de Trelew ocurrieron, en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en Trelew, y consistió en el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones armadas peronistas y de izquierda, presos en el penal de Rawson, capturados tras un intento de fuga parcialmente exitoso y ametrallados posteriormente por marinos dirigidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa. Los sucesos tuvieron lugar en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, en la Patagonia austral.
El 15 de octubre de 2012, el Tribunal Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas, así como declarar a los crímenes cometidos de «lesa humanidad».

La evasión

A las 18:30 del 15 de agosto comenzó un masivo intento de fuga del Penal de Rawson, en la ciudad capital homónima de Chubut, provincia de la Patagonia argentina. Durante la fuga, Marcos Osatinsky asesinó al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, que se resistió. De los más de cien reclusos miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros, solamente un grupo de seis personas y otro de diecinueve lograron su objetivo.

El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunas declaraciones —especialmente la de Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros, único sobreviviente de ambos grupos de evadidos— afirman que Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga antes de que Santucho llegara al penal. El plan era realizar una fuga masiva de guerrilleros del Penal de Rawson, imitando la exitosa fuga que los Tupamaros habían protagonizado el 6 de septiembre de 1971 en la antigua cárcel montevideana de Punta Carretas, y que tuvo una gran repercusión en Uruguay.

Estos dos dirigentes, junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado Comité de Fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al entonces aeropuerto de Trelew (cuya pista es utilizada hoy en día por el Aeroclub Trelew, mientras que la terminal es un Centro Cultural por la Memoria) para abordar un BAC 1-11 de Austral Líneas Aéreas (matrícula LV-JNS), previamente secuestrada por un comando guerrillero de apoyo, cuyos integrantes —entre los que se encontraban Víctor Fernández Palmeiro (alias el Gallego, del ERP) y Anita Weissen, (FAR)— viajaban como pasajeros.

Torre de control del aeropuerto viejo de Trelew, actual Centro Cultural por la Memoria.

Secuestro del Vuelo 811 de Austral Líneas Aéreas

El 15 de agosto despegó pasadas las 18 horas (UTC-3) el habitual vuelo desde Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, llevando un total de 96 personas, entre pasajeros y tripulantes. Allí viajaban como pasajeros un comando guerrillero de apoyo formado por cuatro personas con armas escondidas. Entre los integrantes se encontraban Víctor Fernández Palmeiro, del ERP, y Anita Weissen, de FAR.

A las 18:30 horas comenzó un masivo intento de fuga del Penal de Rawson, en la ciudad capital de la provincia del Chubut. De la cárcel escaparon solamente dos grupos, uno de 6 y otro de 19 de los más de cien reclusos miembros de las organizaciones armadas Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.

El jefe del operativo era Mario Roberto Santucho, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, aunque algunas declaraciones -especialmente la de Fernando Vaca Narvaja, único sobreviviente de ambos grupos de evadidos- afirman que Marcos Osatinsky (de las FAR) había comenzado a planificar la fuga antes de que Santucho llegue al penal. Estos dos dirigentes junto a Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna integraban el denominado Comité de fuga, y fueron los únicos que pudieron huir rápidamente en un automóvil Ford Falcon que los esperaba, y trasladarse al aeropuerto de Trelew.

Una vez que el avión hizo escala en el entonces aeropuerto de Trelew cerca de las 19:20, Santucho cruzó la pista corriendo junto a Vaca Narvaja que, disfrazado de mayor del Ejército, hizo señas al avión para que parara. De la torre de control no entendían lo que estaba sucediendo. El avión se detuvo en ese momento porque los guerrilleros armados que viajaban como pasajeros ocuparon la cabina y amenazaron al comandante de a bordo. Los primeros seis guerrilleros evadidos del denominado comité de fuga subieron, y ordenaron esperar unos minutos. Desde la torre de control del aeropuerto ya se había avisado a un avión de Aerolíneas Argentinas próximo a llegar, que no aterrizara. El piloto del BAC 1-11 intentó resistirse diciendo: «no hay combustible para llegar a Puerto Montt». Encañonándolo, Santucho respondió: «pues habrá que llegar igual», mientras que Ferreyra dijo que «todos caerían en la cordillera».9 Para tranquilizar a los pasajeros, Quieto tomó el micrófono y dijo: «señores, no se preocupen, esto es un simulacro, les pedimos disculpas, quédense tranquilos en sus asientos; estamos haciendo un operativo de entrenamiento, porque acá hay una cárcel donde hay terroristas muy famosos».

Debido al temor de la llegada de las fuerzas armadas y por la tardanza del segundo grupo de 19 personas el avión finalmente despegó rumbo a Chile, aterrizando en el aeropuerto El Tepual de Puerto Montt.75 Cerca de las 22:00, el avión aterrizó en el aeropuerto de Pudahuel de Santiago de Chile. Las carreteras de acceso a la capital chilena estaban cerradas por los carabineros y los periodistas eran mantenidos a distancia, para evitar todo contacto con los guerrilleros fugitivos. A las 23:30 (hora de Buenos Aires: UTC-3), Santucho, Osatinsky y dos jefes policiales comenzaron a conversar en un salón central del aeropuerto de Santiago.

Luego de seis horas, a las 5:20, ya del 16 de agosto, Santucho y Osatinsky informaron a sus compañeros sobre las negociaciones en el aeropuerto. A las 5:45, los seis fugitivos del penal y sus cuatro ayudantes -Wiessen, Goldenberg, Ferreyra, Fernández Palmeiro- bajaron a tierra. Siete minutos más tarde, los pasajeros varones retenidos a bordo se reunieron en el vestíbulo con sus esposas e hijos, liberados cinco horas antes. El avión emprendió el regreso y llegó al aeroparque de Buenos Aires a las 7:32.

Los diez guerrilleros permanecieron en Chile, donde semanas más tarde el entonces presidente Salvador Allende les otorgó un salvoconducto para pedir asilo en Cuba.

Un BAC 1-11 de Austral en el Aeroparque Jorge Newbery, similar Vuelo 811 de Austral Líneas Aéreas al secuestrado en la fuga de Trelew.

Fernando Vaca Narvaja estando preso en la cárcel de Rawson en 1972, logró fugarse rumbo a Chile, el episodio fue conocido como la masacre de Trelew, en referencia al fusilamiento de quienes fracasaron en la huida. Fue uno de los testigos de la causa judicial abierta por tales asesinatos en 2009. Durante la última dictadura cívico militar se exilió, junto con otros miembros de su familia, en Ciudad de México en aquella ciudad, junto a su esposa, tuvo a su hijo Camilo

Mario Roberto Santucho en agosto de 1971, fue detenido en la ciudad de Córdoba y trasladado a la Cárcel de Villa Devoto, en Buenos Aires. Durante su estadía en el penal, reforzó los vínculos políticos con miembros del Partido Comunista, de Montoneros, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). El 15 de agosto de 1972, se fugó del penal de máxima seguridad de Rawson hacia Chile junto a otros dirigentes de las FAR y Montoneros, en un resonante operativo durante el cual asesinaron al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela, que incluyó el secuestro y desvío de una aeronave comercial de línea. Las FFAA asesinaron poco después a su esposa, Ana María Villareal -que estaba embarazada- y otros 15 militantes de diversas organizaciones populares en la llamada Masacre de Trelew.

Recaptura

Los 19 guerrilleros decidieron tomar la terminal aeroportuaria de Trelew, en la que se encontraban unos pocos pasajeros y personal de las aerolíneas. Al mismo tiempo, un avión de Aerolíneas Argentinas que estaba por aterrizar fue desviado por la torre de control. Frustradas sus posibilidades de fuga y luego de dar una conferencia de prensa a cargo de Rubén Pedro Bonnet, se entregaron a los efectivos de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales. Los hombres también pidieron retornar al penal de Rawson.

Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de éstos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.

Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor "Pepe" Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.

El espectacular intento de fuga y el éxito parcial de los seis máximos jefes guerrilleros, que más tarde lograron un salvoconducto para huir desde Chile hacia Cuba, tuvieron al gobierno militar y a la opinión pública en vilo durante tensos días. El sentimiento generalizado era que se tomarían cruentas represalias a manera de escarmiento contra los demás protagonistas de la fuga, en caso de no lograrse la repatriación de los seis jefes guerrilleros evadidos.

Debido a esta percepción, en la mañana del 17 de agosto el Partido Justicialista envió un telegrama al Ministro del Interior Arturo Mor Roig (parte de la mesa directiva del Partido Radical) con el siguiente texto: «Reclamamos respeto derechos humanos presos políticos unidad carcelaria Rawson responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión».

Fusilamiento

Mientras el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse intentaba presionar por todos los medios al presidente Allende para que deportara a los fugados en calidad de prisioneros, toda la zona de Rawson y Trelew se hallaba virtualmente ocupada por fuerzas del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional Argentina, quienes patrullaban continuamente y hacían prácticamente imposible cualquier nuevo intento de fuga. La propia Base Aeronaval de Trelew mantenía una numerosa dotación de 3000 efectivos de la Armada Argentina. Regía en toda la zona un estado de máxima alerta, todo lo cual hacía impensable reintentar otra operación de evasión.

En un clima de absoluto hermetismo y gran tensión, la noche del 21 de agosto permanecieron reunidos en la Casa de Gobierno los miembros de la Junta de Comandantes en Jefe de las tres fuerzas armadas, colaboradores y ministros. No se brindó ninguna información a los periodistas que aguardaban noticias.

A las 03:30 del 22 de agosto, en la Base Aeronaval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron sorpresivamente despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados indefensos por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Sosa y del teniente Roberto Bravo, falleciendo la mayoría en el acto, y algunos heridos fueron rematados con armas cortas en el piso. Al terminar los disparos, los siete sobrevivientes fueron llevados a la enfermería, pero no se les prestó ningún tipo de asistencia médica. Los únicos tres sobrevivientes fueron trasladados al día siguiente a Puerto Belgrano, donde fueron intervenidos.

La versión oficial del suceso indicaba que se había producido un nuevo intento de fuga, con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas en las filas de la Marina.

La misma noche del 22, el gobierno sancionó la ley 19 797 que prohibía toda difusión de informaciones sobre organizaciones guerrilleras. En los días sucesivos, hubo manifestaciones en las principales ciudades de la Argentina, y numerosas bombas fueron colocadas en dependencias oficiales como protesta por la matanza.

Juan Domingo Perón calificó la masacre como un «asesinato».

Los fusilados fueron:

Alejandro Ulla (PRT-ERP)
Alfredo Kohan (FAR)
Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)
Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)
Carlos Astudillo (FAR)
Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
Eduardo Capello (PRT-ERP)
Humberto Suárez (PRT-ERP)
Humberto Toschi (PRT-ERP)
José Ricardo Mena (PRT-ERP)
María Angélica Sabelli (FAR)
Mariano Pujadas (Montoneros)
Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP)
Susana Lesgart (Montoneros)

Los heridos, que lograron sobrevivir a la masacre y que dieron testimonio de los hechos, fueron luego asesinados durante el gobierno militar subsiguiente autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983):

Alberto Miguel Camps (FAR - muerto en 1977)
María Antonia Berger (FAR - desaparecida en 1979)
Ricardo René Haidar (Montoneros - desaparecido en 1982)

El parco comunicado oficial del gobierno al respecto fue brindado a la prensa por el contralmirante Hermes Quijada, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien a los pocos meses, el 30 de abril de 1973, fue asesinado a balazos en el céntrico barrio del Congreso —ciudad de Buenos Aires— por Víctor José Fernández Palmeiro del ERP —alias El Gallego— desde una motocicleta, quien a su vez cayó muerto por los disparos del chofer del militar.

En líneas generales, la explicación del gobierno mencionaba que al realizar el jefe de turno (el capitán Luis Sosa) una recorrida de control en el alojamiento de los presos, mientras éstos se encontraban en un pasillo, fue atacado por la espalda por Mariano Pujadas, quien habría logrado sustraerle su pistola ametralladora. Escudándose en el oficial los presos intentaron evadirse, pero el marino logró liberarse y fue atacado a tiros, resultando herido. En tal circunstancia —y siempre según los dichos del almirante— la guardia contestó el fuego contra los reclusos y se inicia así un intenso tiroteo, con los resultados conocidos: de los 19 reclusos, 16 fueron muertos y 3 heridos graves. Las obvias preguntas al respecto que realizaron los periodistas ante esta inverosímil declaración no fueron respondidas. Inclusive cuando se le preguntó si el capitán Sosa estaba realmente herido, el almirante Quijada respondió: «No puedo contestar. Es secreto de sumario.»

Responsabilidades y consecuencias

Las versiones más documentadas de los confusos episodios que derivaron en esta tragedia coinciden en que la decisión de ejecutar a los prisioneros fue tomada por las autoridades de la Armada, sin el consentimiento expreso del gobierno del presidente Lanusse, quien luego no tuvo más alternativa que asumir la responsabilidad por los hechos.

Fue muy elocuente en tal sentido el discurso pronunciado el 5 de septiembre de 1972, a pocos días de la masacre, por el entonces capitán de navío Horacio Mayorga en la misma Base Aeronaval Almirante Zar donde ocurrieron los hechos, y frente a todo el personal de esa dependencia: «No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos».

Por parte de las organizaciones guerrilleras, existió desde el primer momento el convencimiento de que la matanza fue un hecho planificado y decidido por los máximos exponentes del gobierno, es decir, la Junta Militar. La consigna que inmediatamente adoptaron las fuerzas insurgentes después de conocido el fusilamiento fue: «La sangre derramada no será negociada». En tal sentido, durante los meses siguientes se produjeron gran cantidad de hechos de violencia en venganza por los caídos de Trelew.

Años más tarde, en una versión alternativa comentada por el brigadier general Carlos Rey (integrante de la mencionada Junta) al historiador Robert Potash, el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea asegura que el lamentable suceso fue «…un atroz accidente motivado por la tensión, el miedo y el exceso de celo en la seguridad».

En tanto en su libro Mi testimonio, el general Lanusse ratificó la versión oficial original, haciendo mención a que el 16 de agosto le había ordenado al general Eduardo Ignacio Betti, comandante de la IX Brigada, que los detenidos fueran trasladados de la base aeronaval a la cárcel de Rawson, «por no tener la base de Trelew instalaciones adecuadas ni personal capacitado para su vigilancia.» Según el propio Lanusse, tal orden no fue cumplida, aseverando que «los trágicos hechos del 22 de agosto ponían en evidencia que mis temores habían sido lamentablemente acertados».

La cadena de mando al tiempo de la masacre y los principales actores involucrados en ella fueron:

No obstante todas las contradicciones y las diferentes versiones de los sucesos, la matanza de Trelew es considerada por estudiosos de la historia argentina de la época, como el hecho inaugural del terrorismo de estado como metodología sistemática para luchar contra las organizaciones políticas armadas, sin las limitaciones que impone la ley.

Teniente general Alejandro Agustín Lanusse - presidente de facto y comandante en jefe del Ejército
Almirante Carlos Guido Natal Coda - comandante en jefe de la Armada
Brigadier general Carlos Rey - comandante en jefe de la Fuerza Aérea
Contralmirante Hermes Quijada - jefe del Estado Mayor Conjunto (asesinado luego en venganza)
General de brigada Eduardo Ignacio Betti - jefe del operativo militar en la zona de emergencia
Capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini - Jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar
Capitán de fragata Luis Emilio Sosa - A cargo de la fuerza de Infantería de Marina acantonada en la Base Aeronaval al momento de la tragedia
Teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo - Oficial superior, presente durante los hechos
Arturo Mor Roig - Ministro del Interior (asesinado en 1974 por Montoneros)
Jorge V. Quiroga - Juez de la Cámara Especial (asesinado luego en venganza)

Los prisioneros recapturados desde el arribo a la base naval Almirante Zar, los militantes -rigurosamente incomunicados y sancionados cada vez que eran encontrados hablando- mantuvieron diálogos usando el lenguaje de las manos y a veces el sistema morse con los golpes. Una semana después, el 22 de agosto a las 3:30 de la madrugada, se les ordenó a los prisioneros políticos salir de sus celdas y formar en el pasillo. Los diecinueve fueron acribillados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo.

Ana María Villareal era la esposa de Marío Santucho y el 15 de agosto de 1972 Villarreal se fugó del penal junto a otros integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ERP y Montoneros, en un resonante operativo durante el cual asesinaron al guardiacárcel Juan Gregorio Valenzuela. Por fallas en el operativo sólo un puñado de dirigentes guerrilleros llegó a tiempo al aeropuerto y Villarreal, que integraba un segundo grupo de 19 evadidos logró arribar por sus propios medios en tres taxis al aeropuerto, pero llegaron tarde, justo en el momento en que la aeronave despegaba rumbo al vecino país de Chile, gobernado entonces por el socialista Salvador Allende. Al ver frustradas sus posibilidades, luego de ofrecer una conferencia de prensa este contingente depuso sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales. Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, condujo a los prisioneros recapturados dentro de una unidad de transporte colectivo hacia dicha dependencia militar. Ante la oposición de estos y el pedido de ser trasladados de regreso nuevamente a la cárcel de Rawson, el capitán Sosa adujo que el nuevo sitio de reclusión era transitorio, pues dentro del penal continuaba el motín y no estaban dadas las condiciones de seguridad.
Al arribar el contingente al nuevo destino de detención, el juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor "Pepe" Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y fueron obligados a retirarse.
A las 03:30 horas del 22 de agosto, en la Base Naval Almirante Zar, los 19 detenidos fueron despertados y sacados de sus celdas. Según testimonios de los tres únicos reclusos sobrevivientes, mientras estaban formados y obligados a mirar hacia el piso fueron ametrallados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Guillermo Bravo, falleciendo en el acto o rematados después con armas cortas la mayoría de ellos, incluidas Villarreal y Lea Place.

Clarisa Lea Place mientras estudiaba Derecho, alumna brillante, en la Universidad Nacional de Tucumán, comenzó a militar en el trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, con cuyo dirigente Mario Roberto Santucho mantuvo desde 1969 una relación íntima. Con sus compañeros de militancia recibió instrucción militar en el monte de su provincia y participó como delegada cuando el PRT-El Combatiente decidió en el V Congreso entre el 28 y el 30 de julio de 1970 la formación del Ejército Revolucionario del Pueblo y sumar la organización al “proceso de guerra revolucionario que ha comenzado” desde el Cordobazo”, según su interpretación, la rebelión de las masas contra la dictadura. El 28 de enero de 1971 fue detenida por la policía tras participar en un reparto de comida en un barrio pobre de Tucumán y llevada a la Cárcel del Buen Pastor en San Miguel de Tucumán. Mario Santucho organizó un operativo en el transcurso del cual el 11 de junio de 1971 la rescató de la cárcel al igual que a su esposa Ana María Villarreal y otras militantes. Poco después fue nuevamente detenida y estaba alojada en el penal de máxima seguridad de Rawson cuando se produjo el intento de fuga, fue capturada el 22 de agosto y fue también fusilada.

Primera página de los diarios Clarin y Crónica informando sobre la fuga del penal de Trelew y la toma del aeropuerto

El almirante Hermes Quijada fue el encargado de leer por televisión la versión oficial sobre los sucesos del 22 de agosto en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, cuando fueron asesinados por las fuerzas armadas 16 guerrilleros detenidos sin posibilidad de defenderse, en lo que luego se conoció como la Masacre de Trelew. Hermes Quijada fue atacado el 30 de abril de 1973 cuando viajaba en su automóvil en el cruce de las calles Junín y Cangallo (actualmente llamada Tte. Gral. Perón) en el barrio Congreso de la ciudad de Buenos Aires, en el ataque recibió seis disparos a quemarropa, uno de ellos en la cabeza, que le produjeron la muerte poco después de ingresar al Hospital Naval. En la oportunidad resultó muerto también uno de los atacantes, Víctor José Fernández Palmeiro, miembro del ERP-22. Al ser asesinado tenía el grado de de contralmirante y fue promovido post mortem al grado inmediato superior por la llamada ley secreta 20 339/73.

De los 19 fusilados en Trelew murieron 16 en el momento , los 3 heridos fueron desaparecidos en la dictadura de 1977.

Fallo de la justicia en 2012

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas. La sentencia se leyó en el centro cultural «José Hernández» de Rawson, donde se desarrolló el juicio desde mayo del mismo año, en una sala en la que había familiares y compañeros de los fusilados, junto a veteranos militantes chubutenses de la solidaridad con los presos políticos.

El Tribunal absolvió a Rubén Paccagnini, para quien se habían pedido dos años de prisión, y a Jorge Bautista, acusado de encubrir los crímenes. También dispuso reiterar el pedido de extradición de Roberto Bravo, con residencia en Estados Unidos, y declarar a los crímenes cometidos como de «lesa humanidad». El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelves, manifestó su disconformidad con las dos absoluciones y dijo que las apelaría. Asimismo, se dictaminó que los encontrados culpables permanecieran libres hasta que la condena tenga sentencia firme.

El 19 de marzo de 2014 la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ratificó las condenas a prisión perpetua de Sosa, del Real y Marandino. Anuló, además, las absoluciones de Paccagnini y a Bautista.

A través de una audiencia abierta al público, los jueces Liliana Catucci, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky calificaron por unanimidad los fusilamientos como «delitos de lesa humanidad». En el caso de Paccagnini, los camaristas ordenaron además que se le prohíba salir del país. Tanto Paccagnini como Bautista están en libertad porque la sentencia nunca estuvo firme.

Dictador Alejandro Agustin Lanusse