Congreso ante diversos problemas

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En diciembre de 1817 se aprobó la solicitud presentada por Enrique Gennedy para que se le otorgase privilegio para establecer una fábrica de armas de toda clase. El asunto de los reclutas y de las deserciones mereció también su atención a menudo. Los ejércitos mostraban signos de cansancio después de cinco arios de iniciada la lucha por la independencia; la desorganización y los contrastes sufridos habían debilitado su poder y carecían a menudo de todo. 

Sólo San Martín había logrado dotar al suyo de los elementos más necesarios para la empresa proyectada, gracias a la dedicación especial de Pueyrredón, que lo respaldó en todo momento. Los desertores aumentaron considerablemente y difundían por el interior el pesimismo, creando no pocas dificultades al gobierno. El 2 de abril de 1816 se acordó un indulto general y se autorizó al poder ejecutivo a reclutar hasta el 5 por ciento de la población en edad militar por el término de dos años.

Reparto de tierra

Pueyrredón, director supremo, se preocupó de disponer y reglamentar el reparto de tierras a causa de la extensión de las fronteras hasta Kaquel-Huincul. Los fuertes españoles de Chascomús, Lobos, Luján, Areco, Salto y Rio IV continuaban siendo en el sur el límite, la frontera entre el llamado desierto y la civilización de los blancos. 

El indio llegaba casi a las puertas de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe; las fronteras estaban mal defendidas y los pobladores de la campaña vivían en el temor de invasiones. Pueblos y gobiernos coincidían en la preocupación de contener el peligro y alejar la amenaza. La línea de fortines no era compacta ni segura, faltaban elementos para su mantenimiento. 

Pueyrredón, al mismo tiempo que una acción militar, quería desarrollar una labor de poblamiento, mediante la adjudicación de tierras y la protección de los actuales y los nuevos poseedores. El Congreso, el 13 de mayo de 1817, lo facultó para adjudicar campos en propiedad, procediendo "conforme a derecho y sin perjuicio de las reglas que en adelante hayan de prescribir". 

El 22 de julio se hizo un llamado a los estancieros para que ayudasen a la expedición que se proyectaba, prometiendoles en cambio preferencias en las nuevas distribuciones de tierras; también se exhortaba a los oficiales del ejército que no se hallasen en servicio activo, a pedir tierras en donación en la nueva línea. 

En noviembre de 1818 se fijó el criterio para las donaciones; se concedían en merced, como en los tiempos de la colonia, terrenos baldíos dentro de la línea de fronteras, con la obligación de poblarlos a los cuatro meses de tomar posesión de los mismos; el gobierno protegería a los nuevos propietarios y éstos debían contribuir con su persona y elementos a la defensa común. 

El 20 de febrero de 1819, el Congreso concedió la propiedad de las tierras ocupadas más allá de la línea de fronteras y a los que se estableciesen en adelante en ellas, "no tanto por título de gracia, cuanto de rigurosa justicia".

La medida fue ampliada a los terrenos baldíos de las fronteras de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, etc. Más tarde, a raíz de una petición de Cuyo, decidió que sólo se entregasen gratuitamente algunas tierras y que se formase una comisión redactora de un reglamento para el reparto.

Los pedidos de tierras debían hacerse directamente al superior gobierno, para evitar los abusos de la intervención del jefe de fronteras, que posteriormente había de ser algo como el símbolo del despojo y del desorden.

El gobierno quería asegurar la propiedad a los trabajadores de la campaña; y deseaba proporcionar en el campo medios de vida a los veteranos, no habiendo recursos para compensarlos por los sacrificios hechos, alentando la idea de un militar-agricultor. Pero la simple donación de tierras no era estímulo suficiente, si no se completaba con otra ayuda, de herramientas, semillas, ganado, liberación de impuestos, etc. La tierra era entonces lo que menos valía. Las dificultades se acumularon y los agraciados, por la hostilidad de los indios, o por otras causas, no pudieron poblar la tierra obtenida hasta pasados algunos años, pero la codicia de acaparadores de tierra se manifestó en la cantidad de denuncias de grandes superficies. Miguel Ángel Cárcano tiene razón cuando dice: "En la primera época de la inde-pendencia, el gobierno no podía emplear otro método que las donaciones para poblar su territorio y especialmente la frontera Si no podía garantir la propiedad de la misma tierra que concedía, ¿cómo iba a venderla?"

Las donaciones del Directorio favorecieron y consolidaron la estancia, el latifundio ganadero, donde fue asentando el caudillo de la campaña, rico en hacienda, en peonaje, y negociador de cueros en el régimen del comercio libre. El estanciero fue útil en su hora en el avance de las fronteras, pero después fue asiento de desorganización, de desintegración, de feudalismo.

El poblamiento se fue extendiendo en torno a las rutas tradicionales de tránsito, en los caminos a Córdoba y a Santa Fe; en Entre Ríos y Corrientes, con salida fácil por los ríos; en los valles de Jujuy y Salta, donde aún prevalecían las antiguas mercedes de la época colonial, alte-radas por la guerra de la independencia, la despoblación y la ocupación por el caudillaje.

Deliberación sobre la iglesia

La Iglesia también fue motivo de deliberaciones, en especial para llenar las vacantes en las catedrales.

En materia de instrucción pública se fomentó la instalación de escuelas de primeras letras en los pueblos de la campaña; y se gravó cada cabeza de ganado destinado al consumo a fin de arbitrar fondos para las escuelas de la campaña. Se restableció el antiguo Colegio de San Carlos con el nombre de Colegio de la Unión del Sud, para estudios secundarios; se dotaron cátedras, se instituyeron becas, etc. También se aprobó el proyecto del gobierno para la fundación de la universidad de Buenos Aires, iniciativa que llevó a cabo el gobierno de Martín Rodríguez en 1821.

Problemas financieros

Fue un período difícil en materia de recursos financieros para atender los gastos militares y los de la administración civil. El comercio exterior no rendía a causa de los escasos productos que podían destinarse a la exportación: cueros, sebo, carne salada y tasajo; además; quedó interrumpido el tráfico con la Banda Oriental y con el Paraguay, este último proveedor de yerba mate y de tabaco.
Fue necesario acudir a empréstitos reiterados, que recaían mayormente en los españoles europeos residentes en el territorio; las contribuciones forzosas se sucedieron y fue preciso recurrir a toda suerte de presiones para hacerlas efectivas. 

Hubo más de doce empréstitos forzosos por aquellos años, desde 6 mil pesos fuertes para pagar los fletes de las carretas que llevaban elementos para el ejército, hasta 500.000. Se recurrió también al empréstito voluntario entre 1.805 individuos a 100 pesos mensuales, que no dio resultado; la capitación sobre 76.000 personas, cuyo producto se previó en 546.000 pesos, tampoco se pudo aplicar. 

Se propuso, en la desesperante penuria, la confiscación de la tercera parte de los bienes de los españoles pudientes, pero el proyecto quedó descartado.

Fueron creados impuestos nuevos, en su mayor parte letra muerta; se echó mano a economías, a la disminución del sueldo de los empleados y de la dieta de los diputados, arbitrios todos de emergencia sin mayor alcance práctico. 

El costo de la conducción de la guerra de la independencia era superior a las posibilidades económicas y financieras del país.
Para el pago de las deudas atrasadas se autorizó a la aduana a recibir la mitad de los derechos en efectivo y la otra mitad en créditos contra el gobierno. 

Hubo gran abundancia de papeles expedidos por las autoridades desde 1810, certificados de empréstitos forzosos y voluntarios, compra de efectos y esclavos, sueldos y pensiones impagos, etc.
Los tenedores de esos certificados y recibos acudían en vano a las oficinas gubernativas y vendían sus créditos hasta con un 80 por ciento de quebranto.

El Directorio fundó la Caja Nacional de Fondos de Sud América para absorber el ahorro; pero después de tres años de fundada sólo habían ingresado en sus cajas siete mil pesos. La Caja, suprimida en 1821 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue precursora del futuro Banco de Descuento.
También se autorizó la amonedación de cobre y el establecimiento de una Casa de Moneda, pero ambos acuerdos quedaron sin ejecución.

Todo el ingenio era poco para arbitrar medios para una tarea superior a las fuerzas del país, asolado por la guerra, por la sangría permanente de hombres y elementos para la lucha dentro del país, en las fronteras del norte, en Chile, contra los indios, etc.