En esta sesión se produce la renuncia del gobernador Vicente Fidel López y Planes, la cual es aceptada y llega una comunicación de Urquiza en donde cierra la Sala de Representantes da órdenes al jefe de policía de clausurar algunos diarios y de embarcar a algunos opositores obligándolos a ir al exilio.
Al iniciarse la sesión del día siguiente en la Sala de representantes se leyó el documento con que el gobernador Vicente Fidel López y Planes presenta la dimisión de su cargo.
Una comisión especial integrada por los diputados Portela, Obligado, Carreras y Esteves Sagui, proyecta los términos de la respuesta al mensaje del gobernador y una ley aceptando la renuncia, todo lo cual es aprobado sin mayor discusión. No hubo expresión alguna de simpatía o de reconocimiento para el dimisionario; en el salón había 43 diputados presentes.
La comisión fijó para el día siguiente, 24 de junio, la asunción del gobierno por el presidente de la Sala, general Pinto.
Pero al reunirse la Cámara para proseguir el debate se leyó una nota del general Urquiza, fechada en Palermo de San Benito, el mismo 23 de junio, en la que el director provisional de la Confederación comunicaba que había resuelto hacerse cargo provisionalmente del gobierno de la provincia y declarar disuelta la Sala de representantes.
Luis José de la Peña regresó a Buenos Aires poco después de la batalla de Caseros, y fue ministro de relaciones exteriores del general Urquiza y, poco después, del gobernador Vicente López y Planes.
Al mismo tiempo comunicaba al jefe de policía, Miguel Azcuénaga, la orden de prender a Dalmacio Vélez Sarsfield, Bartolomé Mitre, Irineo Portela, Pedro Ortiz Vélez y Miguel Toro y Pareja y que, embarcados en el barco de guerra Merced, se les dejase en libertad de elegir el destino que mejor les pareciese. Le ordenaba también clausurar los diarios, dejando habilitada una sola imprenta para las noticias oficiales.
Aunque no estaba en el ánimo de Urquiza la implantación de una nueva tiranía, su decisión fue interpretada como indicio de su advenimiento: la Sala de representantes fue clausurada, los portavoces de la oposición desterrados, la prensa suprimida. Mitre fue desprovisto de su grado militar.
Urquiza quería salvar así al país de la demagogia como lo había salvado de la tiranía. No podía ver con indiferencia la licencia que había hecho explosión en Buenos Aires, el desborde de la prensa, la agitación pública y sus amenazas, el espectáculo de la legislatura, porque todo ello ponía en peligro sus propósitos de organizar la nación.
Mitre , Portels y Velez Sarfield fueron deportados el 23 de Junio por orden de Urquiza.
Una nota del ministro de relaciones exteriores, Luis José de la Peña, al gobernador delegado de Entre Ríos, el 26 de junio, explica así los sucesos:
"La Sala de representantes sin libertad en sus deliberaciones, los ministros del poder ejecutivo forzados a renunciar a sus destinos, y el gobernador mismo de la provincia teniendo que resignar una autoridad cuya voz era desoída y sofocada por la algazara de la más intolerable demagogia, constituían un verdadero estado anárquico que el director provisorio no podía tolerar sin una gran responsabilidad ante la Nación y el mundo entero".
La idea de la conspiración y de la resistencia por todos los medios echó raíces en Buenos Aires; el pasionismo reinante no vio otra salida ante el peligro temido y abultado de la nueva tiranía.
Ahora se puede concordar con Cárcano:
"Si el general Urquiza respeta la independencia legislativa; si busca la solución del conflicto por términos legales y amistosos si en todo caso abandona a Buenos Aires a su decisión como tuvo que hacerlo después, la unidad nacional no se habría retardado en una década. Esta actitud habría disipado recelos y antagonismos, calmado alarmas y pasiones locales, tranquilizado ambiciones y conducido a Buenos Aires a la tarea común y solidaria. El momento exigía confianza y libertad, y no violencia y sometimiento; la penetración en la conciencia cívica del acento honesto y sincero, del desinterés personal y alto móvil del libertador".
Pero en el momento era difícil decidir cuál era la mejor conducta, pues Urquiza no confiaba plenamente en los hombres que influían en la opinión porteña; la situación podía degenerar en tumultos que pondrían en peligro todos los planes de organización nacional. Y los tumultos se produjeron, en efecto, el 11 de septiembre, y lo que se había querido evitar, por un lado, apareció incontrastable por otro.
Inicialmente no hubo resistencia en aquellas horas turbulentas; las tropas de Palermo ocuparon lugares estratégicos en la ciudad y los soldados del general Virasoro patrullaron día y noche para evitar excesos.
Urquiza publicó dos proclamas deplorando y condenando los extravíos del pueblo porteño y repitió su programa y sus promesas. El 26 de junio volvió a designar gobernador provisional a Vicente López. En ese interinato nombró a Francisco Pico rector y cancelario de la universidad, en reemplazo de Miguel García, aunque ya el 14 de julio dimitió, siendo nombrado en su lugar Barros Pazos.
El 24 de julio volvió López a renunciar al cargo ante el director provisional y éste reasumió el mando y se dispuso a gobernar con el voto consultivo de un consejo de Estado, compuesto por las mismas personas que formaban el consejo de hacienda del gobernador López, por el tiempo necesario para restablecer las autoridades legales.