Los cinco meses del gobierno de Vicente López fueron fecundos en materia administrativa, aunque estuvieron llenos de dificultades. La provincia fue reorganizada, se impuso un orden en los servicios públicos; fueron restablecidos los tribunales de justicia, se atendió al régimen de la campaña; fue organizada la guardia nacional; se restableció la Sociedad de Beneficencia y el departamento topográfico; se organizó la oficina de estadística; se regularizó el sistema tributario, la percepción de las rentas; la caja de depósitos; la posesión de Martín García.
A fin de cooperar en las medidas de hacienda, se constituyó un consejo para el cual fueron designados hombres de todos los partidos: Bernabé Escalada, Salvador María del Carril, Nicolás Anchorena, Francisco Pico, Ignacio Martínez, José Barros Pazos, Felipe Llavallol, Francisco Moreno, Amancio Alcorta. Se fomentó la instrucción pública, la Biblioteca nacional, la conservación de caminos, el comercio de cabotaje, los hospitales, las diversiones públicas, el teatro.
Urquiza, por su parte, tampoco desatendió las mejoras en los servicios administrativos; trabajó con un solo ministro, el de relaciones exteriores J. L. de la Peña; cuidó de la seguridad de las fronteras y de la regularidad de las comunicaciones. La circulación de los correos se extendió a toda la República. Nombró comisiones para redactar los códigos civil, penal, comercial y de procedimientos; para el primero se designó redactor a Lorenzo Torres y consultores a Alejo Villegas y Marcelo Gamboa; para el código penal, a Baldomero Garcia, como redactor y como consultores a Manuel Insiarte y Felipe Arana; para el de comercio, redactor J. B. Gorostiaga y consultores Vicente López, Francisco Pico, José M. Roxas y Patrón y Francisco Balbin; para el de procedimientos, redactor José B. Pérez, consultores José Barros Pazos y Eduardo Lahitte; por renuncia de Lorenzo Torres fue designado Vélez Sarsfield en su lugar como redactor del código civil. El haber sido Vélez Sarsfield uno de los mayores enemigos del acuerdo de San Nicolás, no impidió a Urquiza recurrir a su competencia. Reorganizó las aduanas, la casa de moneda y el cabildo eclesiástico; suprimió las gabelas sobre el comercio marítimo; protegió las industrias nacionales, especialmente la ganadería; reunió veinte millones de pesos de recursos" ordinarios para los gastos del año; conservó el metálico a 264 pesos por onza; declaró que no se harían emisiones de papel moneda y aplicó con rigor los decretos vigentes sobre contratos de agio y reducción del descuento al medio por ciento. Estableció un asilo de inválidos militares; organizó el régimen municipal de la ciudad de Buenos Aires; decretó la amnistía para los emigrados por causas políticas y con su estímulo y su apoyo se fundaron la Bolsa de Comercio y el Club del Progreso. No olvidó tampoco las relaciones internacionales; envió a Derqui al Paraguay y sus gestiones culminaroh en un tratado de límites, amistad, comercio y navegación y en el reconocimiento de la independencia de aquel Estado; también se firmó un tratado de amistad, comercio y navegación con Portugal.
En el afán de limar las disidencias de los partidos, no vaciló Urquiza en recurrir a personalidades de los sectores enemigos; Baldomero García, de actuación notoria al lado de Rosas, fue nombrado vocal de la Cámara de justicia; Antonino Reyes, bien conocido como adicto al tirano y a sus procedimientos, fue designado oficial de estado mayor del recientemente creado ministerio de guerra y marina; Pedro de Angelis, el periodista que mantuvo la adhesión al régimen y la polémica con los proscriptos, fue llevado a la dirección de estadística. Pero tratándose de personas tan destacadas en su figuración durante la tiranía, esos nombramientos no podían menos que causar disgusto.