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Presidencia de Roque Saenz Peña
Proyecto de ley electoral
Roque Sáenz Peña inspiró fe en los círculos políticos y tanto Hipólito Yrigoyen, que lo visitó después del triunfo, como Lisandro de la Torre y los socialistas, comprendieron que esta vez la reforma de la ley electoral era un fruto maduro y sería efectiva.
Comienza la reforma metódica del régimen electoral con el primer mensaje del poder ejecutivo al Congreso, el 17 de diciembre de 1910, en el que propone el enrolamiento general de los ciudadanos y la confección de un nuevo padrón electoral, la mejor manera para estimular y garantizar el voto.
El padrón electoral se haría sobre la base del registro de enrolamiento, en el que se eliminarían los ciudadanos privados del derecho electoral por las leyes nacionales. El enrolamiento quedaría a cargo del ministerio de guerra, y el poder judicial indicaría quiénes eran los ciudadanos con derecho al voto.
Como no se identificaba a los votantes, era posible el acaparamiento de las libretas cívicas y la concurrencia a los comicios de personas que no tenían derecho a votar.
Un nuevo proyecto de ley quitaba al poder ejecutivo el cuidado del padrón electoral y lo entregaba al poder judicial, que designaba los funcionarios que debían preparar y realizar la elección.
Un tercer proyecto de ley, del 11 de agosto de 1911, modificaba fundamentalmente el sistema electoral en vigor hasta allí, se proponía garantizar el sufragio y crear el sufragante. Se sustituía el escrutinio, tal como se practicaba, por la lista incompleta, lo que significaba la representación de las minorías. El voto era obligatorio y secreto.
Tales eran los proyectos con los cuales el presidente Sáenz Peña cumplía la promesa de reforma de la ley electoral.
La opinión pública acogió con simpatía los proyectos de reforma. En la Cámara fue objeto de oposición la iniciativa de la lista incompleta. Tres meses estudió el proyecto la comisión de negocios constitucionales, con la asistencia del ministro del interior, Indalecio Gómez. Se inició la discusión con la presencia casi completa de diputados, senadores, diplomáticos, magistrados, funcionarios, público entusiasta. Marco Aurelio Avellaneda, de Buenos Aires, eleva la voz contra el proyecto de la lista incompleta; el progreso realizado en el país se logró mediante el sistema de la lista completa. Dijo que la reforma propiciada era inocua, antidemocrática y anticonstitucional, era una mera ofrenda de paz a un partido que vivía conspirando y pidió al gobierno que se ocupase de asuntos ,más importantes que el de la reforma electoral.
Horacio Varela, de la provincia de Buenos Aires, es también partidario de la lista uninominal y dice que la Constitución no ha querido que estén representadas las minorías.
El ministro Gómez defendió el proyecto. "La Constitución admite otro sistema que el actual y la regla de la pluralidad no comporta el sistema de las mayorías. Los sistemas electorales no son de la Constitución, sino de la ley, y la Constitución no establece un sistema cerrado". Defiende el sistema de la lista incompleta. "Cuál es la condición de nuestra vida pública? El espíritu cívico está muerto; nuestra democracia es nula; el pueblo no vota. Hay poderes constituidos, sin embargo; hay gobiernos en las provincias y la Nación; hay congresos y legislaturas compuestos de hombres distinguidísimos y, sin embargo, la democracia, el pueblo, tiene cierto desabrimiento respecto de este congreso tan dignamente compuesto. ¿Por qué? Porque no ha sido elegido en comicios sanos, sino por un sistema corrompido y desfigurado"... No hay democracia y la Constitución ordena que la haya. Tres son los males que aquejan al país: la abstención, el fraude y la venalidad. El pueblo no elige; en lugar de su voluntad aparece la máquina electoral. No se formaron partidos populares porque no hubo libertad y verdad en los comicios.
El ataque del ministro a los partidarios del viejo sistema fue crudo y valeroso. El diario La Prensa combatió tenazmente la reforma electoral, bajo la dirección de Adolfo Dávila, y se opuso a la política del ministro Gómez.
Al asumir la presidencia de la Nación el doctor Roque Sáenz Peña, el 12 de octubre de 1910, nombró como Ministro del Interior a su amigo Indalecio Gómez. Su único y gran objetivo es la reforma electoral, a la que gustaba llamar "revolución por los comicios".
La situación política parecía obligar a algún tipo de reforma: los gobiernos elegidos hasta entonces – incluida la propia presidencia de Sáenz Peña – estaban completamente viciados en su origen: cada gobierno era resultado de la acción del gobierno anterior para favorecerlo, a través de un fraude electoral sin medida, que incluía violencia sobre los opositores, trampas en la conformación de los padrones electorales y falsificación de los votos “cantados” en mesas electorales conformadas al gusto del gobierno. Los gobiernos provinciales, por su parte, eran meras ramificaciones del partido gubernamental.
Durante el último sexenio había ocurrido una serie de cambios trascendentales, que no habían modificado la situación de fondo: una ley electoral de 1904 había introducido el sistema de circunscripciones uninominales, que había permitido la llegada del primer diputado por el Partido Socialista. Ese mismo año, la introducción del servicio militar obligatorio permitió establecer un padrón electoral sin fallas de confección, además de otorgar a los conscriptos un documento universal.
No obstante, la base del problema estaba aún vigente: el voto "cantado”"y optativo era muy fácilmente manipulado por el gobierno. Las sucesivas revoluciones de la Unión Cívica Radical – partido que daba muestras de un gran poder de movilización, pero que se mantenía en la abstención y se negaba a presentar listas de candidatos – no se habían detenido por estas demasiado limitadas modificaciones del sistema electoral.
De modo que el presidente envió al Congreso el proyecto de ley de "voto universal, secreto y obligatorio". Universal, en cuanto a que nadie podía ser privado del derecho a votar —ningún hombre, en realidad, porque el voto femenino no estaba contemplado. Secreto, porque se emitían votos por listas impresas en boletas, eligiendo y ensobrando el voto en un “cuarto oscuro”, aislado de la vista de testigos, antes de depositarlo en una urna. Y Obligatorio, porque se establecía la obligación de todo ciudadano de concurrir a las elecciones de autoridades nacionales.
El debate de la ley electoral fue sumamente largo y complicado. Quienes se beneficiaban del sistema vigente apelaron a toda clase de argumentos para conservar sus privilegios. Se llegó a decir que los votos comprados – pagados por sicarios del gobierno para votar los candidatos del mismo – eran “los más libres de todos”, ya que se regían por la oferta y la demanda. Se adujo también la ignorancia de la población, se argumentó que el pueblo no tenía interés en votar. Esta última expresión llevó al presidente a pronunciar su frase más conocida: "¡Quiera el pueblo votar!" El principal defensor de la postura del gobierno en toda la discusión fue el ministro, que presenció prácticamente todas las sesiones del debate en ambas cámaras, y defendió el proyecto a lo largo de muchas jornadas en pleno recinto, trenzándose en acaloradas discusiones con los diputados y senadores.
El diputado por Córdoba Julio A. Roca defendió el sistema de la circunscripción, que tiene a su favor una experiencia nacional frente a la lista incompleta, que nadie conoce y que inmovilizará la acción de la oposición con la garantía de su representación mecánica. Otro diputado por Córdoba, Ramón J. Cárcano, apoyó el proyecto y se refirió a la abstención que acusan siempre las elecciones, a la rebelión periódica que ha desgarrado a la República. "Hemos visto contiendas armadas —decía— pero propiamente no hemos visto luchas electorales. El candidato oficial ha suprimido la disputa en el comicio y la ausencia de disputa ha convertido el comicio en una función administrativa ... No le bastan al país el vuelo de sus industrias, el ganado inmenso de sus campos, las espigas repletas que derraman sus caudales. Se sabe ahora fuerte y consciente y quiere votar como elector soberano".
Intervinieron en la discusión Gaspar Ferrer, de Córdoba; Lucas Ayarragaray, de la provincia de Buenos Aires; y Nicolás A. Calvo, de la capital federal, los cuales reconocen que no se puede fundar nada con la violencia y el fraude; Julio López Marián, de Tucumán, apoya el proyecto y anuncia las ventajas de la lista incompleta. Apoya igualmente el proyecto, y censura el sistema electoral vigente el diputado Manuel Peña, de Córdoba. En cambio, Julio A. Costa, de la provincia de Buenos Aires, defiende el sistema uninominal vigente, contra el cual hacen oír su voz Manuel Carlés y Tomás de Anchorena.
El ministro Gómez replicó a los argumentos de los opositores. El proyecto fue aprobado por amplia mayoría después de un mes y medio de estudio y discusión, el 20 de diciembre de 1911.
La discusión en el Senado halló fuerte oposición. Se manifestaron enérgicamente contra el proyecto de reforma: Ignacio Irigoyen, senador por Buenos Aires; Pedro Echagüe, de Santa Fe, y Benito Villanueva, de Mendoza. Pero el orador de mayor vuelo, cuyo discurso consumió dos sesiones, fue Joaquín V. González, que censuró el fraude y la simulación electoral, pero se opuso a la lista incompleta y al sistema proporcional.
Pero la votación dio un amplio triunfo al gobierno. La reforma constitucional fue sancionada por el Congreso. La "Ley Sáenz Peña" fue finalmente aprobada por ambas cámaras y promulgada el 13 de febrero de 1912 con el número 8.871.