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Presidente Jose Figueroa Alcorta
Intervenciones a las provinciales
Fueron siete las intervenciones provinciales que se produjeron durante el período de gobierno de Figueroa Alcorta hubo dos a Corrientes, dos a San Luis, una a San Juan, una a Córdoba y otra a La Rioja. Este fue hasta allí el gobierno que recurrió más veces a la intervención federal.
Mendoza se salvó de la intervención por la oposición del Congreso al presidente en todo lo que fue posible. Fue denunciada la manipulación del gobernador en los registros electorales y en la Suprema Corte de Justicia. Leopoldo Basavilbaso fue enviado a Mendoza a investigar los hechos y comprobó que la provincia carecía de libertad de sufragio. El poder ejecutivo proyectó la intervención, pero la Cámara de diputados rechazó esa iniciativa por 65 votos contra 26. Adolfo Mugica dijo en aquella ocasión que la tesis del Congreso, según la cual la falta de garantías electorales no autorizaba a intervenir, equivalía a dar la razón al partido radical e implicaba la renuncia del presidente y de los congresales.
El ex presidente Uriburu pidió en el Senado que el poder ejecutivo indagase acerca de las condiciones electorales en Salta. El fiscal Luis B. Molina permaneció nueve días en Salta y denunció la inexistencia de padrones electorales, lo que significaba la destrucción de la forma republicana de gobierno. Uriburu pidió entonces la intervención federal, pero su petición quedó encarpetada en una comisión de estudio. El Congreso procuraba por todos los medios obstruir los proyectos de intervención en salvaguardia del sistema republicano que establece la soberanía en el pueblo.
Intervención de San Juan
Aprovechando el receso parlamentario, el poder ejecutivo decretó la intervención en San Juan, donde continuaba el pleito de la época de Quintana. El 7 de febrero de 1907 el coronel Carlos Sarmiento se alzó en armas contra las autoridades provinciales; el gobernador Manuel José Godoy resistió durante cinco horas con los efectivos de la policía y los guardiacárceles, pero acabó por rendirse con la promesa del respeto de su vida y su libertad; los rebeldes incendiaron la escuela normal que les cerraba el paso y un regimiento de línea quedó impasible. Godoy pidió ayuda a Buenos Aires y el gobierno había decretado la intervención antes de esa petición.
El presidente del Senado, Benito Villanueva, aconsejado por el ministro del interior y sus colegas decidió intervenir la provincia convulsionada y fue nombrado interventor Cornelio Moyano Gacitúa, vocal de la Suprema Corte, que fue acompañado por el general Victoriano Rodríguez como jefe superior de las fuerzas nacionales. Se convocó a elecciones de diputados y de un vicegobernador para completar el período del gobernador derrocado. El primero de julio recibieron el gobierno las nuevas autoridades y Carlos Sarmiento entró a desempeñar la primera magistratura.
Carlos Sarmiento despues de varias semanas de preparación, en la madrugada del 7 de junio de 1907 dirigió una revolución contra el gobernador Manuel José Godoy, a quien había apoyado para llegar al gobierno, y a quien acusaba de haber traicionado sus acuerdos. Unido a los líderes de la oposición, y con la ayuda de milicianos uruguayos que habían participado en las revueltas de Aparicio Saravia, y pese a que la policía ya había identificado a muchos de los dirigentes, la revolución terminó por vencer con un costo de 16 muertos. El regimiento que estaba apostado en la plaza central de la ciudad se había limitado a observar. Una reunión de partidarios en esa misma plaza nombró para gobernar la provincia a un triunvirato presidido por el coronel Sarmiento. Pero el gobierno nacional lo consideró un usurpador, decretó la intervención federal de la provincia y el doctor Cornelio Moyano Gacitúa, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió el Poder Ejecutivo provincial el 15 de febrero.
En las elecciones convocadas por Moyano Gacitúa triunfaron los revolucionarios, y el coronel Sarmiento fue elegido senador nacional.
Al año siguiente se celebraron elecciones de gobernador, y Carlos Sarmiento fue elegido para el cargo; asumió en mayo de 1908, acompañado como vicegobernador por Saturnino de Oro; pero éste falleció el 18 de marzo de 1909. El gobernador convocó a elecciones para elegir al nuevo vicegobernador, en las cuales resultó triunfante Eleodoro Sánchez, que completó el período hasta mayo de 1911.
Intervencion de San Luis
Fracciones de los partidos nacional, republicano y autonomista sanluiseños concordaron en la elección de Esteban P. Adaro para la gobernación; el reparto de empleos disgustó a los que no seguían las inspiraciones presidenciales y el 25 de agosto de 1907, cuando Adaro debía jurar ante la legislatura, los descontentos amotinaron la policía e impidieron la ceremonia. El gobernador saliente, Benigno Rodríguez Jurado, solicitó la intervención al poder ejecutivo y éste envió una compañía de línea para conservar el orden y garantizar las comunicaciones, sin inmiscuirse en las cuestiones políticas. Los rebeldes permanecieron en los edificios provinciales que habían ocupado y Adaro reunió la legislatura en su domicilio y juró el cargo ante ella. El presidente Figueroa Alcorta propuso al Congreso la intervención para restablecer la normalidad alterada por la sedición. En el Senado hubo debate y salieron a relucir las doctrinas encontradas sobre la materia, de Joaquín V. González y Montes de Oca; pero al final el poder ejecutivo salió a flote con su proyecto. Fue designado interventor Manuel M. de Iriondo, que se hizo cargo del gobierno de San Luis el 6 de setiembre, acompañado por el jefe de las fuerzas, teniente coronel Eduardo Broquen; el 17 del mismo mes Iriondo reconoció a Adaro previo juramento ante la legislatura y cesó la intervención.
Intervención de Corrientes
Una división del partido liberal de Corrientes dio origen a dobles legislaturas que eligieron cada una de ella senadores nacionales. Se admitió el diploma de la corporación adicta al gobernador Juan Esteban Martínez.
Luego la legislatura destituyó al vicegobernador y a los opositores que no querían volver a sus bancas. En esa disputa se fue preparando el clima de la guerra civil; los descontentos tenían por abanderado a Juan Ramón Vidal y reunieron combatientes, haciendo otro tanto el gobernador Martínez. Los sediciosos tenían su cuartel general en el Chaco, donde contaban con el apoyo del gobernador Manuel Goitía; el poder ejecutivo nacional envió tropas al mando de Rufino Ortega para evitar la invasión de la provincia desde el territorio chaqueño. Eliseo Cantón propuso a la Cámara de diputados la intervención y el proyecto fue aprobado en ella, pero resultó rechazado en el Senado, esta disputa culminó en el retiro de Montes de Oca del equipo de gobierno, siendo reemplazado por Marco Avellaneda, el cual despachó a Domingo T. Pérez para que buscase la concordia mediante la elección de otra legislatura.
Esteban Adaro ganó las elecciones provinciales por amplio margen, pero al formar su gabinete se valió únicamente de radicales y escasas figuras autonomistas. Los mismos dirigentes que lo habían llevado al gobierno, entre ellos varios que habían ocupado u ocuparían el cargo de gobernador, como Adolfo Rodríguez Saá "El Pampa", Alberto Arancibia Rodríguez y Juan Daract, se lanzaron a una revolución el 24 de agosto de 1907, día en que debía asumir Adaro.1 No obstante, Adaro se reunió con los legisladores adeptos y juró en su presencia en un galpón de un acopiador de cueros y prestó juramento. No obstante, no logró ocupar las instalaciones del gobierno hasta la llegada del interventor federal Manuel de Iriondo; éste obligó a los revolucionarios a abandonar la capital y reunió a los legisladores, que tomaron nuevamente juramento —con las formalidades del caso— el 16 de septiembre. reó una comisión especial para fijar definitivamente las fronteras con la Provincia de Córdoba, reorganizó y equipó cuidadosamente a la policía provincial, creó colonias agrícolas y abrió caminos en el interior de la provincia. La actividad literaria tuvo durante su período de gobierno un auge notable, inspirada en la figura de Juan Crisóstomo Lafinur, que en esa época comenzó a ser considerado un prócer provincial; el gobierno adhirió a este estallido cultural adquiriendo vastas colecciones de libros para las bibliotecas provinciales. También mandó difundir el Código de Procedimientos Criminales para la provincia y se edificaron escuelas en varias localidades.La modernización de la policía y su utilización como preventiva de nuevos conatos revolucionarios fue interpretada por sus opositores como una ilegítima persecución sobre la población.No obstante, el 1 de mayo de 1908 tuvo lugar en San Luis la primera manifestación obrera, y ese mismo año se declaró una huelga que no fue perseguida.
El gobernador Martínez se mostró conforme, pero Vidal rehuyó el arreglo, entonces Pérez se alejó de la provincia lo mismo que Rufina Ortega. El presidente, entonces, decretó la intervención para organizar la legislatura, siendo designado comisionado federal Carlos Dimet y dispuso el desarme de los insurrectos por el general Adolfo Arana, jefe de la región militar, y pidió a Martínez que hiciese lo mismo con sus fuerzas provinciales.
Los miembros de la legislatura ofrecieron sus diplomas para facilitar la labor del interventor. En ese momento Marco Avellaneda ordenó a Dimet que se posesionara de la repartición policial, lo cual motivó la renuncia del interventor y de sus acompañantes; el poder ejecutivo nombró entonces comisionado al senador nacional Eugenio Puccio, espíritu conciliador.
El 9 de diciembre, Puccio se instaló en la casa de gobierno y desalojó de ella a Martínez porque algunos empleados realizaban o pretendían realizar intromisiones en los trabajos electorales. Convocados los comicios de legisladores el 5 de abril de 1908, sufragaron 30.000 personas y fueron electos diez liberales oficialistas, 13 liberales disidentes y 15 autonomistas. Instalada la legislatura el 22 del mismo mes, el comisionado declaró repuesto al gobernador, pero no pudo hacerse cargo de sus funciones porque la legislatura acordó suspenderlo; al día siguiente asumió el cargo el vicepresidente del Senado provincial y se dio por terminada la intervención.
Las quejas de Martínez no hallaron eco en el Congreso y la conducta de Puccio fue aprobada. El gobernador del Chaco, Manuel Goitía, asumió la gobernación de Corrientes.
Juan Esteban Martínez fue electo gobernador en 1905 por segunda vez (ya lo habia sido en 1897), esta vez acompañado como vice por Manuel Bejarano. Este segundo mandato estuvo signado por la división dentro del Partido Liberal, que facilitó la acción opositora en la legislatura; fue sometido a juicio político pero a Antes de que el juicio terminara, el presidente José Figueroa Alcorta promovió la intervención federal de la provincia. El Senado de la Nación llamó a testificar a Martínez durante la discusión, y fue aclamado como uno de los posibles sucesores de Bartolomé Mitre al frente del partido de éste.
Proyecto de Ley sobre intervenciones
Para encauzar la política de las intervenciones, a fines de 1907, el diputado Agustín de Vedia proyectó una ley orgánica en la que se conceptuaba violada la forma republicana en estos casos:
1) si la representación popular estaba suprimida por la Constitución o leyes locales;
2) si los poderes públicos estaban concentrados en una misma persona;
3) si estaba acéfalo alguno de los tres altos poderes públicos en que se distribuye el gobierno.
En esos casos correspondía intervenir las provincias en que alguno de esos extremos fuese comprobado.
Problemas en Santiago del Estero
El 24 de Abril de 1908 se produjo una revuelta en Santiago del Estero; varios ciudadanos atacaron al cabildo y la casa del gobernador, dominaron la policía, detuvieron a las autoridades y declararon caduco el gobierno, substituyéndolo por una junta provisoria; en el curso de los hechos, los rebeldes dieron muerte al diputado nacional Mariano Santillán, hermano del gobernador; al poco rato apareció un regimiento de línea que detuvo a los miembros de la junta provisoria y puso en libertad a las autoridades apresadas. No hubo decreto de intervención, pero hubo intervención drástica de las autoridades nacionales y Figueroa Alcorta alegó que en circunstancias como las de Santiago había que ejercer todos los medios que las instituciones consagran para mantener el orden y la estabilidad Social y política.
Julio Botet fue designado por el presidente José Figueroa Alcorta interventor federal en la provincia de San Luis entre el 16 de marzo y el 18 de agosto de 1909 fecha en que le entrego la gobernación a Adolfo Rodríguez Saá "El Pampa"
Nueva intervención a San Luis
El gobernador de San Luis, Adaro, se hallaba en 1909 apoyado por los radicales y por el partido nacional, que lo defendían contra los opositores que peticionaban el juicio político. Para cerciorarse de la conducta de los legisladores, llegó a distribuir agentes de policía en el recinto de la legislatura pretextando la necesidad de conservar el orden. La legislatura pidió auxilio al poder ejecutivo nacional el presidente, con sus ministros, decretó la intervención, siendo designado comisionado federal Julio Botet, procurador general de la Nación.
Botet reunió elementos para verificar si los actos legislativos y ejecutivos habían sido correctos y concluyó por pensar que el mejor remedio era la eliminación del gobernador y los legisladores; la mayoría opositora, 13 miembros, dimitió, pero no hizo lo mismo Adaro los 7 diputados que le seguían. Botet decidió entonces declarar caduca la legislatura y depuso al gobernador, asumiendo entonces el mando político y realizando elecciones el 27 de junio, según in régimen ad hoc, no autorizado por las leyes; se votó por 40 electores; el interventor anuló los diplomas de seis de ellos y quedaron 18 pertenecientes a la fracción radical de Adaro y a la nacional que respondía al senador Eriberto Mendoza.
Como la legislatura no podía resolver sin los dos tercios de sus miembros, el partido nacional se unió a la fracción opositora y el 18 de agosto se puso término a la intervención al asumir la gobernación Adolfo Rodríguez Sáa; poco después la legislatura eligió senador racional a Mendoza. Se acusó al comisionado de realizar actos no siempre concordantes con las leyes, pero su conducta fue aprobada por el presidente.
Adolfo Rodriguez Saa fue electo gobernador de manera fraudulenta para el período del 18 de agosto de 1909 hasta igual fecha de 1913. Durante su gestión se gestionaron acuerdos para determinar definitivamente los límites con las provincias de Mendoza y La Rioja; se conmemoró de modo solemne el centenario de la Revolución de Mayo y se levantaron los monumentos a José de San Martín y Juan Pascual Pringles; se encargó al profesor Juan W. Gez la primera Historia general de la Provincia de San Luis; se sancionó una ley de ministerios y se organizaron algunos municipios, como los de Fraga, Bagual, Dixonville, Talita y Santa Rosa de Conlara. Se edificaron la Casa de Gobierno provincial, la cárcel de mujeres y decenas de otros edificios públicos, se dotó de agua corriente a varias localidades, se mejoró la red de caminos y se realizaron obras de irrigación. Se creó el Consejo Provincial de Higiene y se adoptó el padrón electoral de la Nación para las elecciones provinciales. También acumulo las primeras deudas provinciales y no pudo hacer frente con el pago de sueldos atrasados al personal de administración pública dejándolo a manos de la gestión de Juan Daract
Nueva intervención de Corrientes
Corrientes volvió a dar motivo para la intervención federal con sus apasionamientos políticos. El 26 de marzo de 1909 hubo comicios dobles para renovar un tercio de la Cámara de diputados, dividiéndose los sufragios en amigos del gobernador Manuel Goitía, los liberales bajo la dirección de Martínez, y los autonomistas encabezados por Vidal. Se repitió el caso de 1907, es decir, la división del partido oficial. Los adictos al gobernador eran minoría en la Cámara y para aprobar los comicios que les favorecían se impidió la asistencia de los adversarios a las sesiones. Las mayorías de las Cámaras pidieron la intervención y el presidente resolvió favorablemente, designando interventor al diputado nacional Pedro Olaechea y Alcorta, con el acuerdo dé sus ministros. Los comicios de los gubernistas fueron anulados y el gobernador suspendido en sus funciones. Como Goitía resistió el acuerdo de la legislatura, Olaechea y Alcorta asumió la autoridad provincial y se instaló en la casa de gobierno, acompañado por su sequito y un regimiento de línea. Goitía, en defensa de la autonomía provincial, fue obligado a retirarse de la casa de gobierno. El 30 de marzo el interventor traspasó el mando al vicegobernador y el 12 de mayo el ejecutivo dio por terminada la intervención.
Intervención de Córdoba
La intervención más discutida en el período de Figueroa Alcorta fue la de Córdoba en 1909. El 21 de marzo se realizaron comicios legislativos en los que triunfó el partido nacional, que sostenía al gobernador José A. Ortiz y Herrera, contra un grupo que seguía la política del presidente. La Cámara de diputados se reunió el 26 de abril con la asistencia de 15 miembros del sector oficial y admitió varios de los diplomas pendientes. La mayoría del Senado decidió desconocer esa resolución y se negó a constituir la legislatura. El diputado nacional José Ignacio Llobet propuso que la provincia fuese intervenida, y la comisión de negocios constitucionales aprobó la idea con objeto de asegurar el funcionamiento de la legislatura. El Senado sancionó el proyecto por desempate de su presidente Benito Villanueva y la intervención fue promulgada el 20 de agosto. El comisionado federal fue Eliseo Cantón, presidente de la Cámara nacional de diputados que llegó a Córdoba el 30 del mismo mes y se encontró con el hecho de que el gobernador Ortiz y Herrera había convocado dos días antes a la legislatura para el 1º de setiembre, Cantón opinó contrariamente y anuló la convocatoria. Se produjo la renuncia de Ortiz y Herrera, que tuvo rozamientos y discrepancias con el interventor. Éste se posesionó del gobierno el 16 de setiembre, ordenó la reapertura de los padrones y convocó nuevos comicios el 7 de noviembre para electores, senadores y diputados; el partido presidencial fue favorecido y reunida la legislatura el 16 de noviembre, designó el gobierno local y se puso término a la intervención.
Nueva intervención a La Rioja
La Rioja volvió a ser intervenida en 1910, la séptima vez desde la organización nacional. Gaspar N. Gómez, apoyado por tres sectores políticos, era candidato a la gobernación; el sector oficial rompió el convenio con los otros el día de las elecciones y suplantó algunos de los candidatos, deseando el triunfo de Julio San Román, pariente del gobernador saliente Guillermo Dávila San Román. Resultaron electos 19 oficialistas y 17 opositores. Al reunirse la legislatura la minoría se retiró., rompiendo el quórum de los dos tercios indispensables para sesionar. La mayoría destituyó a los disidentes y la minoría, reunida en el domicilio de Gómez, que era juez federal, declaró cesante a la mayoría y proclamó gobernador a su candidato. Otros legisladores, con el libro de actas y el sello de la legislatura, adhirieron a los minoritarios y así se reunió en la casa de Gómez la cantidad necesaria para el quórum legal. El periodo de Dávila San Román termi-naba el 24 de junio. El diputado nacional por La Rioja, Leónidas Carreño, pidió a la cámara la intervención, y el 11 .de junio el ejecutivo promulgó la ley, designando comisionado a Adolfo Saldías, era ministro del interior José Gálvez.
El interventor asumió el gobierno de la provincia y declaró caducos sus poderes políticos. Fueron convocados nuevos comicios y el 27 de agosto entregó el mando al mandatario electo, Gaspar M. Gómez.
Las intervenciones federales
Desde 1853 a 1909 se produjeron 64 intervenciones federales en las provincias. Las discusiones teóricas y políticas en torno a ellas se tradujeron en posiciones constitucionales tendientes a superar sus inconvenientes. Agustín de Vedia publicó en 1907 una obra titulada Constitución argentina, donde declara que el resultado de las intervenciones no había sido satisfactorio y que se requería una ley orgánica que pusiese orden en la materia, al año siguiente vio la luz el trabajo de Rodolfo Rivarola, Del régimen federativo al unitario, en el que abogaba por la implantación paulatina del sistema unitario; sostenía que la declaración del régimen federal fue útil en 1853 y en 1860, pero era inútil y perniciosa desde 1880; opinaba que el federalismo no afianzó la justicia; habló de la inferioridad y los peligros de la justicia provincial; la gran capital era un factor de unidad, lo mismo que el progreso material del país; la razón del federalismo desapareció con los 20.000 kilómetros de ferrocarril; a eso se añadió la obra unitaria de la cultura, etc.
Matienzo publicó en 1910 El gobierno representativo, donde estudia la realidad de las instituciones argentinas y aboga por la vuelta a las fórmulas de 1853 en lo relativo al enjuiciamiento de los gobernadores y revisión de las Constituciones provinciales por el Congreso, y a la competencia de la Corte Suprema para entender en las discordias entre los poderes provinciales; también propuso que se prohibiese a las provincias contratar empréstitos exteriores y Joaquín V. González, en El juicio del siglo, el mismo año, dijo que el proceso de centralización no puede ser eterno, "porque la Nación tiende a ser cada vez más un organismo vivo, y en ninguno la concentración de los elementos vitales se localiza definitivamente en un solo,órgano, salvo casos de monstruosidades y atrofiamientos siempre enfermizos". Sostenía también que "la intervención se ha convertido en un recurso ordinario de unificación electoral ... De todas las fases que la imperfección, la deficiencia, la degeneración y la corrupción políticas han presentado en nuestra historia, ninguna ha asumido caracteres más alarmantes que ésta, así para la concepción moral del gobierno en su conjunto, como para el porvenir le la forma federativa, adoptada a costa de tantos desgarramientos interiores"...