Conflicto del Beagle

Antecedentes

Los primeros antecedentes del conflicto datan de 1888, siete años después de la firma del Tratado de Límites, y en 1901 apareció el primer mapa argentino en el que algunas de las islas en cuestión fueron dibujadas bajo soberanía argentina. A pesar del pequeño tamaño de las islas, su valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico originó un largo conflicto entre ambos estados sudamericanos durante gran parte del siglo XX.

Los intentos de solución y los incidentes

El 28 de junio de 1915 se firmó un protocolo en Buenos Aires para solicitar los servicios del gobierno británico en base al Tratado General de Arbitraje de 1902, pero el arbitraje no se llevó a efecto.
En ese protocolo se disponía que el árbitro debía decidir: a quién pertenecía la soberanía sobre las islas Picton, Nueva, Lennox y los islotes adyacentes e islas situadas en el canal de Beagle, entre Tierra del Fuego al norte y la península Dumas y la isla Navarino al sur.

El 2 de febrero de 1933 se intentó facilitar la ratificación del acuerdo anterior con el compromiso entre los ministros de Relaciones Exteriores Miguel Cruchaga Tocornal (de Chile) y Carlos Saavedra Lamas (de Argentina), pero no prosperó.

El 4 de mayo de 1938 se firmó el protocolo entre los ministros de relaciones exteriores José Ramón Gutiérrez Alliende (de Chile) y Ramón S. Castillo (de Argentina), en los mismos términos que el anterior. Se designó como árbitro al fiscal general de los Estados Unidos de América, pero el arbitraje tampoco se llevó a efecto.

En 1944 algunos sectores de la sociedad argentina inspirados en las victorias del fascismo europeo fraguaron planes de invasión a Chile que fueron abortados, pero minaron las confianzas necesarias para la firma de tratados.
En 1948 Chile propuso someter a una sentencia de un tribunal las islas Picton y Nueva, pero la oferta fue rechazada por la Argentina porque no incluía la isla Lennox.

Las mejoras en la navegación y en la capacidad de ambos países de ejercer actos de soberanía en los territorios y mares que consideraban propios, aumentaron los incidentes.
En 1949 el naufragio del dragaminas argentino ARA Fournier en el que murió toda su tripulación cerca de la isla Dawson15​ complicó las relaciones entre ambos países.

En 1953 Chile creó la base naval Puerto Williams sobre el canal Beagle en la isla Navarino, aumentando su presencia en el área en disputa.
En 1958 ocurrió el incidente del islote Snipe​ que tensó nuevamente las relaciones entre los dos países.

Tras el incidente de laguna del Desierto ocurrido el 6 de noviembre de 1965, en Santiago de Chile se produjeron violentas manifestaciones anti-argentinas, hubo tensión en la frontera y un avión chileno realizó el 3 de diciembre un vuelo rasante sobre el crucero ARA La Argentina cerca de Puerto Williams.​

El 29 de noviembre de 1967 ocurrió el incidente de la torpedera Quidora (PTF-82) de la Armada de Chile. Cuando barcos y aviones argentinos efectuaban maniobras militares anunciadas con anticipación, la torpedera chilena que iba rumbo al canal Murray salió de su curso normal e ingresó en la bahía de Ushuaia interponiéndose en las maniobras. A su regreso fue esperada por el aviso argentino ARA Comandante General Irigoyen (A-1), que al no poder interceptarla le hizo algunos disparos.
El gobierno argentino protestó ante el chileno y ordenó el zarpe de su escuadra hacia el Atlántico Sur con orden de hundir cualquier barco que violara sus aguas territoriales. El incidente finalizó con la baja del comandante del buque chileno ordenada por el presidente Eduardo Frei Montalva.

El 8 de abril de 1970 el gobernador de Tierra del Fuego dictó el decreto N° 149 por el cual estableció una nueva división del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en cuatro departamentos.​ La jurisdicción del departamento Ushuaia fue ampliada por el decreto a las islas que se hallaban al este del meridiano del cabo de Hornos:

Norte: Límite con el departamento Río Grande y el océano Atlántico. Sur: canal Beagle, cabo de Hornos y el océano Atlántico. Este: océano Atlántico. Oeste: desde un punto situado en los 54° 33' de latitus Sur hasta el canal Beagle por el meridiano 68° 36' 38,5' ' de longitud Oeste. Inclúyense a este Departamento las islas de los Estados, Picton, Nueva, Lennox, las ubicadas sobre el Canal Beagle y aquellas que se extienden hasta el Cabo de Hornos al este del meridiano que lo cruza.

El conflicto se centró en la disputa por la soberanía de las islas e islotes íntegramente ubicados en el llamado «martillo del laudo», un polígono definido en el Compromiso de Arbitraje que ambos países firmaron en 1971, en el que se hallan ubicadas las islas Picton, Nueva, Lennox, Gratil, Augustus, Snipe, Becasses, Gable y otros islotes. Se acordó someter la resolución de la disputa a la decisión de una corte arbitral que debía dar a conocer su fallo al gobierno del Reino Unido, que era el árbitro formal.

El laudo arbitral pronunciado en 1977 otorgó aguas navegables en el canal Beagle a ambos países y la mayor parte de las islas y de los derechos oceánicos generados por ellas a Chile. El gobierno militar argentino rechazó el fallo declarándolo «insanablemente nulo». Luego reactivó sus reclamaciones hasta el cabo de Hornos, incluyendo en la disputa a parte de las islas Wollaston y de las islas Hermite (Evout, Barnevelt, Freycinet, Terhalten, Sesambre, Deceit e islotes adyacentes) y la parte oriental de la isla de Hornos,​ poniendo a ambos países al borde de una guerra.

Rumbo al arbitraje

Tras el incidente del islote Snipe, los gobiernos de la Argentina y Chile intentaron realizar acercamientos para poder solucionar los problemas derivados, además del conflicto sobre la región de del alto Palena. El 2 de febrero de 1959, el presidente argentino Arturo Frondizi aterrizó en el Aeropuerto Los Cerrillos y firmó junto a su homólogo chileno Jorge Alessandri una declaración conocida como Declaración de Los Cerrillos en la que ambos mandatarios se comprometían a "entrar de inmediato en negociaciones encaminadas a encontrar las fórmulas arbitrales adecuadas, que permitan resolver los diferendos existentes".

El 22 de marzo de 1960 Frondizi y Alessandri firmaron en Santiago de Chile un protocolo de arbitraje. Los dos presidentes habían acordado someter al arbitraje del gobierno británico (o en su defecto del presidente de la Confederación Suiza) la disputa limítrofe en la zona de río Encuentro y valles de Palena y California, mientras que la disputa del Beagle sería sometida ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El 12 de junio de 1960 el canciller argentino y el embajador chileno en Buenos Aires firmaron los acuerdos conocidos como los Pactos del Sesenta:

a) Arbitraje en la región del río Encuentro - Palena ante el gobierno del Reino Unido.
b) Arbitraje de la Corte Internacional de La Haya en la cuestión de las islas Nueva, Picton y otras.
c) Se reconocía como chilena a la isla Lennox y los islotes adyacentes a ella.
d) El canal Beagle sería dividido por la línea media "con las inflexiones necesarias para que ambos países queden con aguas propias navegables en toda la extensión de la parte así dividida".
d) Acta Adicional al Protocolo del 16 de abril de 1941 sobre revisión, reposición y densificación de hitos, que sometía al arbitraje británico cualquier cuestión sobre los hitos.
e) Convenio de navegación sin prácticos para el paso inocente de barcos de guerra argentinos en los canales fueguinos entre el canal Beagle y el estrecho de Magallanes o a través del canal Murray entre el Beagle y el pasaje Drake.

El presidente argentino Arturo Frondizi y el presidente chileno Jorge Alessandri en Chile, en 1961.

Este texto generó suspicacias en ambos países. Mientras en Chile se consideraba una usurpación la cesión de los islotes Becasses (ubicados en la entrada del canal), el Congreso argentino no estuvo de acuerdo con la renuncia sobre Lennox y además preferían buscar una solución bilateral y no recurrir a un arbitraje. El Senado chileno rechazó el convenio sobre navegación. Ante la falta de apoyo a los pactos en ambas naciones, el presidente chileno Eduardo Frei Montalva retiró su discusión del Congreso en 1965.

A pesar del rechazo al pacto, la idea del arbitraje se concretó. El 30 de octubre de 1964 el gobierno argentino comunicó al de Chile su decisión de someter el caso a la Corte Internacional de Justicia, lo que fue aprobado inmediatamente por el gobierno de Chile. Los ministros de relaciones exteriores de ambos países firmaron una declaración el 6 de noviembre de 1964 en la que expresaron su voluntad de iniciar conversaciones con miras a llegar al acuerdo necesario para someter el caso a la Corte en cuestión.

Al año siguiente ambos mandatarios participaron en una cumbre en la ciudad de Mendoza destinada a buscar una solución definitiva en cuanto a las fronteras. Sin embargo los avances en esta gestión se verían abortados tanto por los nacionalismos exacerbados (provenientes principalmente desde las Fuerzas Armadas de ambos países), las diversas violaciones a los acuerdos limítrofes por barcos en las costas del Beagle, el conflicto en laguna del Desierto, el derrocamiento de Arturo Umberto Illia en 1966 y la resolución pendiente del arbitraje en Palena.

Dando por frustrado lo convenido en 1964, el Gobierno chileno decidió invocar el arbitraje ante el gobierno británico. El canciller chileno Gabriel Valdés le comunicó la decisión de utilizar este método, de acuerdo a lo estipulado en los Pactos de Mayo de 1902, al embajador argentino Manuel E. Malbrán el 11 de diciembre de 1967. Al día siguiente, se realizó lo mismo con el canciller británico George Brown. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez cuestionó de inmediato el proceder del gobierno chileno y se negó a participar del arbitraje.

El Laudo Arbitral de 1977

El 22 de julio de 1971 los gobernantes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanusse firmaron el Compromiso de Arbitraje entre Chile y Argentina: Solicitud de Laudo Arbitral, en la ciudad de Salta.

La sentencia, llamada Laudo Arbitral de 1977, es el resultado de un exhaustivo análisis por parte del tribunal arbitral de los derechos jurídicos de ambos países sobre la zona en conflicto en el marco del derecho internacional y de los tratados vigentes, para ello ambos países pudieron presentar toda la argumentación y los documentos que según su interpretación aseguraban sus derechos sobre la zona y luego defender ante los jueces sus respectivas tesis.
Su preparación y realización se llevó a cabo consensuadamente por ambos países, con la expresa condición argentina de descartar cualquier ventaja para la posición chilena como consecuencia del litigio argentino-británico por las islas Malvinas. Su cumplimiento era obligatorio y estaba confiado al honor de las naciones.

El Laudo Arbitral fue dado a conocer por el gobierno británico el 2 de mayo de 1977, quien dictaminó que: Las islas Picton, Nueva y Lennox así como los islotes adyacentes pertenecerían a Chile.
Al dar el Tratado Límites de 1881 a la Argentina una costa en el canal Beagle, automáticamente el derecho internacional le concedía derechos marítimos sobre el canal, descartando la teoría de la costa seca. Conforme a lo anterior el tribunal trazó el límite al interior del canal de tal manera que ambos tuviesen libre navegación a sus puertos en el canal. En particular, dentro del canal, el islote Snipe fue otorgado a Chile y la isla Gable y las islas Becasses fueron otorgadas a la Argentina.

El límite marítimo era la línea de puntos equidistantes a las costas chilenas y argentinas más cercanas. (Aproximadamente una línea desde la salida oriental del canal Beagle en dirección sureste). Chile aceptó la sentencia, y la convirtió en ley chilena: promulgó los decretos de Líneas de Bases y nombró alcaldes de mar.
Argentina declaró nula la sentencia, según su declaración, por deformación de las tesis argentinas, por abuso de las prerrogativas de la corte, por contradicciones lógicas, por errores de interpretación, por errores geográficos e históricos y por parcialidad. También se le consideró ilegal dentro de la legislación argentina por haber sido solicitado por un gobierno de facto, por que la solicitud no había sido aprobada por el congreso y por haber sido elaborado por la Reina Isabel II (textual: S.M. Isabel II nombró un consejo para que la asesorase).
Conforme a lo previsto en el compromiso, el tribunal arbitral se autodisolvió tras comunicar su sentencia a las partes y constatar que se había cumplido su sentencia: todas las islas en disputa se encontraban bajo soberanía de facto del respectivo país al cual se le habían otorgado.

Operación Soberanía

Operación Soberanía u Operativo afianzamiento de la soberanía fue el nombre en clave del plan de invasión a la República de Chile que Argentina planificó ejecutar en los últimos días de diciembre de 1978, pero que fue suspendido en el último momento por la intervención del papa Juan Pablo II.

Para solucionar el litigio por la soberanía de las islas y los derechos marítimos en el área del canal Beagle, Argentina y Chile acordaron en 1971 recurrir al arbitraje del Gobierno del Reino Unido, árbitro formal establecido en el Tratado General de Arbitraje del 28 de mayo de 1902, pero que solo podía aceptar o rechazar el fallo de un tribunal nombrado de común acuerdo entre ambos países. Basándose en el derecho internacional, los jueces dictaron sentencia el 22 de mayo de 1977, asignando las islas Picton, Nueva y Lennox a Chile. El 25 de enero de 1978, el gobierno argentino declaró el laudo arbitral «insanablemente nulo»​ y movilizó su poderío militar para obligar a Chile a dejarlo de lado y negociar una solución al conflicto más favorable a la posición argentina. Al no lograr ese objetivo por la vía negociada, Argentina planificó una guerra de agresión contra Chile.

La situación chilena parecía bastante desventajosa. Frente a un país que casi lo triplicaba en el número de habitantes, con un ingreso per cápita mayor y una ventaja geográfica, Chile enfrentaba, además, a raíz de los atentados a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, una negación a la venta de armas de parte de sus proveedores tradicionales, Estados Unidos de América y Europa Occidental, lo que dificultaba aún más la ya compleja tarea de resguardar su territorio, debido a su propia geografía.

Incremento de la presión militar argentina

A partir del rechazo del laudo arbitral Argentina intensificó la presión militar sobre Chile.

• En octubre de 1978 los presidentes de Argentina y de Bolivia ratificaron su solidaridad mediante un comunicado que unía el pedido de Bolivia de salida al mar (que perdió después de guerra del Pacífico) con la cuestión de la soberanía argentina en el Atlántico Sur, incluyendo a Malvinas y al Beagle.
• Las Fuerzas Armadas de Argentina elaboraron secretamente el Operativo Soberanía para "cortar" Chile en varias partes por medio de una invasión. Para prepararse realizaron maniobras militares y simulacros de guerra a lo largo de la frontera.[cita requerida]
• A su vez la Armada Argentina preparó en detalle las órdenes a cumplir una vez que se tomara posesión de las islas militarmente (Instrucciones Políticas Particulares para la Zona Austral para la Etapa Posterior a la Ejecución de Actos de Soberanía en las Islas en Litigio).
• La Gendarmería Nacional Argentina cerró varias veces la frontera con Chile. Argentina impidió el libre tráfico de productos entre Chile y Brasil.
• Los medios de comunicación argentinos difundieron continuamente una visión belicista del problema.[cita requerida]
• El embajador de Chile ante la OEA dio a conocer la expulsión de más de 4000 chilenos residentes en Argentina.​
• El presidente argentino, Jorge Rafael Videla, durante el encuentro de Puerto Montt con Augusto Pinochet, expresó que: "las negociaciones directas constituyen la única vía pacífica para solucionar el conflicto", lo cual fue interpretado como una amenaza de guerra.​

El Gobierno argentino realizó los preparativos públicamente con gran profusión de noticias:

• El almirante Emilio Eduardo Massera realizó una "vigilia de armas" en Ushuaia, una costumbre medieval de tono místico.
  
• Los envíos de tropas fueron acompañados de gran algarabía, gritos y coros.
• Cantantes populares concurrieron a los cuarteles para actuar y entretener a las tropas.
• Se realizaron ejercicios de oscurecimiento, también en ciudades que difícilmente podían ser atacadas.
• La sucesión de maniobras militares en 1978 fueron difundidas y comentadas ampliamente por la prensa.

Se motivó a los soldados con frases como:

En seis horas estamos en Santiago, tomando champaña en La Moneda y después vamos a orinar a Valparaíso (Luciano Benjamín Menéndez).

El Informe Rattenbach criticaría posteriormente la actitud bélica del Gobierno argentino durante la primera fase de la guerra de las Malvinas. El presidente de ese gobierno era Leopoldo Fortunato Galtieri comandante de cuerpo del ejército argentino durante la fase caliente del Conflicto del Beagle que ordenó inconsultamente el cierre de la frontera con Chile.

La operación Soberanía fue puesta en marcha la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, el 4º Batallón de Infantería de Marina debía desembarcar en las islas en disputa a la hora 4:00 del 22 de diciembre. Helicópteros de la Fuerza Aérea, Ejército y la Armada transportarían al batallón, pero fue abortada sólo horas antes cuando la junta militar argentina resolvió aceptar la mediación papal. El general Reynaldo Bignone, presidente argentino de facto después de la guerra de las Malvinas, expresó que se trató de una demostración de fuerza con fines disuasivos, para forzar al gobierno chileno a aceptar un nuevo arbitraje. Otras fuentes opinan que la operación iba a realizarse y la autoridad moral del papa Juan Pablo II fue una razón para abortarla. También la certeza de que serían condenados internacionalmente como agresores puede haber jugado un rol en la decisión. Además, las seguridades de una resistencia "simbólica" de parte de Chile y una victoria fácil se fueron desvaneciendo día a día al ver que, a pesar de los intentos de amedrentamiento, Chile no cambiaba su posición.

Mediación papal en el conflicto del Beagle

A comienzos de noviembre de 1978 habían fracasado ya las negociaciones directas entre ambos países y el ministro de relaciones exteriores de Chile, Hernán Cubillos, propuso a su par trasandino Carlos Washington Pastor entregar la disputa a la Corte Internacional de Justicia, pero en Buenos Aires transcendió que tal paso sería considerado por la Argentina, dada su negativa experiencia con el Tribunal Arbitral de 1977 como casus belli.

Como última alternativa ante el peligro inminente de la guerra, el ministro chileno propuso buscar una mediación, la que fue aceptada en principio por su par argentino. Se acordó reunirse en la capital federal argentina el 12 de diciembre de 1978.

En la reunión del día 12 se llegó rápidamente al acuerdo de solicitar la mediación papal, pero en la tarde, cuando los diplomáticos chilenos preparaban el documento de acuerdo, el canciller argentino Carlos Pastor llamó a Hernán Cubillos para comunicarle que la junta de gobierno había revocado la aceptación dada por el presidente de facto Jorge Videla.​ En esas circunstancias se llegó al 22 de diciembre de 1978, el día en que la Argentina tenía previsto ocupar las islas. Ese día en la mañana, el papa Juan Pablo II comunicó directamente a ambos gobiernos que enviaba a su representante personal en una misión de buenos oficios.

El papa, alertado por las iglesias de ambos países y por los Estados Unidos sobre la inminencia de la guerra, se había comprometido a ayudar.

La búsqueda del mediador

En la elección del mediador se conjugaban los temas a quién elegir, qué mediar y cómo mediar. Chile buscaba darle a la mediación un aspecto más formal y legal para aprovechar el respaldo del Laudo Arbitral de 1977, en cambio la Argentina prefería una instancia más política en que pudiera hacer valer su mayor poderío militar.

Para Chile el mediador debía tener la capacidad de presionar a la Argentina para impedirle desconocer otra vez la mediación y comenzar una guerra. Para la Argentina el mediador debía ser neutral, es decir no debía basarse en Laudo Arbitral de 1977, y considerar sólo los temas entregados a mediación. Para la Argentina, la lista de posibles mediadores incluía a Henry Kissinger, el rey de España, el papa Juan Pablo II y el secretario general de las Naciones Unidas Kurt Waldheim.

Ni Chile ni la Argentina consideraron a los Estados Unidos como un mediador potencial en el litigio. Para Chile, el país del norte carecía de la capacidad para obligar a la Argentina a cumplir el acuerdo de la mediación. Bajo capacidad se entendía no sólo el poder material sino también la decisión de hacerlo cumplir. 

Francisco Orrego V., un prominente miembro del equipo negociador chileno y Dante Caputo, ministro de relaciones exteriores de Argentina durante la fase final de las negociaciones, consideran que ningún país podría dar la seguridad de que la Argentina respetaría lo acordado en la mediación.
El papa era, para Chile, el único mediador confiable ya que su peso moral impediría al gobierno argentino desconocer un potencial acuerdo o iniciar una guerra.

Ese año ocuparon el puesto de papa Pablo VI, Juan Pablo I (sólo por unas semanas) y Juan Pablo II quien se comprometió a ayudar. La rápida secuencia de los sucesores de San Pedro dificultó los esfuerzos por lograr la mediación.

El mediador del Papa

El papa Juan Pablo II nombró al cardenal italiano Antonio Samorè de 73 años de edad, como responsable de sus buenos oficios. La larga experiencia de la Iglesia católica en el campo diplomático ayudó al cardenal Samorè a llevar las negociaciones a buen puerto. Para ello:

Separó cada una de pretensiones y problemas que las partes tenían, esto es:

1. Dejó de lado el problema del Estrecho de Magallanes
2. Dejó de lado el problema de la Antártida
3. Resolvió aparte el problema suscitado por la renuncia argentina al tratado con Chile para la solución de controversias que hubiese obligado a Chile a llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia
4. Separó las pretensiones territoriales de las marítimas

Dado que su misión no debía responder a contingencias políticas, como en el caso del gobierno de un estado nacional que debe atender factores internos, el mediador pudo esperar hasta que cambiasen las condiciones políticas en la Argentina.

El mediador se entrevistó repetidamente en forma separada con los equipos mediadores a los que consultó intensivamente sobre sus pretensiones, argumentos y posibilidades de ceder en sus apuestas. Sólo rara vez se hicieron reuniones conjuntas.

Las negociaciones se realizaron en la Casita de Pío IV, la sede construida en el siglo XVII que alberga desde entonces la Pontificia Academia de las Ciencias.

El enviado papal se esforzó en todo momento por guardar una estricta neutralidad ante ambas partes. El entonces ministro de relaciones exteriores de Chile, Hernán Cubillos, indicó que no hubo temas relevantes de negociación tras su primer encuentro en Chile con el enviado papal, pero a pesar de eso, el enviado papal siempre mantuvo reuniones de igual lapso de tiempo a ambos lados de la frontera.

Eso no impidió que sectores de la sociedad argentina insatisfechos con el curso de la negociación pidieran el cambio 

Los cuatro períodos de la mediación

En la mediación se distinguen 4 fases diferentes:

• Desde la llegada a Buenos Aires del cardenal Samorè, el 25 de diciembre de 1978, hasta la firma del Acta de Montevideo. En esa fase se debió prevenir la guerra. En este caso el mediador no dejó de lado el peligro del estallido de una guerra. Pero sólo cuando ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre la mediación y estaban dispuestas a firmarla en Montevideo, Samorè impuso un párrafo que comprometiese a ambas partes a desistir del uso o amenaza de la fuerza, a no crear situaciones de riesgo para la paz y volver al status quo militar del año 1977.
  
• Desde mayo de 1979, con la llegada de ambas delegaciones a Roma hasta diciembre de 1980, cuando el papa presentó su propuesta.
• Desde principios de 1981 hasta el retorno de la Argentina a la democracia en 1983. Durante este período las negociaciones se estancaron.
• Desde que Raúl Alfonsín asumió el poder hasta la firma del Tratado de 1984

El Acta de Montevideo

En Montevideo, el 8 de enero de 1979 se firmó el Acta de Montevideo que fijaba de forma bastante flexible el marco de la mediación. Ambos gobiernos se comprometieron a no hacer uso de la fuerza, retornar al statu quo militar de comienzos de 1977 y a abstenerse de tomar medidas que turbasen la armonía entre las dos naciones.

No existen en el Acta de Montevideo claras reglas a las que deba atenerse el mediador.

La delegación chilena enviada a Roma estuvo compuesta por:

• Enrique Bernstein​
  
• Francisco Orrego Vicuña​
• Julio Philippi​
• Ernesto Videla​
• Santiago Benadava​
• Helmut Brunner​
• Patricio Prieto​
• Patricio Pozo​
• Fernando Pérez Egert​
• Maximiliano Jarpa​
• Milenko Skoknic
• Osvaldo Muñoz​

La delegación argentina enviada a Roma estuvo compuesta por:

• General (R) Ricardo Etcheverry Boneo
  
• Marcelo Delpech
• Guillermo Moncayo
• Carlos Ortiz de Rozas
• Guillermo Moncayo
• Hugo Gobbi
• Susana Ruiz

La propuesta papal de 1980

El 12 de diciembre de 1980 el papa recibió a ambas delegaciones para comunicarles su primera propuesta, la que había sido desarrollada en el más entero secreto. El contenido de la propuesta debía permanecer confidencial hasta la aprobación por ambos gobiernos, pero el diario "La Nación" de Buenos Aires lo publicó el 22 de agosto de 1981. Ambos gobiernos debían dar a conocer su respuesta antes del 8 de enero de 1981.

La propuesta entregaba a Chile todas las islas en litigio, pero la Argentina obtendría limitados derechos a instalaciones en las islas y recibiría amplios derechos de navegación en la zona. La zona de aguas interiores chilenas sería muy reducida y debería ceder a la Argentina derechos de explotación económica, investigación científica y de manejo medioambiental. La mayor parte del territorio marítimo en disputa sería argentino, pero la Argentina debería ceder en él a Chile los mismos derechos que habría de recibir en el mar de jurisdicción chilena.

El 25 de diciembre de 1980, Chile, a pesar de algunas reservas, aceptó la propuesta. La Argentina nunca rechazó formalmente la propuesta y sólo emitió una nota el 25 de marzo de 1981, dos meses después del plazo dado por el papa Juan Pablo II, dirigida a la Santa Sede expresando su descontento porque no entregaba islas a la Argentina y permitía una profunda presencia chilena en el Atlántico.

No quedó claro cual era el motivo de una propuesta que sería rechazada por la Argentina. Algunos observadores creen que el cardenal Samorè preparó la propuesta bajo la presunción equivocada de que era aceptable para la Argentina basándose en comunicaciones del equipo argentino. También es posible que la propuesta sólo haya tenido el objetivo de preparar a los sectores duros del régimen argentino para otra propuesta posterior. En todo caso sirvió para impedir la guerra, mantener la estabilidad en la región y esperar hasta que las condiciones políticas en alguno de los dos países cambiasen.

La presidencia de Viola y Galtieri en la Argentina

Tras el rechazo argentino a la propuesta papal del 12 de diciembre de 1980, la situación se volvió a obscurecer.

Desde el 29 de marzo de 1981 hasta el 11 de diciembre de 1981 asumió el poder en la Argentina Roberto Viola, pero no logró imponerse a los sectores duros de las fuerzas armadas argentinas, sin consultar​ con el mando político, el Ejército Argentino detuvo a una supuesta red chilena de espionaje. La medida tuvo repercusión en Chile, donde se detuvo a dos supuestos espías argentinos. En una escalación de la tensión, el 28 de abril de 1981 el general Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante en jefe del ejército argentino, cerró la frontera con Chile, de norte a sur, sin consultar al presidente, Roberto Viola, ni aviso a las otras ramas de las fuerzas armadas.

El 22 de diciembre de 1981 asumió el poder en la Argentina Leopoldo Fortunato Galtieri, hasta entonces jefe del ejército y uno de los halcones del grupo de los duros en las fuerzas armadas argentinas.

El nuevo gobierno argentino denunció en enero de 1982 el Tratado de Solución Judicial de Controversias firmado con Chile en 1972, que permitía a cada uno de los países acceder a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en caso de litigios, una opción que guardaba Chile como instancia última. El Laudo Arbitral de 1977, favorable a Chile, sustentaba acciones en el terreno del derecho internacional, si bien serían sólo simbólicas ya que, como se ha dicho antes, la Argentina consideraba tal paso una causa para iniciar la guerra. El término del tratado significaba en la práctica que la fecha final para acudir a la CIJ era antes de fines de ese año 1982 y que Chile debía decidir entre seguir con la mediación o acudir al derecho internacional.

El 19 de febrero de 1982, seis semanas antes del comienzo de la Guerra de las Malvinas el remolcador argentino ARA Gurruchaga ancló por tres días en la Isla Deceit a pesar de las protestas chilenas y violando el Acta de Montevideo que exigía sustraerse de realizar actos que pertubasen la armonía entre ambas naciones.​

Todos estos obstáculos debieron ser eliminados o por lo menos aligerados por el cardenal Antonio Samoré para poder mantener siquiera la apariencia de negociaciones en curso. En los hechos no hubo avance oficial en las negociaciones, en parte porque Chile no quiso aceptar ceder en lo que ya había aceptado (la propuesta de 1980).

El 2 de abril de 1982 el gobierno de Galtieri ordenó el desembarco de fuerzas argentinas en las Islas Malvinas.

Tras la Guerra de las Malvinas

La debacle argentina causó la caída del gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri y su reemplazo por el general (R) Reynaldo Benito Bignone (desde el 22 de julio de 1982) quien gobernó sólo con el apoyo del ejército. La derrota, el desprestigio de la cúpula militar, la falta de apoyo siquiera entre las fuerzas armadas y la brevedad de su presidencia impidieron avances en esta etapa de las negociaciones con excepción de la prórroga del Tratado de Solución Judicial de Controversias de 1972, acordada el 15 de septiembre de 1982. La prórroga era sólo para temas de la mediación papal y se podía recurrir a ella sólo después que el papa hubiere declarado finalizada la mediación y por un plazo máximo de seis meses.

El cardenal Antonio Samorè falleció a los 77 años el 4 de febrero de 1983 y su cargo lo tomó el cardenal Agostino Cassaroli, secretario de Estado de la Santa Sede, cargo equivalente al de ministro de relaciones exteriores. Su cargo como autoridad más poderosa cercana al papa, le otorgaba un margen de maniobra que Samorè no había tenido.

En julio de 1983, Santiago Benadava, figura clave en la delegación chilena, se encontró en La Haya con Julio Barbieri, embajador argentino en los Países Bajos, durante una visita por asuntos ajenos a las negociaciones. Conversando sobre el tema del Beagle lograron encontrar ciertas coincidencias que comunicaron a sus respectivos gobiernos de los cuales obtuvieron la aprobación para continuar explorando ese camino con el apoyo del mediador. La alternativa se basaba en una renuncia argentina a las islas y a las instalaciones que la propuesta de 1980 le otorgaba y Chile renunciaba al derecho de uso de las aguas argentinas y aceptaba sólo una pequeña franja de aguas territoriales en torno a las islas.

El retorno a la democracia en la Argentina

El 10 de diciembre de 1983 asumió el poder Raúl Ricardo Alfonsín y uno de sus principales objetivos fue reinsertar nuevamente a la Argentina en el concierto de naciones. Para ello buscó una solución pronta al problema del Beagle. Las negociaciones se agilizaron de tal manera que, cambiando el método usado hasta entonces, las negociaciones entre Ernesto Videla y Marcelo Delpech, jefes de delegación de Chile y la Argentina respectivamente, se realizaron más en Sudamérica que en Roma.

Basado en propuestas de ambos gobiernos el cardenal Agostino Casaroli presentó el 11 de junio de 1984 la última propuesta papal de la mediación, no sin antes aclarar que un rechazo de la propuesta significaría para el papa el término infructuoso de la mediación. Ambas partes aceptaron la propuesta, en principio.

El 29 de noviembre de 1984 fue firmado en Roma el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile por los respectivos ministros de relaciones exteriores Jaime del Valle de Chile y Dante Caputo de la Argentina.

Factores clave del éxito de las negociaciones

La situación política interna de la Argentina fue sin duda el factor más determinante en las negociaciones. Los militares que gobernaron el país durante la mayor parte de la mediación estaban divididos entre duros y blandos. Su accionar estaba restringido por el temor a ser reemplazados si hacían concesiones "vergonzosas" a Chile.

Este ambiente cambió radicalmente tras la derrota en las Malvinas y el subsecuente retorno a la democracia. Delpech considera que antes del gobierno de Alfonsín una solución al conflicto era improbable.4​ Para Alfonsín era una meta primordial recuperar las relaciones exteriores del fracaso en que las había dejado el Proceso de reorganización nacional.

La elección del mediador fue óptima, pues cumplió al máximo lo que se podía en aquel momento: impedir la guerra, mantener la estabilidad en la región, resolver los conflictos que aparecían y mantener un diálogo entre las partes.

Ello se logró gracias a la paciencia del mediador que no esperaba réditos ni inmediatos ni propios y también a su autoridad moral, que impidió a la junta militar argentina comenzar una guerra tras el rechazo a la propuesta papal de 1980.