Desde el gobierno, Rivadavia apremió para que se fijase la forma de gobierno y se acelerase el estudio de la Constitución nacional por la cual han de regirse los pueblos. De las respuestas dadas a la consulta sobre el primer punto, cuatro lo hicieron en favor de la forma federal, tres por la unitaria y dos se manifestaron neutrales.
Mientras se esperaban las respuestas de las provincias que no habían respondido, se puso a estudio el proyecto de Constitución. Los diputados por Buenos Aires, Vicente López, Marcos y Juan Ramón Balcarce, renunciaron a la diputación.
Córdoba, por su posición geográfica, por su riqueza, por las cifras de su población, adquirió autoridad en el orden nacional y sería en lo sucesivo un factor de importancia, tanto si se declaraba federal con Bustos o unitaria con José María Paz, hasta que su influencia fue anulada y absorbida por Buenos Aires y su gobernador Juan Manuel de Rosas. En abril de 1826, su legislatura acordó no reconocer al presidente de la Nación en su carácter firme, por hallarse las provincias en estado federal de hecho y de derecho y no haberse dictado todavía la Constitución que debe fijar la forma de gobierno.
Córdoba declaró viciadas todas las leyes que promulgase el Congreso y rechazó tanto la ley del ejecutivo permanente como la ley capital; acabó por remover a sus diputados Bedoya, Maldonado, Bulnes, Portillo y Villanueva, acusados de haber transgredido su mandato.
De ese modo encabezó Córdoba un movimiento de hostilidad al Congreso nacional y a la presidencia de la Nación, movimiento que repercutió pronto en las demás provincias y que terminó desmoronando poco después todo el andamiaje elaborado por los unitarios, reacios a considerar la verdadera situación del país.
Manuel Dorrego se había incorporado al Congreso el 22 de mayo de 1826, como diputado por Santiago del Estero; reforzó la actuación de Manuel Moreno y asumió virtualmente la dirección del sector federalista. Dorrego había pedido al gobernador Ibarra desde Chuquisaca que lo enviase al Congreso por su provincia para derribar al presidente. Ibarra ha sido descripto como un caudillo ignorante, sin más norte que perpetuarse en el poder.
Por 33 votos contra 15 se resolvió en el Congreso acelerar la sanción de la Constitución, autorizando a la comisión de negocios constitucionales a redactar un proyecto sobre la base de un gobierno representativo republicano, consolidado en unidad de régimen.
La lucha entre federales y unitarios se vuelve enconada; los defensores de la unidad chocan en todos los puntos con los de la federación. Galisteo, de Santa Fe, anuncia que era muy probable que su provincia, y otras, no acepten la Constitución bajo otra forma que la federal, y entonces ocurriría un trastorno y disolución como en el período en que fue rechazada la Constitución de 1819.
Juan José Paso, que se declaró partidario del sistema de unidad, reconoció sin embargo las dificultades y obstrucciones que se oponían al establecimiento de una Constitución estructurada bajo el sistema unitario, y previó una posible resistencia de las provincias, como se había visto ya en Córdoba. Era de opinión que lo mejor sería tratar con las provincias amistosamente antes de imponerles la carta constitucional por la fuerza.
Al votar la forma de gobierno, se hizo patente el predominio del sector unitario, pero el federalista era también fuerte y de gravitación innegable en la mayoría de las provincias. La minoría culta era realmente la unitaria; pero las autonomías provinciales eran algo arraigado y vivo y sus intérpretes no podían ser desconocidos ni borrados arbitrariamente. Los Dorrego, Heredia, Bustos, López, Ibarra, Aldao, Rosas, con base sólida en el interior y en la provincia de Buenos Aires, eran factores ponderables y el gran número, por diversas razones de comprensión y de interés, se asociará con ellos y desconocerá el valer de los ideólogos de formación europea y de cultura progresista.