Antecedentes

Primeros años

El vicepresidente Victorino de la Plaza, que asumió la presidencia en 1914, había nacido en el Valle de Lerma, Salta, el 2 de noviembre de 1840 y fue uno de los jóvenes que acudió a Concepción del Uruguay, respondiendo al llamado de Urquiza, para continuar su preparación y sus estudios en el histórico Colegio, donde tuvo por condiscípulos a hombres que habían de desempeñar un papel distinguido en la política, las letras y las armas.

Hijo de una antigua familia salteña, sus bienes de fortuna eran escasos y tuvo que hallar medios de trabajo para poder continuar sus estudios. A fines de 1861 fue designado por el ministro de gobierno de Entre Ríos, Luis José de la Peña, escribano público y de número, en Concepción del Uruguay; al terminar en 1862 su ciclo secundario en el colegio de Urquiza, se trasladó a Buenos Aires para proseguir los estudios superiores. Ingresó en la facultad de derecho y se encontró allí con un notable elenco de la juventud porteña, en el que figuraban Aristóbulo del Valle, Pedro Goyena, Cambaceres, Bonifacio Lastra, José Antonio Terry, Carlos Pellegrini, Mariano Demaría, etc.

Actividad con Vélez Sarsfield.

En 1865 interrumpió sus estudios para incorporarse a uno de los primeros batallones de la guardia nacional que partieron para la guerra del Paraguay. La vida y las fatigas de la campaña quebrantaron su salud y regresó a Buenos Aires a fines de 1866 para reponerse, ostentando ya el grado de capitán ayudante de un cuerpo de artillería.

Se disponía a volver a ocupar su puesto en la guerra, restablecido, cuando el doctor Vélez Sarsfield lo llamó a su lado para que le ayudase en sus tareas, en calidad de secretario, mientras llevaba a cabo la tarea monumental del código civil. 

Cuando Vélez Sarsfield, ministro del interior de Sarmiento, fue designado en 1868 comisionado nacional en Corrientes, para pacificar la provincia convulsionada por el coronel Cáceres y lograr un entendimiento entre Urquiza y el nuevo presidente de la República, Victorino de la Plaza le acompañó como secretario y fue su colaborador de confianza. 

Entretanto no abandonó sus estudios, sino que los prosiguió y pudo graduarse de doctor en jurisprudencia en 1869 y comenzó su actividad profesional en el foro sin desligarse del bufete de Vélez Sarsfield.

No tardó en adquirir notoriedad como estudioso y como hombre capaz. Reemplazó a Pedro Goyena en el colegio nacional como profesor de filosofía; luego fue nombrado, juntamente con el constitucionalista Florentino González, redactor del proyecto de ley para la organización del juicio por jurados y para el de los procedimientos criminales.

 Colaboró con José María Rosa en el proyecto de ley de organización de los tribunales y de los procedimientos civiles.

El Congreso autorizó al poder ejecutivo para que remunerase a los autores de esos trabajos, pero Victorino de la Plaza rehusó toda gratificación, diciendo que no había hecho más que cumplir con su deber y devolver a la Nación lo que había obtenido en la universidad.

Sarmiento lo nombró, en las postrimerías de su período presidencial, procurador del Tesoro, a cuyo cargo había renunciado José Evaristo Uriburu.

Ministro de Avellaneda

Fueron difíciles los tiempos de Avellaneda, especialmente en el año 1876, que conoció una gravísima crisis, con el crédito agotado y el tesoro exhausto.

Muchos factores habían contribuido a esa situación extrema: luchas civiles como la de Entre Ríos, las epidemias de cólera y fiebre amarilla, y empresas militares sumamente costosas.

Diversos ministros ensayaron sus soluciones en el ramo de hacienda, Santiago Cortínez, organizador de la contaduría nacional, fracasó en el ministerio; se llamó a Lucas González, que había sido varios años ministro de hacienda en el gabinete de Mitre y que había adquirido méritos y fama en sus gestiones; como no lograse poner dique a la crisis, se recurrió a otro ex ministro, Norberto de la Riestra, afamado como financista.

Tampoco éste logró resultados apreciables con sus medidas y dimitió el cargo. Avellaneda pensó en Victorino de la Plaza, que había sido su alumno en la cátedra de economía política en la universidad y que reveló una gran capacidad en materia financiera como procurador del Tesoro y por trabajos divulgados por la prensa. La crisis política y económica, definida como una de las más intensas que había sufrido el país en plena reconstrucción, había comenzado ya en 1873; siguió en aumento en los años sucesivos, y el Banco Nacional sufrió sus efectos. En 1876 la situación de la institución llegó a un extremo de precariedad y estuvo a punto de desaparecer.

"El curso forzoso de los billetes del Banco de la Provincia, establecido en mayo por el poder ejecutivo y la legislatura de Buenos Aires —escribió Norberto Piñero en su obra sobre la moneda, el crédito y los Bancos— repercutió hondamente en él. Los tenedores de billetes y sus depositantes se presentaron tumultuariamente a exigirle la conversión y la entrega de sus depósitos. No obstante su carácter nacional y sus privilegios, carecía de recursos y de medios para afrontar las graves dificultades que le asediaban".

Fracasados todos los recursos para contener el derrumbe, fue llamado Victorino de la Plaza, hombre nuevo, y a casi todos pareció imposible que pudiese triunfar donde había fracasado Norberto de la Riestra.

Los hechos demostraron que la elección de Avellaneda había sido acertada y a los pocos meses se vio restablecido el equilibrio del tesoro público, saneadas las finanzas nacionales y robustecido el crédito argentino en el exterior. Puso en práctica el método de las estadísticas, de los cuadros comparativos, de las planillas, resúmenes, etc.

Fijó el valor de todas las monedas extranjeras que tenían circulación en el país e impuso normas nuevas en la organización administrativa de las finanzas y en la actividad bancaria. En 1877 renunció al ministerio, pero Avellaneda logro que desistiera de ese propósito en una carta que se hizo pública y que decía entre otras cosas que no podía aceptar la renuncia y que se la devolvía. "Necesito retenerlo en su difícil puesto, no por un interés egoísta de amistad, sino consultando los más graves intereses públicos y los invoco para mover su patriotismo ... Usted ha necesitado la mayor consagración para sacar nuestra situación de los males que la afectaban durante la crisis, empezando por afrontarlos valerosamente ... Lo ejecutado es ya mucho, pero no es todo. . Su puesto está en el ministerio de hacienda, del que no ha salido usted nunca, sino para pedirnos a los demás del gobierno que le hiciésemos buena política, para que pudiera usted hacernos, en cambio, buenas finanzas".

De la intervención en Corrientes al gabinete de Roca.

En 1878 hubo un levantamiento revolucionario en Corrientes y Victorino de la Plaza fue designado interventor sin renunciar a la cartera de hacienda en el gabinete. Puso en práctica en la provincia intervenida una política de conciliación y concordia y logró apaciguar los espíritus. 

Regresó a Buenos Aires y continuó en el ministerio hasta mayo de 1881, año en que renunció para ingresar en la Cámara de diputados, electo por su provincia.

Fue durante seis años diputado y tuvo destacada participación en el Congreso de Belgrano, que resolvió la federalización de la ciudad de Buenos Aires. En numerosas ocasiones fue miembro informante de la comisión de hacienda y fue autor de proyectos de ley importantes, entre ellos el que creó el sistema monetario de la República, convertido en ley y promulgado por el presidente Roca en noviembre de 1881.

En febrero de 1882, mientras ocupaba su banca en el Congreso, le fue ofrecida la cartera de relaciones exteriores en el gabinete de Roca y desde tal función intervino en el canje de la convención telegráfica con el Uruguay y Bolivia, en el tratado de extradición con España, en las negociaciones con el Brasil a raíz de la federalización de Misiones, que dio origen a una protesta del Imperio.

En una reorganización del gabinete, en octubre de 1883, dejó la cartera de relaciones exteriores para volver a la de hacienda, donde tuvo ocasión de mostrar nuevamente su pericia hasta marzo de 1885 en que dimitió el cargo por discrepancia con el presidente en la aplicación de algunas medidas financieras.

En 1884 hubo una gran perturbación en los cambios internacionales y se alteró en perjuicio del país el equilibrio en el balance de créditos y deudas, con extraordinaria demanda de letras para el exterior: se debió esa situación a la excesiva importación de mercancías, a especulaciones y a emisiones de fondos para obras públicas, a las inversiones desmedidas de dinero en esas obras y en establecimientos fabriles y agrícolas. 

El Banco Nacional y el de la Provincia, con intervención del ministro Victorino de la Plaza, se pusieron de acuerdo sobre el modo de atender la demanda de giros; en junio el Banco de la Provincia suspendió ese servicio y cerró la oficina correspondiente; el Banco Nacional continuó atendiendo la demanda. El Banco Nacional y los demás bancos emisores tuvieron en ciertos momentos que suspender la conversión de sus billetes; la inconversión fue una exigencia ineludible y el poder ejecutivo se vió obligado a decretarla y a establecer el curso legal de los billetes en enero de 1885.

Permanencia en Europa.

 Su nombre trascendió de las esferas de gobierno a núcleos populares importantes y en la campaña presidencial de 1885 se auspició su candidatura por sectores de opinión que valoraban sus méritos, pero él prefirió mantenerse alejado de los cargos públicos y se dedicó a la banca y a los negocios privados. 

Pero producida la crisis de 1890, y llegado Pellegrini a la presidencia, le encomendó un viaje a Londres para obtener un arreglo de la deuda externa. Afamado como financista, su buen tacto para llevar adelante la negociación aseguro el éxito de la misión de que se había encargado, una vez cumplida su tarea, quiso conocer en Europa, por observación directa, las prácticas administrativas y económicas de Inglaterra y otros países europeos y se radicó en Londres. 

Realizó luego visitas periódicas a Buenos Aires y dictó conferencias memorables sobre temas de interés nacional. En octubre de 1903 dio en el teatro Odeón una conferencia titulada Estudio sobre la situación política, económica y constitucional de la República Argentina, que se editó en un libro el mismo año, en el que exalta el sistema republicano , representativo, la democracia, la libertad, y en donde

combate la inercia, el descreimiento, la indiferencia con que las masas populares asistían a la contienda electoral próxima. "Un pueblo sensato no puede propender a su propio anonadamiento por la voluntaria y degradante abdicación de sus derechos, ni tampoco por languidez e ineptitud en su ignominia, aviniéndose a que se le deprima y despoje de sus guardias, se le arranque su soberbia, y se le someta a la humillación de que sus propios mandatarios, sea bajo la vanidad de patriciado, o de la ridícula pretensión de oligarquía, unicato, dictadura, o autocracia, se impongan como señores de sus propios mandantes".

Denunciaba altamente que "las funciones de la democracia vienen pasando entre nosotros, desde algún tiempo a esta parte, por un lamentable eclipse, en el que la comunidad política de la Nación aparece supeditada, deprimida y enteramente desviada del camino que el decoro y el patriotismo señalan".

En el gabinete de Figueroa Alcorta.

A fines de 1907 regresó  al país después de muchos años de ausencia y su nombre no había sido olvidado y en 1908 el presidente Figueroa Alcorta le confió el ministerio de relaciones exteriores y culto, para allanar las quejas y reclamaciones a que había dado lugar la actitud de Estanislao S. Zeballos al frente de la cancillería. Propuso su nombramiento Francisco Castañeda Vega y le tocó intervenir en la ruptura de las relaciones con Bolivia, que desconoció el laudo arbitral del gobierno argentino en el litigio fronterizo con Perú; en la organización del cuarto congreso panamericano que se reunió en Buenos Aires en 1910 aprovechando los festejos del Centenario; en la recepción y agasajo de los embajadores, extranjeros que llegaron al país en ese año; en el convenio de arbitraje con los Estados Unidos; en el protocolo con el Uruguay sobre navegación y uso de las aguas jurisdiccionales, etc. 

El protocolo argentino-uruguayo del 5 de enero de 1910 estableció un statu quo en esta forma: 

"La navegación y el uso de las aguas del río de la Plata continuarán sin alteración como hasta el presente y cualquier diferencia que con ese motivo pudiese surgir será allanada y resuelta con el mismo espíritu de cordialidad y armonía que han existido siempre entre ambos países". 

Dejó sin resolver la cuestión de la jurisdicción, pues el protocolo sólo trata de la navegación y uso de las aguas, pero esa solución es sin duda superior al arbitraje; entre hermanos no cabe el arbitraje.