El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas.
Luis Benito Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización un conjunto con los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina.
Su gobierno de facto estuvo teñido por las persecuciones al peronismo, que sin ser tan acentuado como el que le siguió con Aramburu, ponía en evidencia su debilidad para controlar a los sectores más antiperonistas que se lanzaron a ocupar espacios en todos los niveles, ingresando a punta de pistola en locales partidarios, sindicatos y universidades.
Además se procedió en encarcelar e interrogar a miles de dirigentes peronistas y sindicales, mientras sus hogares eran allanados. La hija del general Lonardi señala al coronel Carlos Eugenio Moori Koenig como el cabecilla de los comandos civiles que actuaron como fuerza parapolicial organizada, en todos los ataques sufridos por locales peronistas y sindicatos, La familia de Evita fue perseguida y los Duarte se exiliaron en Chile y regresaron recién en 1962.
El dictador Eduardo Lonardi nombró a Luis B. Cerruti Costa como Ministro de Trabajo en septiembre de 1955, tras el golpe de estado que derrocó a Perón; en un gabinete que procuraba un equilibrio entre liberales y nacionalistas, Cerutti era uno de los más destacados miembros de este último grupo. Los continuos choques entre liberales y nacionalistas terminaron, en el mes de diciembre, con la renuncia de Lonardi. Durante su gestión los grupos de choque denominados Comandos Civiles habían ocupado por la fuerza una cantidad considerable de locales sindicales. Entre ellos se encontraban los locales de la Asociación Bancaria, la Federación Gráfica, La Confederación de Empleados de Comercio, la Fraternidad, el SUPE, la Unión Ferroviaria, entre otros, provistos con armas de la Marina.
Después de setiembre de 1955 se procede a la expulsión de los empleados identificados con el peronismo. La Asociación Bancaria fue intervenida y puesta bajo la dirección de César Gonzalez. Fue una de las tantas intervenciones de facto realizadas por los comandos antiperonistas munidos de armas largas. El asalto tuvo lugar el 4 de octubre. Empleados de distintas extracciones organizaron una asamblea de 1957 a la que asistieron más de mil personas. Visto el poder de la convocatoria decidieron tomar la sede de la Asociación Bancaria, expulsar a la intervención y designar una Mesa Coordinadora. La dictadura militar había decretado un aumento salarial para los bancarios, pero el proceso inflacionario de una tasa anual superior al 25% fue erosionando la capacidad de compra.
La Confederación General Económica (CGE) fue intervenida por el dictador Lonardi. Fue declarada ilegal e intervenida militarmente. Para el 30 de septiembre de 1955, se había ocupado numerosos sindicatos, como la Federación Gráfica, la Unión Ferroviaria, la UTA, la Asociación Bancaria, el SUPA (portuarios), entre otros. Frente a la inacción del gobierno para frenar estas ocupaciones ilegales por parte de comandos armados, la CGT pidió una reunión de urgencia con Lonardi.
Lonardi sería acusado por limitar la libertad de prensa, condenado la imposición de la uniformidad de la prensa, agravado por la presencia de «veedores» en algunos de ellos, negándose por su conducto todo principio de libertad aplicado a la prensa. También habilitó la prohibición explícita e implícita de determinadas informaciones es una consecuencia natural aunque vergonzosa de la intervención de las empresas.55, el dirigente radical Carlos Walter Perkins, colaborador civil de Lonardi declaró: «A todos los que atacan una revolución que ha venido a restablecer la libertad de palabra, yo les cortaría la lengua»