En la madrugada del 4 de febrero de 1905 se produjo en la Capital Federal, en Mendoza, Córdoba y Santa Fe, el alzamiento armado que se venía preparando, casi con la misma bandera que en 1890 y en 1893; tuvo focos casi exclusivamente militares: en Campo de Mayo, en Bahía Blanca, en las capitales de las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, unidades militares se plegaron al movimiento.
Fue una de las rebeliones más importantes que sufrió la República, por el número de militares comprometidos, las fuerzas vinculadas y la extensión del movimiento. Se había trabajado con mucho sigilo, pero, a pesar de eso, el gobierno estaba avisado de la situación.
En la Capital Federal, las medidas represivas sofocaron en sus comienzos al movimiento. Los revolucionarios fallaron al no poder asegurar el control del arsenal de guerra de Buenos Aires cuando el general Carlos Smith, jefe del Estado Mayor del Ejército desplazó a los soldados yrigoyenistas. Las tropas leales y la policía recuperaron pronto las comisarías tomadas por sorpresa y los cantones revolucionarios.
En Córdoba los revolucionarios toman prisioneros al vicepresidente José Figueroa Alcorta a quien obligaron a tener una conferencia telegráfica con el presidente Manuel Quintana, solicitándole la renuncia a cambio de su vida, sin embargo el Presidente no cedió y la amenaza no fue ejecutada. En la misma redada intentaron detener al expresidente Julio Argentino Roca, quien - avisado de esta circunstancia - logró escapar a Santiago del Estero. En cambio, fueron detenidos su hijo, el diputado Julio Argentino Pascual Roca, y Francisco Julián Beazley, exjefe de policía de Buenos Aires, quien regresaba de actuar como interventor en San Luis.
En Mendoza los rebeldes se llevan 300 000 pesos del Banco de la Nación y atacan los cuarteles defendidos por el teniente Basilio Pertiné. Las tropas sublevadas en Bahía Blanca y otros lugares ni tuvieron perspectiva, ni hallaron eco en el pueblo.
Durante la revolución radical de 1905 se colocan ametralladoras en la explanada de la Casa Rosada, son colocadas por la marina y esta apuntando a la plaza Colón.
El Presidente Manuel Quintana empleó la misma táctica usada en 1893 para sofocar el movimiento radical; el estado de sitio se convirtió en ley marcial.
Solo provincia de Córdoba y Mendoza continuaron combatiendo hasta el 8 de febrero, sin embargo, las divisiones del ejército, leales al gobierno, vencen rápidamente a la revolución de acuerdo con las enérgicas y rápidas órdenes del presidente Quintana.
Después de los sucesos del mes de febrero, Quintana se dirigió al Congreso y dijo al respecto: «Al recibirme del gobierno conocía la conspiración que se tramaba en el ejército y por eso dirigí aquella incitación para se mantuviera extraño a las agitaciones de la política invocando al mismo tiempo el ejemplo de sus antepasados y la gloria de sus armas. Una parte de la oficialidad subalterno no quiso escucharme y ha preferido lanzarse a una aventura que no excusa la inexperiencia ante los deberes inflexibles del soldado».
El gobierno del presidente Manuel Quintana detuvo y mandó enjuiciar a los sublevados, que fueron condenados con penas de hasta 8 años de prisión y enviados al penal de Ushuaia.